Otra pesadilla para el Gobierno: rebeldía con aval judicial

(Por José Calero*).- El temor a una rebeldía generalizada de los usuarios, con aval judicial, que ponga al borde del nocaut a las distribuidoras de energía al no poder cobrar las facturas, se profundizó tras un nuevo fallo adverso a los aumentos.

Edenor y Edesur advirtieron que esas decisiones y las recomendaciones de los jueces para que los usuarios no paguen, ponen en riesgo el servicio.

La mayoría de los usuarios no pagaron las últimas boletas de gas y piensan hacer lo mismo con las de luz, aseguran en las empresas.

Para las de gas, la situación se está complicando porque al no percibir ingresos desde hace ya casi un mes, están limitando al mínimo los pagos a petroleras y, luego de afrontar el pago de salarios, se les achica casi a cero la caja para mantener de redes.

Un sorprendente apagón ocurrido en el centro de La Plata el jueves echó más leña al fuego.

Allí el servicio lo provee Edelap.

La duda es qué podría ocurrir si ese traspié se replicara en algunos de los barrios más populosos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

En las distribuidoras de energía -que el 11 de julio dejaron de emitir facturas- hacen una cuenta que da miedo: dicen que como los clientes ya pagaron cuatro meses, de aplicarse los fallos judiciales por un año recibirán facturas con saldo a favor, por lo que no entraría un peso a las empresas.

Con impaciencia, el Gobierno aguarda señales favorables de la Corte Suprema de Justicia, para darle cobertura legal al controversial esquema de ajustes de tarifas.

El camino que adoptará el máximo tribunal, ahora más robusto con la incorporación de Horacio Rossatti -en su primera declaración tras jurar dijo que los magistrados debían pagar Ganancias- es por ahora incierto.

El peor escenario para el gobierno sería una decisión del tribunal de aguardar la incorporación prevista para este mes de Carlos Rosenkrantz, quien completará el equipo de cinco ministros, lo cual podría demorar aún más una decisión.

El malhumor social contra los aumentos ha ido escalando a medida que el impacto sobre los bolsillos de las familias, pero sobre todo sobre el de los pequeños comerciantes y pymes en general, se transformó en un dolor de cabeza de grandes proporciones.

A esto se suma un hecho del que no se habla tanto pero que también puso tensión entre el gobierno y muchos votantes de Mauricio Macri: el tarifazo en el servicio de agua.

Allí podría haber novedades también en materia judicial, sobre todo si cobran forma los cuestionamientos hacia la estrategia elegida por AYSA para calcular las facturas sobre la base de los metros cuadrados y no sobre el consumo.
Hace tiempo que se viene reclamando que el servicio de agua pase a ser medido, pero implementar semejante cambio implicaría un fenomenal costo en infraestructura.

Las tarifas de AYSA están haciendo estragos sobre los gastos de los consorcios porteño, que se dispararon a la estratósfera en el último bimestre y obligaron a los administradores a hacer malabares financieros para afrontarlos.

En algunos casos la propia empresa trató de advertir algunas semanas antes a los edificios que se venía un ajuste de grandes proporciones, para que hicieran las previsiones correspondientes, pero nada alcanza ante la magnitud de los aumentos.

Al Gobierno le asiste razón cuando denuncia el descalabro tarifario ejercido por el populismo kirchnerista, que no dudó en utilizar las tarifas como herramienta de disciplinamiento político, como también lo hizo con los planes sociales.

Pero el macrismo parece haber cometido demasiados errores políticos en el camino elegido para empezar el «sinceramiento».

Faltó cintura política, una virtud que no se le podía pedir a Juan José Aranguren, un cuadro técnico que conoce a fondo el mundo petrolero y a quien no se le puede objetar su transparencia, pero que debió tener más contención política para saber hasta dónde se podía avanzar.

Macri lo dejó hacer porque confía en su capacidad técnica, pero ahora está pagando un alto costo político por las medidas y enemistandosé hasta con sus propios votantes, que apoyan la reestructuración de tarifas, pero no de cualquier forma y tampoco con semejante nivel de impacto.

Los «ruidazos» realizados por vecinos y comerciantes furiosos le vienen dando aire al ultrakirchnerismo, que en cada protesta eleva el tono insultante hacia la figura presidencial, con una virulencia creciente.

Esto también disgusta a la Casa Rosada, donde empiezan a surgir tensiones en el elenco ministerial.

Algunas espadas ministeriales incluso habrían planteado la posibilidad de dar marcha atrás con el ajuste y buscar otra alternativa, lo cual dejaría muy mal parado a Aranguren.

El problema es que ese camino ya lo recorrió la propia Cristina Fernández, cuando intentó una corrección tarifaria y luego retrocedió ante el malestar social, y Macri preferiría no repetir esa estrategia fallida.

Por eso se baraja actuar en varios frentes: en principio aplicar el cuadro tarifario anterior, adelantar audiencias
públicas y, en lo que tal vez sea el punto más difícil, admitir que se cometieron gruesos errores de implementación.

*Jefe de la Sección Economía de NA