Denuncian posible archivo de una causa penal contra el juez Maximiliano Camarda
La Coordinadora 13 de Enero de General Roca, formada para el esclarecimiento de la muerte del joven Pablo Vera, por un policía provincial, denunció las maniobras de la fiscalia a cargo de Julieta Villa (UFT 3), para archivar la causa penal en la que se investiga al juez Maximiliano Camarda por el presunto delito de privación ilegítima de la libertad.
Informó esta agrupación que la denuncia penal a Maximiliano Camarda tuvo lugar en noviembre de 2014, como consecuencia de haber ordenado la detención de familiares y amigos de Pablo Vera en la comisaría N° 21, donde fueron golpeados y torturados por el personal policial, donde se presenta Camarda (juez de turno y responsable de la detención) un habeas corpus denunciando las graves condiciones de detención. El habeas corpus fue rechazado por el juez Camarda, quien a su vez prolongó la detención de 14 jóvenes por varios días más, excediendo el plazo legal establecido y por lo tanto cometiendo el delito de privación ilegítima de la libertad.
Como consecuencia de este hecho se realizó la denuncia sin que ningún funcionario judicial la promueva ni llame a indagatoria al Juez Camarda. La semana pasada, la fiscal de la UTF 3, Julieta Villa, ordenó el archivo de la denuncia por considerar no existía delito.
«Entendemos -señala la Coordinadora 13 de Enero- que archivar la denuncia a Camarda implica brindarle un marco de impunidad, que a su vez garantiza los hechos de criminalización llevados adelante. Implica a su vez un grave desconocimiento de la normativa procesal al entender que no hubo actuación irregular de Camarda cuando se llevaron adelante las detenciones. Esto no es así, ya que él se encontraba a cargo de la detención de los familiares y amigos de Pablo, y si bien la recepción del sumario de prevención fue el día lunes – luego de 3 días de detención- los artículos 3, 4 y 92, del CPP y el art. 7. 5 de la CADH sostienen la promoción de la acción por parte de la fiscalía, motivo por el que es responsable de haber incumplido el plazo de 24 horas, establecido por la ley, para tomar indagatoria a los detenidos».
Agrega que «no estamos frente a cualquier tipo de denuncia, sino que se está exigiendo la investigación de la responsabilidad de un funcionario judicial en cumplimiento de sus funciones, entendiendo que la privación ilegítima de la libertad dispuesta debe considerarse una violación a los derechos humanos, y por lo tanto es obligación del Estado darle celeridad y efectividad a la investigación ya que su responsabilidad penal está seriamente comprometida. Denunciamos entonces el accionar de Camarda y la complicidad devenida en impunidad llevada adelante por funcionarios judiciales como Julieta Villa».
Como consecuencia de la intención de archivar la causa por parte de Julieta Villa, la decisión se ha elevado a la Fiscalía de Cámara nº 1, a cargo del Fiscal Fernandez Jadhe, quien deberá decidir si debe continuarse con la investigación o si se confirma el archivo de la misma, lo que comprometería seriamente la responsabilidad internacional del Estado Argentino, por tratarse de una denuncia contra un funcionario judicial por violación a derechos humanos.
La Coordinadora 13 de Enero de General Roca, manifestó que «exigimos al Fiscal Fernandez Jadhe, resuelva la continuación del proceso contra Maximiliano Camarda, y se investigue las responasibilidades de todos los funcionarios que hasta aquí han obrado para otorgarle impunidad al funcionario denunciado» e informa que «ante el hermetismo judicial respecto a este grave hecho, se han realizado actos públicos de denuncia al funcionario Judicial, tanto en Tribunales como en la Facultad de Derecho donde el juez es docente regular».