UNTER en «estado de alerta» ante medidas que modifican el sistema previsional

Ante lo que califica como el desfinanciamiento del ANSES, la UNTER de Río Negro se declaró en estado de alerta permanente en defensa de los derechos de toda la clase pasiva docente. En un comunicado que firman Sonia Perigini y Mario Floriani, Secretaria de Jubilados de UNTER y Secretario General del gremio, respectivamente, señalan también que «exigimos a los diputados y senadores nacionales que representan al pueblo de Río Negro que defiendan los derechos conquistados y que no permitan el uso discrecional de los Fondos de Garantías Sustentables para dar previsibilidad a los actuales y futuros jubilados.

«Una vez más nos vemos obligados como sindicato a denunciar que la clase pasiva es utilizada por este gobierno de corte netamente neoliberal para hacer política barata. El proyecto enviado al Congreso cuyo título es el de Reparación Histórica en realidad esconde una amnistía fiscal para los evasores y un engaño para los supuestos beneficiarios», señala UNTER.

Agrega que «no se van a liquidar las sentencias judiciales firmes, ni a aplicar la jurisprudencia de la Corte Suprema, esto implica que aquellos que han estado años litigando no entrarían como tampoco los que se jubilaron después de diciembre de 2006 ni docentes ni ningún otro con regímenes especiales».

Puntualiza que es válido aclarar que no es necesaria una ley para esto ya que con fecha 4 de noviembre de 2009 se firmó, en la ciudad de Washington, un acuerdo de solución amistosa por una demanda presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1995 (causa “Menéndez, Caride y otros”). El Estado Argentino se obligó a cumplir 3 puntos. En el primero está contemplado aplicar estrictamente lo que ordena la resolución 955/08 de la Secretaría de Seguridad Social y, principalmente que “todas las sentencias judiciales aún pendientes de ejecución, salvo disposición en contrario contenida en la propia sentencia judicial firme, deben ser cumplidas sin otras limitaciones más que aquellas dispuestas en la norma (…) Toda otra limitación introducida por vía de interpretaciones infra¬normativas no será aplicable”. Asimismo el Estado pactó “no apelar las sentencias judiciales de primera o segunda instancia que hubieran sido favorables a los beneficiarios, en supuestos de hecho en los que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya se haya expedido”.

La UNTER aclara que «el Estado se haya obligado a cumplir un acuerdo en sede internacional tiene graves consecuencias diplomáticas en caso de incumplimiento. Nos encontramos hoy ante la disyuntiva de denunciar el acuerdo en la OEA y solicitar que intervenga la Corte Interamericana de DDHH ante un nuevo avasallamiento en los derechos de los jubilados/as y pensionados/as que representamos. El proyecto de Ley que analiza el Congreso representa una confiscación encubierta de la deuda, ya que se piensa solo abonar una parte, poniendo en juego la sustentabilidad del sistema en su conjunto y permitiría una reforma del sistema previsional sin incluir los conceptos de público y de reparto en la conformación de la comisión que tendrá a su cargo el armado del proyecto de reforma que incluirá como se anunció públicamente elevar la edad jubilatoria. Significando un retroceso para los y las trabajadores/as en derechos previsionales».

Por último sostiene que «el Fondo de Garantías Sustentables (FGS), es un fondo de los/las trabajadores/as para los/las trabajadores/as y administrado por el Estado. Cuando arbitrariamente y por una causa de “RECONOCIMIENTO” como dice el gobierno de Macri, se apodera de estos, lo único que provoca es su quiebra y lo sufren los propios trabajadores/as. No hay sistema posible sin capitalización de los fondos públicos. Una vez quebrado, el único camino que queda es el de la privatización previsional, algo que nosotros conocimos en un pasado no muy lejano y que rechazamos de plano».