Cruces entre los Colegios de Abogados y el fiscal de Estado de Río Negro

(ADN).- Los cuatro Colegios de Abogados de Río Negro presentaron un planteo contra la provincia de Río Negro para que se declare la inconstitucionalidad de una parte de la Ley K 4199, relativo al régimen de designación de los adjuntos del Ministerio Público del Poder Judicial.

Las entidades profesionales señalaron que todos los integrantes del Ministerio Público, sean titulares o adjuntos, deben haber cumplimentado los mecanismos constitucionales para su designación, considerando “inconcebible que se incorporen funcionarios violando el procedimiento constitucional”.

Remarcaron que siendo el Consejo de la Magistratura un órgano del Estado, no posee personalidad jurídica propia, razón por la que “los Colegios de Abogados detentan la legitimación activa en esta acción”.

Además, refirieron que “no se trata de un supuesto de defensa de derechos patrimoniales individuales o subjetivos individuales de los integrantes, sino que cada Colegio en forma individual defiende la vida institucional de la provincia, ante una ley que afecta garantías institucionales de funcionamiento del Poder Judicial y del Ministerio Público”.

Por su parte, el abogado Julián Fernández Eguía, en su calidad de fiscal de Estado, opuso “excepción de falta de legitimación activa en los demandantes” y señaló que los Colegios de Abogados esgrimen que su presentación se efectúa en defensa de las garantías institucionales de funcionamiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, determinando que su legitimación viene dada por sus estatutos y por el artículo 221 de la Constitución Provincial, pero “no demuestran cuál es el interés concreto”.

El fiscal de Estado destacó que “no puede predicarse que las asociaciones demandantes ostenten una representación respecto de derechos colectivos de la comunidad vinculados con el acceso o el servicio de justicia”.