Jury a Bernardi: La Procuradora pidió la destitución. La defensa, la absolución

(ADN).- Hoy se cumplió la etapa de alegatos en el juicio político contra el juez Juan Bernardi. Para la querella, los hechos que se le imputan al magistrado «están probados» y pidió su destitución. Para los abogados, estuvo lesionado el derecho a defensa y no hubo acreditación de los hechos. Incluso plantaeron que hay cosas reservadas a la vida privada. Y pidieron la absolución de su cliente. El próximo lunes a las 10.30, se leerá la sentencia.

Acusación
«Han quedado acreditados los hechos por los que se lo ha traído a juicio». Así comenzó su alegato la procuradora General, Silvia Baquero Lascano. Puntualizó que Bernardi empleó a Julio Antueque en su chacra para que realizara tareas de jardinería y albañilería, «relación caracterizada por precarización laboral» ya que no hubieron aportes ni altas en AFIP.

Para la Procuradora, Bernardi tenía como juez de corrección primero, y como juez penal después, conocimiento sobre las causas de Antueque y las condenas que tuvo. Incluso, de las pautas de conducta que el juez Fabio Igoldi impuso para su libertad condicional: no consumo de alcohol y estupefacientes, ni hechos de violencia. En ese marco, dijo que «era conocida la situación de vulnerabilidad de Antueque».

La Procuradora señaló dos hechos en los que a su entender Bernardi incurrió en mal desempeño de sus funciones y tuvo un grave desarreglo de conducta.

Para sostener el primer hecho, Baquero Lascano invocó un episodio en el Antueque (visiblemente alcoholizado, excitado y asegurando que portaba un arma) se presentó en los Tribunales pidiendo por Bernardi. «El juez lo recibió sin ser el magistrado natural de causa», relató la Procurada y dijo que «la situación nunca fue comunicada a Carlos Reussi, el juez correspondiente». «Hubo una reunión entre Antueque, Bernardi y los operados del Instituto de Asistencia a Presos y Liberados», agregó.

La jefe de los fiscales asegura que esto constituye un mal desempeño en sus funciones. Por no informar el juez de la causa lo sucedido, por no denunciar que Antueque violó las pautas de conducta y porque el imputado aseguró que tenía un arma y que la iba a utilizar contra otras personas y contra sí mismo.

En el otro hecho imputado, la Procurado manifestó: «Ha quedado acreditado que Bernardi le proporcionó a Antueque bebidas alcohólicas». «Y quedó acreditado que Bernadri llevo en su vehículo personal a cinco personas (dos menores) a su chacra, comieron asado y volvieron a Viedma en el auto del juez».

Eso conlleva -según la acusación- un grave desarreglo de conducta.

«Bernardi pretende minimizar ciertos hechos» alegó Baquero Lascano. «Con su perfil pretende confundir el caso». «Coincido con que los jueces deben estar más comprometidos con la realidad social. Pero deben ser imparciales. Bernardi tenía una relación con Antueque y eso no le permitió actuar correctamente. Debió haber actuado el día de las amenazas», subrayó. «¿Cuál era el límite que Bernardi ponía en la ingesta de alcohol de Antueque?», se preguntó.

Baquero Lascano dijo que «este es un juicio político y se discute el desempeño ético del juez. Y será ésta Magistratura la que debe decir si el juez debe seguir siéndolo en función de la investidura de la magistratura», alegó.

Y sintetizó: «Pudo Bernardi controlar lo que se tomaba en su chacra. El aspecto de los menores era indudablemente el de un niño. Nadie le pide a Bernardi que pida documento (a la gente que se sube a su auto) pero está claro que eran menores, y su condición de vulnerabilidad estaba a la vista. Que le impidió a Bernardi comunicarse con sus padres?». «Bernardi no hablo con Reussi y le explicó la situación de Antueque. Bernardi actuó mal. No es la forma que esperamos de un juez».

