El FpV pidió excluir al legislador Rubén López de la legislatura de Río Negro
El bloque de legisladores del Frente para la Victoria, envió al parlamento una resolución donde pide excluir al Héctor Rubén López, «del seno de la Legislatura Provincial, con el fin de preservar y asegurar la ética y el decoro en el ejercicio de los poderes pùblicos».
En los fundamentos de la medida se expresa que «la reciente denuncia por abuso sexual realizada en contra del Legislador Héctor Rubén López, la cual ha tomado estado público, ha causado, por el tipo de delito del que se trata, el mayor de los repudios en la sociedad rionegrina, la cual está exigiendo de parte de sus gobernantes y representantes parlamentarios las medidas necesarias y conducentes para asegurar que el hecho denunciado sea correcta y seriamente investigado, sin que los fueros y la posición que ocupa el denunciado se conviertan en garantías de impunidad» y sostiene que «Estamos en presencia de circunstancias gravísimas que involucran nada más y nada menos que a un Legislador Provincial, el cual ya fue imputado en la causa penal que tramita ante el Juzgado de Instrucción N°2 de Cipolletti, que conduce la Juez Sonia Martín».
Indica que «aquellos que integramos la Legislatura Provincial no podemos quedarnos incólumes ante tal situación de gravedad institucional. Por el contrario, debemos tomar las medidas excepcionales que sean necesarias, no sólo para garantizar la investigación imparcial de los hechos denunciados sino también para transmitir a nuestros ciudadanos la confianza necesaria en las instituciones que los representan, ya que esa es precisamente la base de legitimidad que sostiene al orden y a la paz social».
Los legisladores del FpV, refieren al art 66 de la Constitución Nacional que contempla en el caso de las cámaras legislativas la posibilidad de “…corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno…”. En este sentido hubo casos que sirven de ejemplo como los del Diputado nacional Angel Luque, expulsado en 1991 por declaraciones polémicas en relación al crimen de María Soledad Morales en Catamarca. También, en 2002, la diputada Norma Godoy fue expulsada por haber amenazado a dos periodistas.
En el caso de Río Negro, la Constitución Provincial -agregan- contempla precisamente determinadas sanciones para aquellos legisladores que no guarden una conducta apropiada con el cargo que ocupan, con el claro objetivo de preservar la calidad institucional del Poder Legislativo. En este sentido el artículo 139 inciso 2 de la Carta Magna dispone: Por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, corrige a sus miembros con dos tercios de votos, y los excluye de su seno con los cuatro quintos de votos; por inhabilidad física o psíquica sobreviniente, los remueve con cuatro quintos de votos; sobre las renuncias decide por simple mayoría. Aplica la pérdida automática y proporcional de la dieta, en caso de ausencia injustificada a las sesiones y se puntualiza que «es clara la intención del constituyente de preservar y asegurar la ética y el decoro en el ejercicio de los poderes públicos, premisas que se ven seriamente afectados ante las gravísimas circunstancias descriptas».
se argumenta además que «ser legislador provincial es un privilegio que nos otorga el pueblo, y constituye un cargo que ocupamos las veinticuatro (24) horas de los cuatro (4) años que ejercemos el mandato. Por ello, y mientras dure el mandato popular, debemos actuar con la ética y el decoro que nos exige la Constitución Provincial» y que en el actual contexto, donde la vulneración de los derechos de las mujeres es tema corriente, donde el Estado hace caso omiso a los reclamos multitudinarios a la par de cerrar programas de asistencia y contención a las víctimas de abusos y violencia de género, es nuestro deber dar señales claras a la ciudadanía que nos privilegió otorgándonos su representación».