Seguridad niega «persecución», pero un audio compromete a sus funcionarios

(ADN).- El Ministerio de Seguridad negó cualquier actividad de espionaje o persecución laboral. Así, respondió la denuncia que ayer hizo el gremio ATE. Pero un audio complica la situación de -al menos- un funcionario. «Hay una decisión del Ministro para que te vayas», «por las publicaciones que hiciste en Facebook».

ATE explicó que desde el Ministerio monitorean las cuentas de redes sociales de los trabajadores y los «sancionan» ante las críticas. Este caso es similar al que ocurre en la administración pública nacional, donde se multiplicaron -desde hace un año- denuncias por persecución ideológica.

Desde la cartera que depende de Gastón Pérez Esteban, negaron esa práctica. Pero el audio lo desmiente. La charla es entre el trabajador desplazado, Pablo Canario, y el director de Recursos Humanos del Ministerio, Fabián Buzzeta, quien explica los motivos por los que el Ministro tomó la decisión de correrlo de su ámbito de trabajo.

Seguridad, mediante un comunicado, dijo que «se pretende disfrazar de espionaje y/o cualquier otro tipo de violación a la libertad o intimidad, una situación que lejos está de ser una conducta delictiva, ilegal o irregular. La realidad de los hechos es que un agente público de la provincia de Río Negro, que reviste en la planta permanente en una de las dependencias del Ministerio de Seguridad y Justicia, no se encuentra a gusto con las políticas implementadas desde dicho organismo, violando el Estatuto que lo rige, manifestó verborrágicamente y de manera pública su descontento. Es de manera pública porque la red social que el agente manifiesta como “violentada” tiene un perfil abierto, lo que significa ni más ni menos que cualquier exteriorización de los pensamientos o conductas que aquel quiera mostrar y/o publicar, se encuentra al alcance de todos y cada uno de los usuarios».

La explicación es tan elocuente como el audio. Las autoridades asumen que el «desplazamiento» de Canario es porque expresó públicamente su «descontento». Es cierto que no hace falta contar con elementos técnicos sofisticados de espionaje cuando la publicación es una red social abierta, pero sí queda en evidencia que alguien se dedica a monitorear los posteos de los trabajadores, y que lo que dicen, es motivo de sanción.

ATE evalúa con sus abogados realizar una presentación en la justicia luego de finalizada la feria judicial, ya que se «estaría frente a un delito penal, materializado en la violación de varias garantías constitucionales que protegen las acciones privadas, además de configurar una gravísima persecución ideológica y laboral, propia de los regímenes militares».