ATE repudió el procesamiento de sus dirigentes
«Este procesamiento es un disparate, pero puede entenderse en la época histórica que atravesamos. En esta Provincia si te denuncian por violar y aunque existan pruebas de todo tipo, quedás libre si formás parte del gobierno. Ahora, si se te ocurre reclamar o cuestionar las políticas de ajuste, vas preso».
De esta manera, el sindicato estatal repudió el procesamiento del secretario General, Rodolfo Aguiar, y su adjunto, Aldo Capretti, La resolución fue dictada por el juez penal de Viedma, Carlos Mussi, por los inicidentes registrados en la Legislatura mientras se trata el Plan Castello.
«Esta Justicia da impotencia. Las causas de corrupción de funcionarios duermen durante años en los tribunales y en cuestión de horas te procesan por motivos políticos para disciplinarte», cuestionó Aguiar, y repudió: «Aunque cueste mucho creerlo, cuando han transcurrido más de 30 años de democracia, hemos sido procesados por participar de una manifestación».
ATE subrayó que «llama la atención los tiempos que tiene el Poder Judicial, ya que tenemos en la actualidad jueces y fiscales que están prestos para perseguir a dirigentes sindicales y sociales y no actúan con la misma premura a la hora de intervenir para que no le quiten los medicamentos a los jubilados o los beneficios previsionales a los discapacitados».
«El tiempo demostrará que en Río Negro pocas veces se ha armado una causa a la medida de un Gobierno, como ésta», aseguraron.
Y puntualizaron que «la Justicia está actuando como un apéndice directo y bajo la subordinación del Poder Ejecutivo, con el objetivo de perseguir, disciplinar y castigar a los principales dirigentes de ATE, ya que se trata de la única organización que no acepta los aumentos salariales en negro y cuestiona con dureza las políticas de ajuste y vaciamiento que llevan adelante Mauricio Macri y Alberto Weretilneck».
Por último, desde la entidad recordaron que «el delito de coacción agravada en grado de tentativa que se le imputa a Aguiar y Capretti, no existe como tal y se trata de un artículo de la dictadura militar (Onganía 29/6/1966 al 8/6/1970) que llamativamente es desempolvado en este momento histórico que atraviesa el país, mientras que para los demás hechos imputados no existe autoría material posible que pueda ser achacada sobre los dirigentes».