«Señores jueces, el cuadro probatorio es contundente» afirmó. «Los esfuerzos de la defensa en minimizar las conductas de Bernardi han sido en vano. Las inmunidades que tiene la magistratura exigen un plus de conducta superior a cualquier ciudadanos común, debe ser intachable. Mientras se observe una buena conducta hay inamovilidad. El mal desempeño y la mala conducta son motivo para que ese beneficio caiga». «Alegar que una cena sea un acto privado no lo es, mientras sea un acto éticamente reprochable para un magistrado».

Por último, la Procurada aseguró que «durante este proceso se ha garantizado el derecho a la defensa. Solicito que proceda a a la destitución de Juan Bernardi por mal desempeño y grave desarreglo de conducta, inhabilitación de ejercicio y costas».

Defensa
La defensa de Bernardi estuvo dividida en dos etapas. Una liderada por Luis Pravatto quien planteó que era subjetivo el hecho que se le imputaba, y que existe jurisprudencia de la Corte Suprema que revocó sentencias de destitución del Consejo de la Magistratura, incluso en Río Negro, por casos similares. Otra, por Manuel Maza. Duro en su alegato, planteó que no hubo derecho a legítima defensa, dijo que «Bernardi ya está condenado socialmente», deslizó «persecución» en la causa penal y en la instrucción del proceso de jury, y aseguró que no hay motivos para destituir al juez.

«La plena subjetividad sin una prueba fundamental, viola el derecho a defensa» argumentó Pravatto. «Y hay jurisprudencia de la Corte que cuando no hay derecho a la legítima defensa, se cae la sentencia de la Magistratura.
La Corte revocó una decisión de este Consejo y el Superior Tribunal de Justicia en una situación similar» recordó.
Y dijo que «no puede ser sólo una opinión subjetiva y de acuerdo a la voluntad política del órgano la destitución de un juez».

«El grave desarreglo de conducta debe ser debidamente probado. Aún cuando a un juez se le pide una conducta ejemplar, hay conductas que corresponden a un ámbito privado» manifestó el abogado. Y aseveró que «los integrantes del órgano juzgador no pueden trasladar su ética personal a la hora de juzgar a un funcionario».

Además, dijo que «rige el principio de proporcionalidad. La sanción tiene que estar de acuerdo a los antecedentes que se probaron».

Pravatto citó el hecho: «Hay una situación límite (Antueque amenazas) y la intervención de Bernadri logró superarla». «Ello no implica mal desempeño. Bernardi era el único que podía -sin violnecia- contener a Antueque en un situación así».

«Bernardi no ejerció desde una torre de marfil ni parapetado en los códigos sino en aplicado a resolver los conflictos en el ámbito penal, sino con un perfil de superación del rol procesal» reivindicó el abogado defensor. «De ninguna manera la recepción de Antueque por Bernardi es una inconducta, ni constituye mal desempeño».

Sobre el segundo hecho, Pravatto dijo que «Bernardi no retiro a las personas que fueron al asado en la Terminal. Tampoco es cierto que en la zona donde se subieron a su camioneta es periférica» en referencia a la intersección de Boulevard y Alberdi. «Ninguno de los menores ingirieron alcohol. Y lo que tomó Bernardi fue en cantidades moderadas. Aún así, están en el ámbito de lo privado».

«Estos hechos no tienen la entidad para destituir a Bernardi» aseguró Pravatto. Y en todo caso, «rige el principio de proporcionalidad, y a lo sumo cabría una sanción menor», consideró.

Por su parte, Manuel Maza criticó la intervención del consejero Nicolás Rochás en la etapa de los testimonios. «No entendí a donde quiso llegar Rochas con su interrogatorio a mi cliente» en relación a Bernardi.

Fuera de esa observación, recordó que el juez «hace 16 meses está suspendido. La Constitución dice que son seis meses máximo, o ser restituido». La Procurado contestó que la suspensión de Bernardi no tiene límite de tiempo porque es preventiva.

Hubieron varios cruces entre Maza y Baquero Lascano.

