“Este chico está desencajado”. ADN

La frase del título se dijo en la intimidad del Consejo de la Magistratura como una manera categórica de definir la conducta y procedimiento del juez Fabio Igoldi, al frente del Juzgado Penal 2 de Viedma, al tomarse la decisión de suspenderlo de sus funciones.

Este organismo de la Constitución, integrado por el poder político, representantes del Poder Judicial y del Colegio de Abogados, tomó esta medida el jueves pasado y a la vez –junto a otras resoluciones- opinó contra la aceptación de la renuncia presentada por el camarista suspendido Juan Bernardi -con un procedimiento abierto de juicio político- y además determinó seguir con el sumario contra el Fiscal General Marcelo Alvarez, por apremios ilegales en la investigación del conocido caso como el doble crimen de ancianos en Sierra Grande en el 2008.

Hubo un mensaje desde la Magistratura hacia el interior de la Justicia y otro desde el Superior Tribunal para su “propia tropa”, aun cuando faltan resoluciones sobre las actuaciones de los actuales camaristas Daniela Zágari y Carlos Reussi, por sus actuaciones en la investigación del caso Atahualpa.

El mensaje llegó. Se reunieron algunos fiscales e intercambiaron opiniones sobre la tarea de investigación y su rol protagónico en la recopilación de pruebas. Eficiencia y profesionalidad y lejos de la política.

En el caso Igoldi la Justicia respondió –salvo el voto del juez Gustavo Guerra Lavayén- en defensa propia porque el tema había “saturado”, incluso en aquellos que lo defendían con la remanida frase: “Igoldi es Igoldi”, una definición que pretendía justificar el “estilo” del magistrado, como fue el caso de la pelea que protagonizó en el despacho de Carlos Mussi con el juez Carlos Reussi.

Ahora Fabio Igoldi tiene la oportunidad de defenderse y rebatir cada uno de los argumentos que cuestionan su labor al frente del Juzgado Penal 2.

Por de pronto fue rápido en responder y mandar un mensaje a sus pares y superiores. Renunció a cobrar su sueldo mientras dure el sumario. Una manera de demostrar que no tiene dependencia para obtener su sustento y el de su familia y que no es el dinero lo importante, en un ámbito de férrea defensa al ingreso, de intangibilidad salarial y movilidad previsional. Buscó diferenciarse.

¿Pueden calificarse las medidas tomadas por el Consejo de la Magistratura como una advertencia y un llamado a “poner las barbas en remojo”? Al menos podría decirse que funcionó, aun cuando en el caso de la renuncia de Bernardi hubo reacciones de desaprobación del público que seguía la reunión, una cuestión que debe entenderse más desde la confusión y la repercusión social del tema, porque pareciera que nadie pudo resolver aún la interpretación sobre quién recae la facultad de aceptar la renuncia del juez.

Mucho se ha escrito de la actitud monárquica que muchas veces tiene la Justicia hacia la sociedad, e incluso buscando una veneración que no se traduce al momento de administrar justicia.

Se hace necesario un poco de “irrespetuosidad” de parte de la sociedad y que a su vez el justiciable pueda jerarquizar este lugar que tiene el Consejo de la Magistratura para denunciar injusticias de la justicia.

La sociedad requiere de conductas que destierren impunidad, privilegios y actitudes de habitantes del Olimpo, para recuperar cierto descrédito que nace desde el propio ámbito judicial.

Valga citar por ejemplo, que si bien Fabio Igoldi fue suspendido por las falencias cometidas en la investigación del incendio del Juzgado 4 de Viedma, hubo otro conjunto de denuncias que se refieren a causas penales de hombre y mujeres «de la calle» que acudieron al servicio de Justicia –como homicidio, abusos sexuales, lesiones con configuración de violencia de género, vulneración del derecho de defensa y contra la administración pública- con reiterados errores de procedimientos con los consecuentes llamados de atención de la Cámara Criminal.

Vale decir además –y no es una cuestión menor- que por su actuación en la causa del incendio del edificio de tribunales, el caso quedaría sin resolver y no habría otro camino que cerrar la investigación, con supuestos implicados en libertad, consagrando la impunidad en las propias narices del Poder Judicial, donde nunca se sabrá quién fue el autor o autores intelectuales del siniestro y sus ejecutores.

Un verdadero papelón que a decir del sumario elaborado por el Consejo de la Magistratura, por parte del legislador Adrián Casadei, encuentra su origen en la antipatía de Igoldi hacia la fiscal Itziar Soly. Inexplicable.

Era necesario al menos un gesto hacia la sociedad y reafirmar la vigencia de los ámbitos constitucionales y evitar nuevos descréditos de las instituciones.

Esta vez funcionó.