¡Soy Yo, la Reforma Tributaria, Pelotudo!

(por Alex Kodric-Política Argentina).- En sus primeras declaraciones como Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne puso en escena central la necesidad de, por un lado, reducir el déficit fiscal y, por otro, realizar una Reforma Tributaria. El diagnóstico se resume de la siguiente manera: la presión tributaria en Argentina es una de las más altas de América Latina y cercana a los parámetros de la OCDE y, aún así, no sólo no logramos el tan ansiado superávit, si no que incrementamos el déficit fiscal año a año (y los números de 2016 parecieran no contradecir esta sentencia).

Va de suyo con el anterior diagnóstico que la “optimización” / reducción de los gastos estatales, conjuntamente con la quita de los impuestos “distorsivos”, transformarán a través de un ajuste paulatino el signo negativo de las cuentas públicas en su contrario. Pero detrás de este diagnóstico se encuentran muchos mitos que es necesario desmitificar. Aquí nos ocuparemos del asociado a la Reforma Tributaria.

Se repite sin mayor reflexión que la presión tributaria en Argentina es excesiva, que no concuerda con la calidad de los bienes públicos brindados por el Estado y que desalienta cualquier tipo de inversión. Cuando no, si se incluye al sistema de Seguridad Social, se menciona que el elevado costo laboral conspira contra la generación de empleo y/o la formalización del mismo. A esta sentencia debemos contraponer que la presión tributaria, como cualquier indicador económico, debe ser puesta en un determinado contexto y explicada según su composición. En otras palabras, la presión tributaria es alta, pero ¿para quiénes?

Según un informe de la CEPAL del año 2016, los debates acerca de la sustentabilidad fiscal en América Latina se han centrado en discusiones acerca de la optimización de los gastos, pero poco se ha tratado el sub-sistema de los ingresos. Particularmente en Argentina, si bien ha crecido el espacio fiscal en los últimos años, el sistema tributario esencialmente ha sido el mismo. Es decir, ha habido modificaciones tributarias y cambios en los parámetros de imposición, pero no reformas que hayan afectado sensiblemente la estructura tributaria y hayan tenido efectos distributivos virtuosos.

En este sentido, si bien es verdad que la presión total de impuestos es similar a la OCDE (en torno al 34% del PBI), primero debe mencionarse que la riqueza generada por estos países es mayor, con lo cual, en términos cuantitativos netos, la disponibilidad de recursos también lo es. Pero, además, la composición de la estructura tributaria de los países de la OCDE es diferente. Mientras que su financiamiento recae en impuestos esencialmente directos (rentas y patrimonio), la composición de la estructura tributaria argentina se basa en los indirectos (que recaen esencialmente sobre el consumidor y los deciles de menores ingresos relativos). Las recientes modificaciones realizadas durante el año 2016, sumados a los altos niveles de evasión y desinformación por parte del fisco, no contradicen esta tendencia: la quita de retenciones a los productos exportables y mineras, la reducción de la alícuota a bienes personales, la quita del beneficio del 5% del IVA por compra con tarjetas de débito y la promesas de reformas en el ámbito de la Seguridad Social, profundizan dos rasgos del sistema tributario argentino de la década del noventa: la regresividad tributaria y el desfinanciamiento del Estado.

Frente a este escenario, cabe preguntarse si la mentada reforma tributaria que pretende el Ministro Dujovne en realidad no posee como contenido “dar marcha atrás” con algunas de las conquistas de los últimos años y generar una (aún mayor) transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados de la economía.

Por otra parte, no debe perderse de vista que el anterior movimiento posee una influencia directa sobre los beneficiarios de las políticas de transferencia a través del gasto estatal. De manera que un proceso de desfinanciamiento del Estado e incremento de la regresividad tributaria tienen como contrapartida la existencia de un “tope” de recursos que podrían ser dirigidos hacia diversas políticas públicas que financien un esquema virtuoso de desarrollo socio-económico.