Mango repudió la creación de centros de detención para extranjeros
El diputado rionegrino Marcelo Mango (FpV/FG), presentó un proyecto de comunicación, donde repudia “la creación de centros de detención destinados a personas extranjeras como instrumentos para ejercer el control migratorio, por constituir una política pública contraria a los principios rectores de la normativa vigente en el país”.
El 19 de agosto pasado, se anunció la firma de un convenio entre Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad de la Nación; Fernando Ocampo, Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y Horacio García, Director Nacional de Migraciones, por el cual se hace entrega a la Dirección de un inmueble para crear el primer centro de detención de migrantes en el país.
Mango (FpV/FG), expresó que “la creación de esta cárcel significa una política pública contraria a los principios rectores de la normativa vigente, ya que considera la migración como un tema de seguridad y como un problema a combatir. Organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos, se han manifestado en contra y repudiado la creación de este centro. A su vez, la medida guarda un preconcepto estigmatizador del inmigrante como «peligroso» para la seguridad interna, por no contar con una formalidad administrativa, que de este modo pasa a equipararse a una cuasi condición delictual, que constituye un agravio a los hermanos de países vecinos , que conocen la tradición receptiva e inclusiva del Pueblo y Estado Argentino”.
Señaló que la ley argentina de migraciones, aprobada en 2004 y reglamentada en 2010, es considerada modelo a nivel internacional ya que abandonó los criterios restrictivos de “combate” a la inmigración. La normativa sólo habilita la detención de los migrantes para situaciones muy puntuales y como última instancia, en caso de una orden judicial firme de expulsión del país y luego de que el Estado le otorgara al extranjero la posibilidad de regularizar su situación.
“La puesta en marcha de esta cárcel significa un retroceso inaceptable respecto a los derechos garantizados por la ley 25.871. La norma reconoce que la migración es un derecho humano, así como también afirma que el Estado en todas sus jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los migrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales. De un paradigma de prácticas centrado en los derechos humanos de las personas migrantes, con independencia de su estatus jurídico migratorio, hemos pasado rápidamente a un paradigma basado en el derecho de expulsión del Estado, que concibe las migraciones como un “problema” de seguridad nacional y de orden público”, expresó el diputado rionegrino.