La Liga LGBTIQ pidió la renuncia de Bullrich

(ADN).- La Liga LGBTIQ+ de las Provincias, manifestó su preocupación y enfático repudio a la resolución 1.149/2017 del Ministerio de Seguridad de la Nación, que crea un protocolo de registro y detención de personas que integran el colectivo. Exigió su inmediata derogación y la renuncia de Patricia Bullrich.

Desde el espacio, conformado por las organizaciones de diversidad y con trabajo en diversidad de las Provincias Argentinas, puntualizaron que, por medio de la resolución, se aprueba el “Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención para Personas Pertenecientes al Colectivo L.G.B.T.”, el “Acta de Detención y Notificación de Derechos” y las “Pautas Mínimas de Actuación para Registros Personales y Detención en la Vía Pública de Personas Pertenecientes al Colectivo L.G.B.T.”.

«Estos documentos presentan serios problemas», evaluaron. «Para empezar, la redacción es incorrecta, en tanto en determinadas partes del texto se utiliza la fórmula masculino/femenino, en otras palabras de género neutro, y en otras sólo el masculino. También es cierto que invisibiliza a otros sectores de la diversidad que no se identifican como Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (LGBT). Lo gravedad de esta medida reside sin embargo en su espíritu discriminatorio y violatorio de los Derechos Humanos».

Mediante un comunicado, la Liga expresó:

«En primer lugar, porque establece que la ejecución del registro y la detención de personas LGBT debe ser realizada en todos los casos por “personal femenino”. Esta decisión es cuestionable, en tanto no todas las personas LGBT se construyen desde el género femenino».

«En segundo lugar, porque establece que la ejecución de las requisas se realizará por personal del mismo género y frente a testigos del mismo género, sin contemplarse la vasta y compleja diversidad de géneros y las relaciones de poder que la atraviesan. Esta medida resulta aún más cuestionable ya que muchas personas trans –especialmente los varones trans- se sentirían violentadas frente a requisas llevadas a cabo por personal policial hétero-cisexual y frente a testigos hétero-cisexuales, aún cuando sean del mismo género. La clave debería ser la autonomía de la persona y el respeto irrestricto a su derecho a elegir el género del personal policial y de los testigos que intervengan en el procedimiento».

«En tercer lugar, la disposición del “registro de la persona sin vestimenta” por parte del Estado constituye un tipo de tortura (violencia sexual) y, por tanto, la violación de los Derechos Humanos de las personas LGBT, según la definición de “desnudez forzada” – con o sin orden judicial – de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo Castro Castro contra Perú (2006)».

«En cuarto lugar, la ambigüedad de la redacción habilita a que se inflija intencionalmente a las personas LGBT dolores y sufrimientos que no sean considerados “graves”, tanto físicos como mentales, para obtener información y/o una confesión».

«En quinto lugar, la Resolución resulta gravemente discriminatoria y violatoria de los Derechos Humanos en tanto sostiene un sesgo transversal en todo su texto, orientado a la detención de mujeres trans migrantes».

«Pero la gravedad de la Resolución 1.149/2017 no se limita a su contenido sino, fundamentalmente, al contexto de su publicación, marcado por:
-El desmantelamiento de los programas estatales por los que el movimiento LGBTIQ+ luchó durante décadas (Salud Sexual y Reproductiva, Educación Sexual Integral, VIH-SIDA, Violencia de Género, Trata de Personas).
-Una creciente ola de crímenes de odio contra la diversidad, particularmente travesticidios y transfemicidios.
-Una creciente ola de violencia institucional contra la diversidad, y particularmente contra las mujeres trans y las lesbianas, y también contra centros culturales y locales de esparcimiento comunitarios.
-Una creciente persecución policial contra las mujeres trans migrantes latinoamericanas, estigmatizadas y reprimidas bajo distintas figuras contempladas en la Ley 23.737 de Estupefacientes.
-Una creciente persecución política contra las mujeres y la diversidad, como queda de manifiesto en la privación ilegítima de la libertad de Milagro Sala y las amenazas y ataques a activistas LGBTIQ+.
-La renuncia de la Procuradora Gils Carbó –que impulsara la creación de programas y espacios institucionales en el Ministerio Público Fiscal para facilitar el acceso a la justicia a las mujeres y al diversidad– por presiones del Poder Ejecutivo Nacional.
-Una creciente represión de la protesta social, como pudo observarse con particular saña en las movilizaciones de Ni Una Menos y por Santiago Maldonado.

«Y, fundamentalmente, la lectura inevitable que surge teniendo en cuenta que la Resolución se publica a pocas semanas de las Marchas del Orgullo en todo el país (el próximo 11/11 marchamos en Córdoba, Mendoza y Paraná y el 18/11 en la CABA), casi como una amenaza oficial y un anuncio de la probable represión al movimiento LGBTIQ+ si no se disciplina y abandona su voz crítica contra las políticas del Gobierno Nacional encabezado por Mauricio Macri».

«Es este contexto el que le da sentido al texto de la Resolución, que es muy grave en sus objetivos mal disimulados y su pésima redacción, pero aún más grave como mensaje estatal hacia la comunidad y el movimiento LGBTIQ+. Razones por la cual exigimos su derogación y la rectificación del rumbo asumido por el Gobierno de Cambiemos en materia de política hacia la diversidad».