Presupuesto 2017: eximir a la Justicia de Ganancias priva al Estado de cobrar 5606 millones de pesos

La cifra supera el presupuesto total que utiliza el Ministerio de Justicia en todo el año. Además, le da más atribuciones al jefe de Gabinete y contempla una importante reducción en los fondos destinados a Ciencia y Tecnología.

A pesar de que el actual Gobierno lo había prometido en la campaña electoral, la CGT insiste con que se modifique la escala del impuesto a las Ganancias que alcanza a miles de trabajadores. Sin embargo, la Justicia está exenta de pagar ese tributo y eso priva al Estado de una importante suma de dinero.

El diario La Nación informa que según se detalla en el mensaje del presupuesto 2017, el Estado se pierde de cobrar 5606 millones de pesos el próximo año al eximir a los magistrados de Ganancias. Esa cifra supera el presupuesto total del que utiliza el Ministerio de Justicia en todo el año, que es de 3029 millones.

Si bien públicamente el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que había que evaluar que los jueces también formen parte de este tributo, quienes se niegan argumentan que por mandato constitucional, el sueldo de un juez es intangible.

Por otra parte, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli (Pro) y el jefe del bloque, Nicolás Massot, propuso que el gravamen sólo se aplique para aquellos jueces designados a posteriori de la sanción de la ley.

La redacción del proyecto de Ley del presupuesto 2017 generó una gran repercusión dentro de la Ciencia y Teconología, debido a que contempla una reducción del 32% con respecto a los fondos destinados en el 2016 para el área. Los científicos advierten que si eso sucede, peligra la continuidad de varios proyectos de investigación.

Además, otro de los puntos llamativos es que el jefe de Gabinete podrá «crear unidades ejecutoras especiales para gestionar planes, programas y proyectos de carácter transitorio, pudiendo disponer de las partidas presupuestarias necesarias para determinar la estructura, el funcionamiento y la asignación de recursos humanos que correspondan». Este exceso en las atribuciones fue cuestionado por el diputado del Frente Renovador, Marco Lavagna.