Conflicto Estado-Pueblos Originarios

(Por Oscar A. Muños*).- El 4 de octubre del corriente, tuve la oportunidad de leer una artículo de opinión escrito por el periodista Fabricio González titulado “La historia, si no es completa, es panfleto”. En dicho artículo, el periodista critica al historiador Ernesto Bohoslavsky a quien le cuestiona, básicamente, “ocultar hechos graves” en relación a la situación de los pueblos originarios, la que ha cobrado notoriedad pública desde la desaparición
forzada del ciudadano argentino Santiago Madonado.

Escamotear la realidad, dice el periodista, es esperable de la “fauna dirigencial” (“ya que todos han venido a buscar agua para su molino”), pero no para un historiador. Si se me permite una digresión, y si consideramos dirigentes también a los grandes empresarios y financistas, podemos coincidir que Joe Lewis, ciudadano del Reino Unido, no solo ha llevado agua para su molino, sino que literalmente se ha apoderado, entre otros “recursos”, del lago Escondido, enclavado en el Área Natural Protegida “Río Azul-Lago Escondido”, violando la Constitución Nacional y Provincial y desacatando lo ordenado por el Supremo Tribunal de Justicia que falló, en 2009, en favor de la apertura de los caminos públicos preexistentes que el magnate, en complicidad con el Estado provincial, se niega a habilitar.

No aspiro aquí, ni podría hacerlo, discurrir sobre qué es “la historia completa”, pero mucho menos aproximarme a considerar que la legitimidad o no del reclamo ancestral del pueblo mapuche-tehuelche, está sustentada en la cantidad de muertos y/o de hechos de violencia producidos de un lado y del otro, como piensa el periodista. Si fuera de esta manera, no resulta para nada complejo saber de qué lado hay más muertos, expulsados, explotados, torturados, etc. Acuerdo con la Dra. en Historia Pilar Pérez cuando dice: “…Queremos enfatizar la materialización
del sometimiento en sus diferentes niveles, empezando con la desestructuración de una sociedad, sus valores, sus
organizaciones políticas, pasando por los desmembramientos familiares (producto de las pérdidas, los muertos y las
deportaciones) hasta una expresión máxima de injerencia en la vida de las personas, como el control de la alimentación, reducida y racionada por el Estado…”.

Coincido con el periodista cuando afirma que hay que diferenciar un “reclamo justo, de uno violento y excesivo”.
Entiendo que al caracterizarlo de excesivo no se refiere a la duración del tiempo histórico de los reclamos, porque convendrá conmigo que los pueblos originarios llevan más de quinientos años de lucha y de resistencia. Como manifestó el Legislador Marcelo Mango en la última Sesión legislativa, “No muchas luchas tienen la convicción, la razón, la justicia, como para que a lo largo de 500 años mantengan la vigencia del reclamo por los derechos que les asiste”. En este sentido no debería inquietar, como al parecer le ocurre a ciertos sectores, que la “dirigencia
mapuche” reclame un Estado Plurinacional y el usufructo de la tierra, porque eso es lo que se les reconoce como derecho a partir de la reforma constitucional de 1.994 (Art. 75 inc. 17).

Es al revés de lo que opinan algunos (entre ellos el periodista Fabricio González); los pueblos originarios no desconocen la Constitución, sino que exigen que se cumpla lo que se ha consagrado en ella. Como si no alcanzara con la Constitución Nacional, el 13 de Setiembre de 2007 la 107 Sesión Plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que entre sus fundamentos deja sentada su preocupación “…por el hecho de que los pueblos indígenas han sufrido injusticias históricas como resultado, entre otras cosas, de la colonización y de haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos, lo que les ha impedido ejercer, en particular, su derecho al desarrollo de conformidad con sus propias necesidades e intereses,”. Además el Congreso de la Nación sancionó en 2006 la ley 26.160 que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas del país, suspende por cuatro años la ejecución de sentencias de desalojos y obliga a los Estados nacional y provinciales a realizar el relevamiento técnico, jurídico, catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por dichas comunidades. Esta ley fue prorrogada en dos oportunidades (Leyes 26.554 y 26.894), y parece que el Congreso Nacional se apresta a hacerlo por tercera vez, por el flagrante incumplimiento en que
incurrió tanto el Estados Nacional como los Estados provinciales. También está el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas, la Constitución Provincial (Art. 42), las Leyes provinciales 2287 (CODECI), 4275 (adhiere a la Ley 26.160, 4930 (adhiere a la Ley 26894 que prorroga el plazo establecido en las leyes nacionales No 26.160 y 26.554), solo por nombrar algunas.

Por eso estimo innecesario un análisis histórico amplio en torno a los derechos de los indígenas en particular. Ya lo hicieron con singular profundidad quienes los consagraron en leyes, convenciones y tratados. Lo que sí puedo inferir es que existe un hilo conductor en todo el plexo legal vigente, y es que la reparación a que se obligan los Estados, es directamente proporcional al genocidio cometido contra los indígenas.

Me quedo con la frase de Nietzsche que postula “No hay hechos, solo interpretaciones”. Aunque las interpretaciones,
sobre todo en tiempos de “grieta” que se agrieta cada vez más, nunca son incoloras, inodoras e insípidas. Lo queramos o no, son las interpretaciones las que nos llevan a tomar decisiones y a adherir a tal o cual causa o proyecto de sociedad.

En el contexto histórico en que el Gobierno de la Alianza Cambiemos intenta construir un enemigo interno demonizando a los pueblos originarios como una de las acciones justificadoras del proyecto neoliberal que impulsa, o nos tornamos partícipes del fortalecimiento de una democracia que necesita un Estado en el que intervenga la política, el diálogo y el cumplimiento de lasleyes, o nos colocamos a las antípodas de que ello ocurra. O exigimos en todo texto y contexto “aparición con vida de Santiago Maldonado”, o quizás sin quererlo, abonamos al encubrimiento en que al parecer, está empeñado el gobierno del presidente Mauricio Macri.

*Vicepresidente 2do del Frente Grande Río Negro.