SITRAJUR: «El último privilegio de Baquero, 122% de jubilación»

Desde el sindicato de trabajadores judiciales de Río Negro manifestaron su «preocupación ante los fuertes rumores» que indican que el Gobernador le habría aceptado la renuncia a la procuradora General, Silvia Baquero Lazcano, «la cual podría redundar en una privilegiada jubilación del 122% de sus haberes».

En un comunicado de prensa, la Comisión Directiva recordó que Baquero tiene procesos penales pendientes ante las denuncias realizadas en su contra bajo la figura de abuso de poder, ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas por violación a la ley de ética pública, y el tratamiento del correspondiente juicio político en la sala acusadora de la Legislatura.

De la misma manera -agregaron desde el SITRAJUR- que «en la justicia algunos son más iguales que otros, existiendo jueces y funcionarios judiciales que recientemente fueron destituidos bajo los procesos vigentes». En ese sentido, denunciaron la «desigualdad» ante la ley por el tratamiento diferenciado en este caso, «sobre todo si dicho proceso puede culminar en un evidente privilegio».

Asimismo, señalaron que la «maniobra» le permitiría al Poder Ejecutivo provincial elegir al jefe/a del Ministerio Público «en un proceso de resguardo, ante la evidente fuga del poder político».

En consecuencia, expresaron que «a los judiciales no les cabe ninguna duda, que la apertura de dicha vacante, traerá como consecuencia la disputa para la elección de su reemplazo a la medida del Poder Ejecutivo provincial». «Desde el sindicato, como contrapartida, se reivindica la necesidad imperiosa de la democratizar la justicia tanto en el proceso de elección como de remoción de jueces con participación popular y de los trabajadores».

Por último, concluyeron: “Más temprano que tarde se constituirá un punto de inflexión dentro del Poder Judicial cuando la Procuradora General deje su cargo, consolidando una contundente victoria de los trabajadores judiciales producto de la movilización permanente contra la precarización laboral, el nepotismo y el rotundo fracaso de la reforma del Código Procesal Penal”.