El Gobierno busca facultar al Poder Judicial comprar insumos de manera más agil
El Poder Ejecutivo envió a la Legislatura un proyecto de ley para otorgar al Poder Judicial facultades transitorias para realizar contrataciones con mayor agilidad, sin resignar «razonabilidad» de precios. La iniciativa surge en el marco de la implementación del nuevo Código Procesal Penal.
En los fundamentos, se explica que la medida es necesaria para acceder a mecanismos de contratación ágiles y eficientes, excepcionando los procedimientos ordinarios licitatorios, sin perjuicio de lo cual deberá justificarse siempre la razonabilidad del precio y la conveniencia de las propuestas de compra o contrataciones, surgiendo relevante fortalecer las áreas de gestión administrativa.
Con la sanción de la iniciativa, el Poder Judicial podrá contratar los insumos que demande la adaptación de las actuales estructuras edilicias, el mobiliario necesario, los equipamientos informáticos y de tecnologías de la información que requieran, y el desarrollo de sistemas informáticos propios y de apoyo a la gestión judicial.
Además, podrá alquilar inmuebles cuando no sea posible adaptar los edificios actualmente en uso; contratar las capacitaciones aprobadas por la Escuela de Capacitación Judicial; contratar personal o profesionales en forma transitoria, afectados de modo exclusivo a la implementación de la Reforma Procesal Penal, con vigencia contractual no mayor a dos años; y también podrá realizar adscripciones de profesionales pertenecientes a la planta permanente de los otros Poderes del Estado.
El sistema acusatorio que conlleva la aplicación del Código implica una reforma sustancial de las estructuras orgánicas del Poder Judicial, la reformulación de la planta de funcionarios, la necesidad de la readecuación edilicia, la incorporación de equipamiento tecnológico, especialmente hardware y de videograbación de audiencias, y el desarrollo de sistemas informáticos propios (software de gestión judicial).
La iniciativa enviada con acuerdo de ministros prevé además que el Poder Judicial informe a la comisión Interpoderes de forma trimestral sobre el avance de la implementación de la Reforma Procesal Penal.