El Gobierno trabaja en una nueva ley de semillas para enviar al Congreso

El diario español El País, publicó una nota en la que asegua que Argentina pondrá fin al conflicto con Monsanto por el control de la soja transgénica. Para ello, prepara una nueva ley de semillas que llegará al Congreso en agosto.

La nota, firmada por Mar Centenera, dice:

Los cargamentos de granos argentinos dejarán de ser controlados compulsivamente por la multinacional agrícola Monsanto para identificar semillas de su nueva soja transgénica, la Intacta RR2, procedentes del mercado negro. El Estado argentino queda como el único responsable de combatir la ilegalidad en el comercio de granos, según el acuerdo presentado este jueves por el Ministerio de Agroindustria argentino. El pacto pone fin a meses de conflicto con el mayor productor mundial de organismos genéticamente modificados (OGM) pero tiene un carácter temporal: es válido para la actual cosecha. De cara a la próxima, el Gobierno trabaja en el proyecto de una nueva Ley de Semillas, que será enviará al Congreso el próximo agosto.

«El INASE (Instituto Nacional de Semillas) va a celebrar convenios con organismos públicos y privados de manera tal de poder hacer controles selectivos para determinar la legalidad de las semillas», informó el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, en conferencia de prensa. Los tests genéticos permitirán detectar la presencia de una proteína característica de la soja transgénica. Si el resultado es positivo, los productores deberán acreditar la compra de semillas certificadas o, en caso contrario, serán multados y perderán el derecho al «uso propio», es decir, la posibilidad de cultivar semillas que hayan obtenido de sus cosechas.

«El espíritu de la ley es este: nosotros fiscalizamos para que las empresas privadas puedan desarrollar tecnología y cobrarla», afirmó Buryaile. En el anuncio marcó distancias de la anterior gestión y aseguró que en ningún momento van a fijar precios y a interferir en acuerdos entre privados: «Eso terminó el 10 de diciembre».

Los agricultores argentinos rechazaban los controles portuarios impuestos en 2015 por Monsanto, con el beneplácito del sector exportador y el respaldo de la industria semillera. Tras el cambio de Gobierno, las nuevas autoridades dejaron claro que estaban a favor de rastrear la soja genéticamente modificada que no hubiese pagado derechos, pero rechazaban que Monsanto se convirtiese en una suerte de policía agrícola. La disputa escaló el pasado abril, cuando la controvertida compañía anunció que dejaría de vender semillas transgénicas en Argentina.

«Lo califico como el mejor acuerdo negociado. Nos da previsibilidad y nos permite transitar esta campaña y trabajar sobre una nueva Ley de Semillas», dice a EL PAÍS Alfredo Paseyro, presidente de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), en la que participa Monsanto. «El Ministerio ha encontrado una solución al conflicto. Una empresa había pretendido ejercerse en el controlador y en eso no estábamos de acuerdo», opina por su parte el titular de la Confederación Rural Argentina, Dardo Chiesa, que aglutina unos 109.000 productores agropecuarios.

La primera soja transgénica de Monsanto, la RR (resistente al herbicida glifosato, que la firma comercializó bajo el nombre de RoundUp), fue introducida en Argentina en 1996. La posibilidad de plantar los granos cosechados y los escasos controles estatales dispararon el contrabando de la semilla que en poco tiempo se convirtió en la estrella del campo argentino y la principal puerta de entrada de moneda extranjera para el Gobierno. Argentina es actualmente el tercer exportador mundial de soja y el primero de harina y aceite de esta oleaginosa. Según las proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, la venta de soja y derivados de esta campaña aportará divisas por 21.000 millones de dólares.

Aunque el ministro evitó dar cifras, el sector estima que solo entre el 15% y el 20% de los granos cuentan con la certificación en regla. La compañía estadounidense quiere evitar que la comercialización ilegal se repita con la Intacta RR2, resistente a los insectos, y presiona para cambiar la legislación argentina, que reconoce los derechos de propiedad intelectual de la soja transgénica pero permite a los agricultores locales el uso gratuito de semillas de segunda generación reproducidas por ellos mismos.