Todos los fuegos el fuego. ADN

Punto final. La investigación de la fiscal Itziar Soly sobre el incendio del Juzgado Penal N°4 de Viedma, está llegando a su término. La recopilación de pruebas odoríferas, escuchas telefónicas y otros vestigios señalan que el abogado Ignacio Galiano fue el autor intelectual que contrató a Iván Becerra, Roberto Morales Paz y los hermanos Fabricio y Ricardo Colman para ejecutar el atentado, y que el policía Gustavo Salinas y la abogada Daniela Vivas, socia de Galiano, fueron encubridores. Todos están imputados y detenidos por el juez Ignacio Gandolfi, salvo Vivas que tiene libertad condicional.

El esclarecimiento del incendio en el edificio de tribunales, de 25 de Mayo y Laprida, pone una cuota de credibilidad. Da un respiro a un hecho sin precedentes en la provincia. Un atentado con implicancias políticas sobre la seguridad en el Estado, la fragilidad de los sistemas de vigilancia y control, que hizo arder oficinas ubicadas en el corazón administrativo de la capital provincial, en la misma manzana de la Casa de Gobierno, la Jefatura de Policía y del edificio de los bloques legislativos.

Fue una operación audaz e irreverente, que ni siquiera pareciera medida en su magnitud ni por los mismos imputados. Mostró un perfil de sus ejecutores y un modus operandi que posiblemente los tenga como autores en otros hechos delictivos en la zona, donde da lo mismo robar en una concesionaria de autos que prender fuego la sede del Superior Tribunal de Justicia. Inaudito.

El mismo poder político y el máximo tribunal judicial provincial parecieran que no haber medido con exactitud la gravedad del tema. Por qué, porque posiblemente está muy instalada la creencia que el tiempo borra todo y el ritmo vertiginoso de los acontecimientos del Estado hace frágil a la memoria. Las llamas pudieron haber alcanzado a todo el edificio. Hubiera bastado solamente una mayor corriente de aire que oxigenara el fuego.

Fue un atentado que requirió de una tarea de inteligencia previa, para conocer el escenario del incendio. Los autores ingresaron en pleno invierno en la madrugada a oscuras y trabajaron con pleno conocimiento del terreno. Quién o quienes tuvieron a su cargo el relevamiento del interior de las oficinas del Juzgado 4, sacaron fotografías e incluso pudieran haber confeccionado un plano del lugar.

Soly ha dicho que cumplió. Que está conforme por el camino recorrido, aun cuando quedarían otras cuestiones a resolver, como si hubo otro protagonista en un escalón más arriba de Galiano que le encargó el trabajo, o relacionar qué causas estaban en el Juzgado de Carlos Mussi, que era necesario quemar.

A decir de la investigación, es preciso conocer la personalidad de los imputados para comprender el hecho y que quizás todo se cierra en este punto. Empieza y termina acá.

De todos modos también se pudo apreciar que en las más de 150 horas de grabaciones telefónicas hay mucha tela para cortar, porque como se señaló hay un modo de operar en hechos delictivos que se vinculan a negocios, tráfico de dinero, drogas y demás actividades.

Pasó más de un año y poco se explica cómo la Procuración no armó un equipo de investigación dedicado con exclusividad a la investigación del atentado. Poca dedicación, y sin temor a errar, tampoco de las máximas autoridades del Poder, que ahora iniciaron un sumario interno para conocer quién filtró a la prensa las grabaciones de los implicados. No es este tema el más importante, lo principal es que se conoció, no sin asombro y desconcierto, qué sucede en la entretela de la sociedad en que convivimos a diario.

Es imposible hablar de la investigación sin merituar el rol que le cupo al juez Fabio Igoldi, a quien le tocó en principio esta causa. Hoy, a la luz de los hechos, se puede afirmar que aquel dictamen de la Cámara del Crimen, que lo apartó de la investigación, se comprueba palmariamente.

Igoldi, quien llevó a cabo un claro enfrentamiento con la fiscal Soly, no permitió realizar en los tiempos que exigía la investigación los allanamientos solicitados por la Fiscalía. Demoró el trámite 48 horas y permitió que los imputados –en conocimiento de los pedidos de allanamientos- borraran todas las pruebas que pudieran colectarse. Así se limpiaron cámaras fotográficas, computadores, pen drive y demás. Incluso, hubo una denuncia de la propia Fiscal sobre filtraciones del juzgado de Igoldi que habrían anticipado los pasos procesales a los sospechosos.

Es más, hay escuchas telefónicas entre Galiano y Vivas donde se menciona al magistrado suspendido y de donde se desprende una relación entre los mencionados.

¿Fue una actitud individual fundada sólo en problemas personales y cuestiones internas de la función judicial, o vale poner un interrogante sobre otras causales?.

Ahora vienen las etapas procesales. Los procesados tienen tres días para recurrir a la Cámara, que en este caso tiene que confirmar o no lo dispuesto por el juez Gandolfi. Podría también haber otra instancia de apelación al Superior Tribunal de Justicia, para finalmente elevar la causa a juicio, con condenas previstas entre tres y 10 años.

Llegar a los responsables del incendio era una necesidad ante una Justicia que no escapa, como otras instituciones, de los cuestionamientos de la sociedad. No resolverlo era un penoso mensaje, porque si hay ineficiencia hacia el interior del Poder para resolver este delito, que puede esperar el ciudadano de a pie.