Polémica por la negativa de un aborto no punible en Oro

(ADN).- La Justicia investiga un presunto caso de incumplimiento de los deberes de funcionario público de los operadores de salud del hospital de Fernández Oro, quienes se negaron a practicar un aborto no punible a una joven, que decidió interrumpir su embarazo por haber sido producto de una violación.

La jueza de Familia de Cipolletti, Marissa Palacios, pidió a la Fiscalía una acción en este sentido. Y solicitó -según publicó el diario Río Negro- que se dé a conocer la situación a la fiscalía que corresponde para que “analice las posibles responsabilidades por parte de los operadores de salud intervinientes en el presente caso ante la posible comisión de un delito”.

Además, notificó además al sistema público de salud para que “en forma urgente” analice lo dispuesto por la ley provincial y evalúe fundamentalmente “si existe peligro para la vida o la salud integral” de la joven, “debiendo actuar en consecuencia, siendo responsables de la vida y la salud integral de la misma”.

La crónica, publicada por María Luján Venier, relata que una joven de 20 años quedó embarazada por una violación y a pesar de que pidió la interrupción de la gestación no logró que le realicen la práctica médica. Actualmente cursa el tercer trimestre del embarazo y se encuentra internada en un centro de salud de la región, por el alto grado de vulnerabilidad que atraviesa.

La joven relató que fue abusada sexualmente “por una persona desconocida” y que a las pocas semanas concurrió al hospital de Fernández Oro “a fin de consultar a un médico, debido a que experimentaba síntomas desconocidos y no se sentía bien”.

Le ordenaron un análisis de sangre para un mes después, que dio negativo. A los pocos días se realizó un segundo estudio que arrojó como resultado que estaba embarazada.

“Desde el momento que se enteró del embarazo manifestó que no quería continuar con el mismo, atento a que el feto que llevaba en su vientre es producto del abuso sufrido”, explicó la titular del juzgado de Familia 7, Marissa Palacios, en su fallo.

La magistrada fue la que recibió, a principios de abril, el pedido para que se ordene a las autoridades del hospital donde está internada la joven la interrupción legal del embarazo. La decisión la tomó la chica, acompañada por su madre, y con el patrocinio de la defensora de Pobres y Ausentes, Gabriela Blanco, ante la falta de respuesta del sistema de salud a su pedido para que se cumpla con la legislación vigente.

Palacios desestimó la acción por considerar que los abortos no punibles “no son materia judiciable”. Recordó que la ley provincial 4796, que regula el procedimiento a llevar a cabo por el personal de salud público y privado de Río Negro, no contemplan la necesidad de una autorización judicial. Que establece las pautas para garantizar la salud integral de las mujeres.

Analizó que la chica “se ha visto compelida a realizar judicialmente” el pedido de la práctica médica “debido a la conducta asumida por el servicio de salud pública que hasta la fecha (28 de abril) no ha resuelto la situación de la misma”.