Ministro Galli cada vez más cuestionado

ADN

(ADN).- El ministro de Desarrollo Social , Héctor Fabián Galli, nuevamente en el centro de las críticas. Recibió una nota (nº 28/17)del juez Enrique Mansilla, donde traslada el cuestionamiento de las juezas de Familia de Bariloche sobre la gestión del ministerio en esa región andina, que califican como “una situación sumamente preocupante en la localidad”.

A esto se suma, que precisamente de Bariloche surgen las mayores críticas a Desarrollo Social, en especial en el área que conduce Norma Gómez, con las metodologías de distribución de las ayudas sociales. También el fin de semana se conoció la respuesta que Galli le dio al intendente de Jacobacci, Carlos Toro, quien al solicitarle ayuda por las fuertes nevadas recibió como respuesta del ministro que “ustedes tienen buena relación con el diputado Wisky, pídensela a él”, según publicó el diario Río Negro.

Ahora es la Justicia que sostiene que “en la actualidad, las intervenciones del personal del Ministerio de Desarrollo Social en las cuestiones que por ley le corresponden son casi nulas. Que a diario tienen que cursar intimaciones para el abordaje de situaciones de niños, niñas y adolescentes en riesgo y que las intervenciones en materia de violencia familiar son prácticamente inexistentes”, señala la misiva que el juez Mansilla, en su caracter de subrogante en la presidencia del STJ, envió Héctor Fabián Galli.

Se explica en la nota que empleados del ministerio que cumplían funciones jerárquicas en Bariloche, renunciaron y que el equipo de Guardia del Sistema de Abordaje Territorial, que -entre otras funciones- realizaba las guardias en la Comisaría de la mujer, dejó de prestar dicho servicio, que motiva que no pueda “implementarse el Protocolo Conjunto de Actuación de Primeras Hora en el que trabajaron distintos organismos con la finalidad de brindar atención primaria profesional a las personas en situación de violencia familiar y/o de género, las 24 horas del día y los 365 días del año”. A ello se suman “las renuncias de los técnicos y operadores en los distintos territorios, quedando totalmente desarmados”.

Se agrega que “la ausencia de ese Ministerio en la efectivización de los derechos consagrados en la Convención de los Derechos del Niño y las leyes 26.061 y 4109, entre otras -cuestiones sustanciales en el área de familia y en el abordaje de las distintas problemáticas sociales que involucran a niñas, niños y adolescentes-, resiente profundamente el trabajo de los restantes organismos (juzgados, ministerios, comisaría de la mujer)”.

Dada esta situación, el juez del STJ, Enrique Mansilla, le pidió al ministro de Desarrollo Social, Héctor Fabián Galli que “me informe a la brevedad posible dada la urgencia de los temas involucrados- sobre las circunstancias señaladas y se tomen de inmediato las decisiones necesarias para revertir esta situación que afecta gravemente la prestación de un servicio esencial e impostergable como el que trata esta misiva”.