«Es una causa mediática» señaló el abogado. Y aseguró que «habría reparos sociales al Consejo si no lo destituye a Bernardi». Y comenzó a esgrimir una teoría de cosa juzgada: «Se le rechazó la renuncia. Estuvo 50 días de tendido. Y aún tiene que pasar por la comisaría a firmar».

«No están probados los hechos. Hay orfandad probatoria» dijo Maza, y ejemplificó: «No hay contratación incompatible de Bernardi a Antueque porque fue el juez Igoldi quien lo condenó a Antueque y le fijó las pautas de libertad. No existe ninguna prohibición para que un juez pueda contratar a un condenado».

«No hubo ninguna injerencia en la causa de amenazas de Anquete en la intervención de Bernardi» dijo el abogado, asegurando que nada sucedió con la situación de la violación de las pautas de conducta porque los operadores de Presos y Liberados no comunicaron al juez Reussi sobre ello.

Maza hizo hincapié en el rol de los operadores que permitieron que Antueque llegara al Ministerio de Seguridad alcoholizado, excitado y asegurando que tenía un arma, caminara junto a ellos hasta la sede del Poder Judicial, se entrevistara con Bernardi, volviera con ellos hasta el Ministerio y se fuera solo a su casa.

El abogado agregó que «no se logró comprobar que Antueque haya tenido un arma, y la causa de amenazas queda sin efecto». Dijo que le pidieron a la fiscal Itziar Soly (en quien recayó esa denuncia) un dictamen ni bien comenzó el tema a salir a la luz, para juntar pruebas en favor de su defendido. «El dictamen salió el 22 de agosto y el juicio político comenzó el 29 de agosto» subrayó.

Maza ventiló que ninguno de los testimonios en cámara gesell determina inconducta de parte de Bernardi. Y vinculó la causa penal contra Bernardi como un «capricho» una «persecución». «Tres hechos se investigan en la causa penal. En todas la carátula la encabeza Bernardi. Se hizo una pericia invasiva del CPU de su computadora y no se encontró nada. Tampoco en el celular. No hay vínculos entre los participantes del asado. Tampoco entre Peralta (Fabián, trabajador del Minsterio de Desarrollo Social que se suicidó cuando el tema de corrupción de menores salió a la luz) y Bernardi. Se decía que ellos consumían drogas duras juntos. Hicimos una rinoscopia y dio negativa».

Y abundó: «Bernardi fue procesado dos días después de su indagatoria. Igoldi solo quiso enjaularlo», denunció. Aseguró que «en una causa por el tema menores, Bernardi fue sobreseído por el juez Carlos Mussi». Y puntualizó: «A Bernardi se lo persigue hasta ridículamente».

Maza también denució falencias en el proceso de instrucción del sumario en el Consejo de la Magistratura. «Hubo indeterminación del sumariante (Marcelo Chironi) y laxitud en el plazo» en la consideración de las pruebas que lo llevaron al jury. Esas impresiciones -para el abogado- suponen que no hubo garantía del debido proceso y legítima defensa.

«Esto comenzó con un cóctel de sexo, drogas y alcohol. Se pasó la zaranda y lo único que quedó es un asado donde dos personas consumieron modestamente vino» alegó el abogado, aunque aseguró que ahora «la condena que tiene social, Bernari no se la saca más».

«Me parece excesiva la petición de la Procuradora» dijo Maza en relación a la destitución de Bernardi. «Es de alto impacto publicitario» se quejó. Y le pidió a los integrante del Consejo que «despojados de presión política y social, dicten una resolución absolutoria».

Bernardi
El juez suspendido habló sobre el final de la audiencia, y denunció «prejuicios» y «excesos» en el trámite de su juicio político. «Los jueces tenemos vida privada que, si no trasciende los límites tolerables, sigue siendo privada» argumentó.

«Lamento que por mis ideales, por la situación de un día, se haya llegado a esto. Me resulta absolutamente increíble», cerró.