Aguiar dijo que Weretilneck no dialoga y el que Fiscal «es un chupamedias”
La CTA de Río Negro adhirió al paro nacional lanzado para este viernes por distintas centrales obreras en reclamo de aumentos salariales acordes a la inflación, un aumento de emergencia para los jubilados y el cese de los despidos. “Ningún arreglo puede estar por debajo del 40%”, dijo el titular de ATE Río Negro, Rodolfo Aguiar, pocos minutos después de haber sido notificado que pesa sobre él y otros dirigentes la acusación formal de “coacción agravada” que les formuló el fiscal Martín Pezzetta. “Es un chupamedias que quiere congraciarse con el poder de turno”, replicó Aguiar sobre la decisión del funcionario de achacarles un delito que contempla una pena de hasta 6 años de prisión.
“Está claro que el gobernador nos quiere ver presos”, sostuvo el sindicalista, quien considera que desde el Poder Ejecutivo no le perdonan “que dejemos en evidencia que un gobierno viola la ley contratando personal mediante becas, en negro, al que le pagan 3 mil pesos por 8 horas de trabajo. Hay una naturalización de la violación de la ley”, sentenció.
“Desafío al gobernador Weretilneck a que muestre un solo papel, donde nos convoca a un diálogo. Lo que pasa es que está acostumbrado a dirigentes a los que les palmea la espalda y los conforma”, expresó el titular de ATE Río Negro.
Aclaró que en las últimas protestas efectuadas en Barda del Medio han quedado vías alternativas, pero reconoció que “molestamos y molestamos mucho, porque intentan acallar los justos reclamos de los trabajadores, por eso nos quieren meter preso, pero con meter a Aguiar, no van a arreglar el problema”.
El viernes, la concentración fue convocada para las 11 de la mañana en la esquina de Tucumán y Roca, donde funciona la sede del Ministerio de Trabajo de la Nación, para luego marchar por las calles de la ciudad.
Coacción agravada
De acuerdo con el art. 149 bis del Código Penal, la coacción agravada es una fuerza o violencia que se hace a una persona para obligarla a que diga o ejecute alguna cosa en contra de su voluntad. Para la Justicia es más que el delito de amenazas y en caso de que a alguien se le compruebe esta situación puede recibir una pena de entre tres y seis años de prisión.