UnTER dice que el gobierno «definió avanzar con el conflicto educativo en el 2017»

UnTER denunció que con el cronograma de asambleas docentes dado a conocer por Educación, para la implementación de la Nueva Escuela Secundaria, «el gobierno de Río Negro definió avanzar con el conflicto educativo en el 2017» y anunció que «está decidida la resistencia a las asambleas», que será un paso más hacia un conflicto que marcará el camino al no inicio del próximo ciclo lectivo.

Destacó que «este proyecto es una reforma destinada al fracaso por improvisada e inconsulta, porque no sólo avasalla derechos laborales, sino también el derecho social de la educación de miles de jóvenes, pese a los eufemismos de cambios de paradigmas, que pregonan la Ministra Silva y sus funcionarios».

Agrega el gremio que la implementación de la ESRN, de manera simultánea en los 93 establecimientos secundarios comunes, sin garantías presupuestarias ni pedagógicas, «es un acto irresponsable por parte de un gobierno que mes a mes debe salir a mendigar fondos para pagar salarios».

Señala UnTER que a una semana del inicio de las asambleas, todavía no hay claridad respecto del régimen de compatibilidades, incumbencias de títulos, ni el currículum con el que se trabajará, y sostiene que la decisión oficial «pone a 70.000 estudiantes a merced del ensayo-error. Para el gobierno será un experimento, mientras que para estos jóvenes representará la posibilidad de perder la oportunidad de acceder con conocimientos a la educación superior y/o el mundo del trabajo».

«Pese a los intentos del Ministerio y algunos críticos funcionales, de deslegitimar el rechazo de UnTER, también son las comunidades educativas que dicen no a la implementación de la reforma en el 2017, porque es posible visibilizarlo como un edificio sin terminar que ya tiene grietas en sus bases», indica el gremio docente.

Por último el comunicado del sindicato señala «UnTER no sólo exige garantías laborales y disputa salarios. También, y como principio fundante, defiende a la educación pública como un derecho del pueblo que hoy está en riesgo».