Papas a la olla. ADN

Vivimos un tiempo líquido. Y la liquidez atenta contra la solidez. Los eslóganes, por mejor intencionados que sean, en algún momento necesitan validarse con acciones concretas. Dos temas sobresalieron esta semana que bastan como ejemplos: la desaparición del policía Lucas Muñoz y la causa por el atentado al Poder Judicial.

El debate social está saldado. Hace años que está instalada la idea que en la Policía existen bolsones de corrupción y algunos de sus integrantes están asociados al delito y a prácticas violentas. De igual forma que la Justicia a veces no es ciega ni ecuánime. Sobran casos que lo ciertifican.

Sin embargo, aún no está debidamente expresado desde el interior de esas instituciones del Estado, cuál es la visión de sus integrantes cuando son ellos mismos quienes sufren esas distorciones.

El gobernador Alberto Weretilneck reconoció: «estamos todos bajo sospecha». Y aseguró: «vamos a llegar hasta las últimas consecuencias». Es un avance que el mandatario asuma que existe un problema porque ello es el principio de comenzar un camino hacia la verdad. La negación hubiese sido un obstáculo infranqueable. ¿La lectura?. Es posible que haya policías implicados en la desaparición de Muñoz.

Pero… cómo lo sienten sus camaradas?. ¿Qué sucede con los policías que ven que un integrante de su fuerza pudo haber sido víctima de sus propios compañeros?. ¿Qué seguridad tienen aquellos agentes probos cuando no tienen garantías por hacer su trabajo porque pueden ser atacados por quienes no quieren ser descubiertos en ilícitos?.

Las declaraciones del Gobernador, su Ministro de Seguridad y el Jefe de la Policía pueden ser sinceras en búsqueda de la verdad y el fin de la impunidad, pero requiere más que eso. Lo necesita la familia de Muñoz y la sociedad, pero fundamentalmente, la Policía.

El legislador Alejandro Ramos Mejía (FpV) pidió la interpelación del ministro Gastón Pérez Esteban. La cotrapropuesta de su par Ariel Rivero fue que el funcionario asista a la Comisión Parlamentaria que integran el Vicegobernador y los presidentes de todos los bloques que componen el Parlamento. Al barilochense no le quedó más opción que aceptar. Su posición quedó en minoría en su bancada. Esa acción desnudó la interna del Frente para la Victoria. Ramos Mejía, Luis Albrieu y Nicolás Rochás están encolumnados en el sorismo. Rivero en el pichetismo. La disputa se planteó unos días después que el senador Miguel Pichetto avalara un proceso (que alienta el oficialismo) de reforma constitucional. Es cierto que el tema fue impulsado por el diputado Martín Doñate en el marco de un Pacto Social, pero a nadie escapa que al Gobierno le interesa modificar la Carta Magna provincial.

La desaparición de Muñoz y sus implicancias -en las que avanza la Justicia y ya tiene detenidos e imputados- trajo a la memoria colectiva el caso del asalto del Supermercado Todo en El Bolsón, cuando un grupo comando ingresó para asaltarlo y en el enfrentamiento murió un oficial de policía que estaba de custodia. La banda estaba integrada por otros agentes.

Otro tópico es el atentado al Poder Judicial. Según la investigación, se planificó un incendio que comenzó en el Juzgado de Instrucción Penal Nº 4 a cargo de Carlos Mussi, pero que tenía la intención de provocar un daño mayúsculo a la sede de esa institución. Un hecho inédito. Nunca un Poder del Estado había sido objeto de un ataque desde el retorno de la democracia. Solo la casualidad hizo que no ardiera el edificio completo.

Una fuente judicial relató a ADN que fueron las explosiones de los envases de los aerosoles de ambiente los que alertaron (luego del tercer estallido) al policía de guardia que algo sucedía. La inmediatez del alerta y el accionar de los bomberos evitaron que los Tribunales sufrieron un daño mayor.

Lo primero que llamó la atención de los investigadores fue el olor a combustible que emanaba del despacho del juez Mussi. Hasta ese momento, la policía no había determinado el origen del fuego. Raro. Tanto, que el entonces subjefe de la fuerza, Juan Oscar Martínez, declara con angustia en los medios de comunicación que pudo haber complicidad o negligencia de sus comandados.

La causa avanzó hasta determinar los autores intelectuales y materiales. Allí se estancó. Las peleas entre la fiscal Itziar Soly y el juez Fabio Igoldi hicieron frenar la investiagción. Intervino la Cámara y separó al magistrado. El cambio recayó en Ignacio Gandolfi. Esta semana se reavivió con la declaración de los imputados. Uno a uno iban siendo detenidos luego de su declaración indagatoria, menos, el abogado viedmense Ignacio Galiano quien, según la propia Fiscal, fue quien ordenó la quema del Juzgado.

Una vez más, se impone la pregunta. ¿Qué habrán sentido los trabajadores, funcionarios y magistrados?. ¿Cómo se tomó puertas adentro la resolución de Soly teniendo en cuenta que lo que se investiga es un atentado a su propia institución?.

De acuerdo al relevamiento que hizo el viernes esta agencia, el denominador común fue la indignación. Por ahora no hubieron pronunciamientos del SITRAJUR, el Colegio de Abogados y de Magistrados ni del Superior Tribunal de Justicia. Seguramente porque la idea es no entorpecer la causa. Sin embargo, nadie entiende la medida de la Fiscal de otorgarle la libertad al abogado. Máxime, cuando su argumento solo estuvo basado en que no hay peligro de fuga. ¿Tampoco existe peligro de entorpecimiento de la causa?. Pareciera que no. Al menos no para Soly. ¿Es posible que alguien que lleva adelante una acción semejante pueda permanecer pasivo en una causa en la que se lo investiga?.

Los rionegrinos están ávidos de respuestas. En estos casos y en otros.

Es tiempo de ponerle papas a la olla.