En el banquillo de los acusados, faltó el Estado

(ADN).- Terminó uno de los juicios penales más polémicos de los últimos tiempos. Primero, por tratarse de una causa que tuvo como acusado a un ex camarista del fuero, y segundo por tratarse de un tema tan sensible como la prostitución de menores.

El ex juez Juan Bernardi fue condenado a 5 años de prisión efectiva y su empleado Julio Antueque a 12 años, el primero por promocionar la prostitución y el segundo como facilitador de la prostitución.

La polémica está abierta y difícil que cierre en el corto plazo. La Justicia no es una ciencia exacta y para cada tema tiene mitad de biblioteca para ambos lados de las argumentaciones. Están quienes sostienen que en el debate judicial no existieron pruebas suficientes para la condena, y otros que sostienen que fue escasa la condena, ya sobrepasando la letra fría del Código y avanzando en el terreno de la condena social y la situación de vulnerabilidad de las menores y mayores involucradas en el juicio.

Pero no es la cuestión procesal la que nos ocupa en este comentario. Creemos que en el banquillo de los acusados faltó el Estado, como responsable y protector de velar por las menores institucionalizadas o no, en estado de vulnerabilidad y víctimas de conductas reprochables en el comercio de la prostitución.

Hay otras causas en estrados judiciales que investigan a otros ciudadanos (Contín, Ledesma, Cabezas, Morón, León, Aguirre, Rodríguez y Sella) presuntamente involucrados en casos de corrupción de menores.

¿Puede el Estado estar ausente ante estos hechos, que salieron a la luz en el marco de determinadas circunstancias, incluso vinculadas a la interna judicial?

La responsabilidad del Estado es ineludible al tratarse de menores alojadas en institutos del Ministerio de Desarrollo Social. No fue suficiente que en el origen de estas causas, el entonces ministro Ricardo Arroyo, al recibir una denuncia de María del Carmen Donadío, funcionaria de Promoción Familiar, le aconsejara presentar el hecho ante la Justicia Federal, ante un posible caso de “trata”. No basta para quedar con la conciencia tranquila porque la denuncia involucraba a chicas que estaban bajo la guarda del Estado.

Tampoco fue suficiente la actuación de la fiscal Federal, Inés Imperiale, hoy cuestionada precisamente por ese procedimiento. ¿Cuál fue la investigación que realizó la jueza federal de Viedma, Mirta Filipuzzi?.

En las declaraciones de las menores en las audiencias judiciales se pudo escuchar de sus propias palabras, las lamentables circunstancias en que se encontraban bajo el tutelaje oficial, había consumo de drogas y prostitución. Algunas de ellas habían transcurridos más años de su corta vida en un instituto oficial que con su propia familia.

El consumo de estupefacientes fue el común denominador de todas las declaraciones y el cambio de sexo por alimentos, ropa, celulares o para cubrir otras demandas.

¿Dónde estaba el Estado?. ¿Y dónde está ahora?. Porque se estima que estas circunstancias no se modificaron por arte de magia por el solo hecho que se ventilaron en la Justicia.

El Estado, desde sus tres poderes, no puede ser ciego ni indiferente. Se votan leyes contra la drogadicción, protección de género y partidas presupuestarias para solventar a los ámbitos de apoyo y protección de ciudadanos en desamparo y vulnerabilidad. La Justicia cuenta con profesionales y oficinas específicas de la mujer (donde no sólo debe atenderse a personas mayores) y existen programas interdisciplinarios para abordar estos temas.

¿Qué pasó?. No hay recursos suficientes, o lo que es aún peor hay subejecución de partidas.

En este proceso de imputación y detención de acusados de prostitución de menores, existió una secuencia de hechos de los que nadie acusó recibo o se tomó real conciencia de su magnitud.

Se suicidó un empleado del Ministerio de Desarrollo Social, la muerte de Karen Alvarez y su correspondiente juicio, con penalizaciones a los autores del asesinato, demostró derivaciones del submundo que se mueve en torno a la terminal de ómnibus de Viedma y en las barriadas de la capital.

Peleas entre bandas, agresiones a vecinos, consumo de alcohol, disputa del mercado del consumo de drogas, menores en estado de abandono prostituídas desde muy niñas y otras situaciones como la deserción escolar, que demuestran la indefensión de estos sectores sociales.

El Estado y la sociedad cierran los ojos, como si no fueran parte del problema, como que todo sucede “en otro lado”. Hay hipocresía.