Piden saber sobre los 44 millones que aportó el gobierno a Minera Sierra Grande
Los legisladores del Frente Progresista, Jorge Ocampos y Daniela Agostino, pidieron al Ejecutivo que informe las medidas tomadas por el gobierno para recuperar el aporte de 44 millones de pesos, que en carácter de subsidio fuera otorgado a Minera MCC de Sierra Grande, en tanto que la firma china no cumplió con lo dispuesto por el acta acuerdo firmada el 8 de marzo del año pasado, principalmente en el tema de la preservación de la fuente laboral para los trabajadores mineros despedidos.
La empresa China Metallurgical Group Corporation (MCC), que compró el 70% del capital accionario, tiene el control del yacimiento Sierra Grande.
Ocampos y Agostino, haciendo historia sobre la explotación del yacimiento, recordaron que en el año 2013 legisladores rionegrinos denunciaron los condicionantes que el gobierno nacional de entonces imponía a la empresa, al encarecer arbitrariamente los fletes marítimos obligandola a operar con determinadas empresas de transporte. Las resoluciones nacionales que, bajo la excusa de utilización de flete de bandera nacional, encubrían un negociado monopólico en manos de sindicalistas afines al gobierno.
Luego en el 2014, el gerente General de MCC señalaba: «No tenemos agua ni para los baños», debiendo paralizar parcialmente la producción por la rotura de los acueductos que abastecían de agua a Sierra Grande, Playas Doradas y a la minera.
Mas tarde, a fines del 2015, el aumento constante de los costos internos sumado a la baja del precio internacional del hierro, detonó en una situación crítica cuando el 25 de febrero de 2016 la empresa de capitales chinos despidió a 101 trabajadores argumentado una situación económica insostenible por los motivos expuestos.
El legislador Ocampos explicó que el 8 de marzo de 2016 se dio a conocer un acuerdo entre la empresa y el gobierno provincial, que se comprometía a subsidiar a la firma con un aporte de 44 millones de pesos y, como contrapartida, la minera asumía el compromiso de mantener su dotación de empleados durante el ejercicio 2016, en los 413 puestos que a la fecha del acuerdo integraban su plantel”.
A partir de dicho compromiso, la empresa no podía desvincular persona alguna invocando cuestiones económicas, ni en forma masiva, ni grupal, ni individual, así como tampoco mediante despidos sin causa salvo renuncias.
De esta manera Ocampos señaló que “el considerable esfuerzo económico de la provincia no fue correspondido por la empresa, que acaba de paralizar las operaciones y despedir a casi toda la planta de personal argumentando la falta de competitividad del emprendimiento”.