Llamado urgente a una audiencia públicas por las tarifas de gas

El Subsecretario General de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Dr. Juan José Bockel, exhortó al Ministerio de Minería y Energía de la Nación para que “a la mayor brevedad posible convoque a una audiencia pública para efectuar la Revisión Tarifaria Integral de gas.

“El plazo de un año para llevar a cabo la adecuación de las facturaciones es excesivo”, sostiene Bockel y estableció un plazo “diez días hábiles para que se le responda”.

La Defensoría del Pueblo de la Nación respondió a la intervención que le hiciera la senadora nacional Magdalena Odarda, sobre al aumento de la tarifa de gas en la Patagonia.

La audiencia pública es necesaria para brindar adecuada información a los usuarios y transparentar los costos de las empresas, conocer las inversiones realizadas por las mismas y las razones que pudieran justificar un incremento en las tarifas del servicio público de gas.

“Se han recibido múltiples consultas de distintos usuarios de todo el país, vinculadas con el incremento de la facturación del servicio de gas natural superior en muchos casos al 700%. Por resolución del Ministerio de Minería y Energía se instruyó al ENARGAS a que lleve adelante el procedimiento de Revisión Tarifaria Integral previsto en las Actas Acuerdo de Renegociación Contractual Integral celebradas con las Licenciatarias en el marco de lo dispuesto en la Ley 25.561, el que deberá concluirse en un plazo no mayor a 1 año desde la fecha de la presente medida”, explicó Bockel al pedido de informes elevado por la senadora Odarda.

La Revisión Tarifaria incluye aspectos como el estudio del nivel socio económico del usuario para categorizarlos; parámetros de calidad y su modelo de control; entre otros.

Además, desde el organismo nacional consideran que “es importante conocer al momento de analizar distintas medidas económicas y sociales, la capacidad contributiva y económica de los usuarios”, subrayando que “todo ello ameritaba ser conocido y discutido en una Audiencia Pública previa, y más allá de una obligación legal de convocarla, deviene necesaria para que los usuarios puedan conocer el nuevo cuadro tarifario”.