Cielos abiertos satelitales
Bajo el título “El PRO busca desregular hasta el cielo”, Fernando Krakowiak escribió un artículo en donde alerta que desde el Gobierno se impulsa una política de cielos abiertos satelitales. En efecto, José Antonio Sánchez Elías, máximo referente en comunicaciones de la Fundación Pensar, el think tank macrista, respaldó públicamente esa alternativa y reivindicó la necesidad de avanzar con la desregulación del sector.
Desde el año 2001 Sánchez Elías es Presidente y CEO de Tesacom, empresa de soluciones satelitales asociada a grandes jugadores extranjeros como la española Hispasat, firma interesada en que Argentina avance con una política de cielos abiertos. En síntesis, un tema similar al del ex CEO de Shell y actual ministro de Energía, Juan J. Aranguren, entre otros, quien como es de púbico conocimiento, compró gas a Shell, empresa en la que tiene acciones, con sobreprecios no explicados. Claramente la situación de Sánchez Elías es idéntica, por lo menos en cuanto a incompatibilidad ética y de conflicto de intereses. Porque no se puede estar de los dos lados del mostrador.
Además, un tema estratégico como los satélites debería plantearse en el Congreso y deberían ser citados para que den explicaciones, además de Sánchez Elías, el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad y su yerno, el abogado y presidente de ARSAT, Rodrigo de Loredo. Obviamente, también se debería invitar a expertos de ARSAT, INVAP, CONAE, etc. Tanto como para conocer la verdad sobre el tema.
ARSAT es una empresa estatal que, junto a otras instituciones públicas (INVAP, CONAE, etc.), puso en el espacio dos satélites de comunicaciones (Arsat 1 y Arsat 2 – 100% construidos en Argentina). El 03-08-16 se publicó en el Boletín Oficial una Resolución en la que el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, autorizó a la empresa New Skies Satellites, propiedad de la europea SES, a brindar servicios en el país.
Según la nota, esa Resolución generó inquietud entre los especialistas porque avala parcialmente una maniobra que abre lugar a la competencia extranjera, política que entra en contradicción con la ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital aprobada en noviembre de 2015. Una decisión que barrería definitivamente la industria nacional vinculada a esa área espacial.
Porque haber generado capacidades para diseñar y construir satélites no es una cosa de todos los días, y no se puede “entregar” graciosamente al negocio privado. Porque tener satélites es parte de la soberanía como país. Y la soberanía no se entrega al mejor postor.
Ahora que Arsat 1 y 2 pueden empezar a generar ganancias para el Estado e impulsar otros proyectos estratégicos, abren los cielos para que entren compañías extranjeras. Además es extraño que se haya desactivado la construcción del satélite Arsat 3.
No sabemos qué es lo que vendrá, pero no sería extraño que, luego, los satélites argentinos sean “ineficientes” y los “venderemos” o no los construiremos más. Y entonces habrá que “reconvertir” a las empresas ineficientes como manifestó Prat Gay.
Esto mismo ya pasó con YPF cuando la última dictadura tomaba préstamos internacionales a nombre de YPF, los usaba para cualquier otra cosa y, luego, YPF era “ineficiente”, aspecto sobre el que se apoyó Menem para privatizarla a precio vil, con los resultados conocidos por todos.
En síntesis, hoy los negocios de las corporaciones están por encima de los Estados nacionales. Por eso con los satélites y las políticas de cielos abiertos tendría que haber Audiencias Públicas. Por lo menos para intentar evitar esa mezcla de colonización y negociados que, obviamente, benefician a las corporaciones transnacionales y a algunos particulares involucrados en el tema. Además, para que se cumpla con la ley 27.208.
El viernes 19 de agosto de 2016, se habilitó a operar en el país al Eutelsat 113 WA, de la francesa Eutelsat, pese a que Arsat-2 no tiene vendida su capacidad. A su vez, se firmó el contrato con Mc Kinsey que podría servir para justificar la privatización o el loteo de la compañía.