Vecinos señalan a un matrimonio por casos de inseguridad
En una convocatoria que se realizó en el salón de actos del Municipio de San Antonio, juntas vecinales, autoridades y pobladores coincidieron en la necesidad de “tomar acciones inmediatas para afrontar la situación de inseguridad que afecta a la comunidad Oeste y Las Grutas”.
En el encuentro estuvieron la fiscal adjunto Mariela Coy Diaz, el comisario a cargo de la Unidad 10ma, Orlando Cañuleo y su par policial Guillermo Díaz Coronado; la jueza de Paz Giannina Olivieri, los legisladores Javier Iud y Adrian Casadei, concejales, otros funcionarios locales y vecinos de distintos sectores de la ciudad.
Se informó que “los vecinos plantearon la situación sobre los hechos delictivos que han acontecido en las últimas horas en la localidad, responsabilizando a un matrimonio local, que amenaza y roba constantemente a los residentes”.
“Los damnificados expusieron airadamente que los malvivientes salen en libertad a pocas horas de cometer el delito y ante estos hechos se sienten abandonados por la Justicia. Según se informó desde la Comisaria local, la pareja de delincuentes fue arrestada y trasladada a la ciudad de Viedma, para comparecer ante el juez interviniente en la causa”.
Durante la reunión la fiscal Coy Díaz refirió ante los vecinos que “la Policía actuó rápidamente, detuvieron a los delincuentes y la detención la da el juez penal en turno, en este caso el juez Mussi del Juzgado Penal N° 4″, de Viedma.
«Cuando hay un autor, el que instruye es el juez, no es el fiscal, los fiscales no podemos dar instrucciones porque ya está instruyendo el juez”, agregó la fiscal. “Nosotros estamos fiscalizando cada uno de los actos procesales que la policía lleva adelante, para que se hagan correctamente, y con los requisitos legales que se tienen que hacer. Pero yo no soy fiscal titular, soy fiscal adjunta de la ciudad de San Antonio, hay un titular en Viedma y hay cosas que yo no puedo decidir, si no es con la autorización del fiscal”, explicó Coy.
Además, la fiscal detalló a los presentes que “en esta oportunidad, una vez que este la indagatoria, se verá, porque hay una diferencia penal porque fue hurto y no robo. El hurto es un hecho de una pena de menos de tres años y hay que ver si las personas tienen condenas”.
Por su parte, Iud sostuvo que “en nuestra ciudad estos hechos cada día son más reiterados, hay herramientas y leyes vigentes que nosotros estimamos que siendo aplicadas de otra manera pueden permitir disminuir algunos de estos índices, y todo lo que tiene que ver con la realidad popular».
«Una persona es detenida y vuelve antes que el patrullero, proveniente de la ciudad de Viedma, lo que a llevado a un relajo a través de las redes sociales, algunos que cometen delitos se sacan fotos con lo que roban, con las armas con las que cometen delitos, dando una señal de impunidad y buscando en la sociedad un amedrentamiento por parte de los vecinos; decir que voy a denunciar, subyace una molestia de la gente, por la falta inmediación de parte de los organizamos públicos del estado y de los jueces, la gente los siente lejos de la problemática, por eso la semana que viene vamos a juntarnos con los jueces vamos a mantener una entrevista, por los temas puntales que han ocurrido, lo satisfactorio seria que podamos establecer de manera periódica y cotidiana que cuando los jueces vienen, también puedan tomar contacto con las instituciones que representan a la comunidad e ir evaluando y analizando y sobre todo los resultados que se van obteniendo”, agregó Iud.
En este marco, vecinos pidieron explicaciones y un pedido de mayor seguridad a las autoridades presentes. En el lugar se decidió realizar un viaje a Viedma el próximo miércoles para tratar de coordinar una audiencia con los dos jueces de garantía que existen en la provincia, y son los que toman los casos de la localidad.
Además, se gestionará una reunión con el titular de Tren Patagónico para insistir en el pedido de retiro de los vagones en desuso que se encuentran en la ciudad, donde los malvivientes se refugian.
Durante el año 2015, este pedido puntual fue reiterado por el Municipio, tras una primera solicitud realizada por el concejal Curaqueo. Por escrito, y mediante la prensa, el titular de la empresa se comprometió al retiro total de esos vagones, pero hasta el momento solo se llevaron cinco rodados.