CTA y SITRAJUR cuestionaron la reforma del Código Procesal Penal
En el local de la CTA de los Trabajadores de Rio Negro, en San Carlos de Bariloche, el Secretario General Provincial de la CTA, Jorge Molina; el legislador por el FPV, Alejandro Ramos Mejía; el Secretario Gremial de la CTA Zona Andina Edgardo Straini y el Secretario General del Sindicato de trabajadores judiciales de Río Negro Pablo Víctor Barreno, mantuvieron un encuentro para analizar la reforma del Código Procesal Penal en el marco de la comisión legislativa interpoderes
Las ponencias del gremio judicial se remiten lasa dudas en cuento a cuáles seràn los recursos económicos para implementar la reforma, en tanto que el presupuesto aprobado por la legislatura sólo contempla los gastos mínimos de funcionamiento, ni un peso más.
También se pregunta con qué personal se piensa abordar esta modificación que afecta profundamente el funcionamiento y asignación de funciones, a la vez que el sindicato seála que como consecuencia de las políticas de precarización laboral, delineadas por la Procuradora General Silvia Baquero Lascano, ningún trabajador quiere trasladarse al Ministerio Público, donde le roban las vacaciones y le modifican el horario de trabajo de manera unilateral, por fuera de la paritaria.
Asimismo se expresa, cómo se garantizará, sin personal y sin presupuesto, que dicha reforma no se constituya en un pacto de impunidad penal y agrega que «frente a las graves falencias denunciadas anteriormente, seguramente se multipliquen exponencialmente, los pedidos de nulidad de las causas por el fracaso de la reforma».
En la reunuón, SITRAJUR dej`´o en claro su cuestionando el articulado de la propuesta de reforma de la ley orgánica «realizada por el Superior Tribunal de Justicia en manos de la Sra. Liliana Piccinini, atento que la aprobación de la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, es un mero instrumento para el ajuste puertas adentro de este poder del estado, que viene a precarizar laboralmente a las/os trabajadoras/es judiciales y a vaciar la ley paritaria».
A su vez el secretario general de la CTA Rio Negro Jorge Molina, expresò que estas políticas tienen su inicio en el Poder Ejecutivo Nacional, con la implementación de políticas económicas y sociales en contra del pueblo trabajador que tienen su consecuente correlato en nuestra provincia.
Manifiestó que «dichas políticas apuntan por un lado a la mercantilización del servicio de justicia y que esta reforma que se pretende aplicar sin los recursos necesarios, no tan solo perjudica a los trabajadores del poder judicial por la precarización laboral que se intenta imponer; además seguirá garantizando que las cárceles sigan llenas de pobres y se consolide la impunidad para los sectores pudientes de nuestra sociedad, consolidando un modelo de alta injusticia social, económica y jurídica»
Por su parte el legislador Ramos Mejía sostuvo: «en modo alguno puede permitirse que la aplicación de un nuevo código como el procesal penal, que perjudique algún derecho adquirido de los trabajadores judiciales, que constituyen una pieza fundamental en la implementación y funcionamiento del nuevo Código, por lo tanto deben ser escuchados en el marco de la Comisión Interpoderes»