Corporación y género. ADN

La política es corporativa. Necesita mecanismos que brinden protección al entramado interno generalmente variopinto y con distintos orígenes. El espíritu corporativo surge cuando algunos de sus miembros se sienten lesionados por la misma política o son objeto de operaciones mediáticas e incluso judiciales.

Este fue el espíritu para establecer los fueros legislativos, muchas veces cuestionados. Se trataba que el poder dominante, por ejemplo, no pudiera detener a un diputado o senador –por cualquier motivo- para evitar que asista a una votación importante en el parlamento. Fue pensado como un freno de los otros poderes contra el legislativo.

Los mecanismos corporativos de la política no son malos en si mismo, lo incorrecto es la defensa irrestricta de quienes son actores de delitos graves y con conductas condenadas por la sociedad.

Esta defensa para evitar “entregar” a funcionarios o legisladores ante denuncias que requieren la investigación de la Justicia, se vio palmariamente en la campaña electoral diseñada por el ex gobernador Carlos Soria, previo al triunfo de las elecciones del 2011.

El eje fue la corrupción en el Estado. Tuvo como aliados a algunos medios de comunicación, ciertos miembros del fuero penal y de la Procuración e incluso de órganos de control externo.

El argumento del gobierno de entonces para defender sus funcionarios y no producir renuncias en el staff oficial, fue proteger hasta que la Justicia no se expida. Y el tiempo dio la razón a ese argumento, porque hoy vemos que –aún con los mismos fiscales y jueces promotores de procesamientos- no se produjeron las pruebas ni las condenas que se suponían podrían existir de acuerdo a las publicaciones de la época.

Se podrían citar otros ejemplos de anteriores administraciones, donde los funcionarios denunciados quedaron absueltos y sin condena, según la investigación judicial.

De hecho estos mecanismos de defensa de la corporación política podría entenderse también como malla de protección a los mecanismos de judicialización de la política, sobre todo en “delitos contra el Estado”.

El caso del legislador de JSRN Rubén López, denunciado por acoso sexual, viene al caso.

Existe una actitud corporativa y de defensa, que entiende que debe proteger al diputado, a quien se considera un “hombre fuerte” en Cipolletti, que como él mismo señaló, trajo 3 mil fichas de afiliados al partido del gobierno y que maneja un gremio de peso en el alto valle provincial.

Pero no se justifica desde la calificación de la denuncia de acoso y violación, más en estos momentos de sensibilidad en defensa del género, de #NiunaMenos y la condena por promoción de la prostitución.

Fue Marta Milesi la primera mujer y diputada del oficialismo, quien dio el primer grito y luego Roxana Fernández, también legisladora de JSRN, fue un poco más lejos y pidió la renuncia de López. Ambas fueron desolladas. En voz baja arreciaron las críticas. Habían obviado a la corporación en defensa del género.

Llamó la atención que en esos primeros días y cuando aún no se había aplicado el precinto mediático al tema, hubo letargo y pereza en el resto de las mujeres de la bancada oficialista para expedirse sobre este tema, que concitó el repudio público.

Inmediatamente se puso en marcha el operativo cerrojo. Muchos trataron de descalificar, como es habitual en estos casos, a la denunciante y poner un manto de duda sobre su conducta, se habló de “operación política-mediática” y luego apareció el argumento corporativo: “esperemos a la Justicia, porque no se puede proceder a la destitución ante cada denuncia». Los tiempos judiciales pueden permitir avalar esta estrategia, pero la licencia de López en la Legislatura tiene plazo fijo.

Quizás un argumento con cierta dosis de certeza, pero este no es el caso. Hay conductas que deberían condenarse sin reparos y donde el silencio no puede ser la respuesta.

Hay mujeres en el gabinete y quizás el caso más emblemático sea el de la Ministra de Educación y Derechos Humanos, también en todos los estratos del Estado y en otras áreas sensibles con los derechos de la mujer, como ciertas dependencias de Desarrollo Social y el Consejo Provincial de la Mujer.

Silencio de todos, aun sepultando convicciones. Actitud que sin embargo no cumplió el propio acusado, porque el legislador López, en su afán de explicar su situación traiciona a la corporación y habla. Actúa con torpeza y lesiona al gobierno.

Declaraciones públicas, comunicados de prensa e incluso se intentó montar una operación de prensa ofreciendo grabaciones con escuchas involucrando a terceros.

Como si faltara algo para sumar a este desatino, recientemente publicó en su sitio de facebook un saludo en el Día de la Mujer, que causó un efecto diametralmente opuesto a su intención: condena y repudio.

La Justicia también deberá hablar.