Un caso emblemático. ADN

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La muerte de Atahualpa Martínez Vinaya es un caso emblemático en la historia de la crónica policial de la capital rionegrina, que a decir de un conocedor de investigaciones criminalística “nunca se sabrá” que pasó. Nada aliciente para familiares y amigos y sobre todo para Julieta Vinaya, que como las madres del dolor sigue bregando para obtener justicia para su joven hijo muerto.

La Justicia rionegrina, como en otros tantos casos, y valga también una mención para el jornalero jujeño Daniel Solano, desaparecido hace cuatro años cuando fue sacado por la policía de un local nocturno de Choele Choel, sigue en deuda con Atahualpa, como también con otros familiares de una larga lista de crímenes no resueltos.

Atahualpa Martínez fue asesinado entre 4,30 y 9 del 15 de junio de 2008 por un disparo de arma de fuego. El cuerpo fue encontrado en el camino vecinal que conduce a la Alcaidía y al Autódromo, detrás de la planta transformadora de electricidad y a unos quinientos metros aproximadamente de la Avenida Perón.

Las autopsia dijo que hubo»…lesión vital por herida contusa con arma de fuego, de forma redondeada, localizada en región axilar posterior izquierda -orificio externo, sin orificio de salida, de diámetro de 0,4 cm- perforando pulmón, (lóbulo superior) atravesando el tórax, efectuado a una distancia estimada entre la boca del arma y el plano del cuerpo mayor a 50 cm, que le ocasionó una hemorragia con shock hipovolémico y la muerte…».

No hubo improvisación, ni en la elección donde fue dejado el cuerpo, ni en la forma de ejecución. Disparo a corta distancia al tórax.

Mucho de lo poco que se sabe debe buscarse en la investigación que realizó la Justicia y el desempeño de la policía en la pesquisa y búsqueda de datos y pruebas.

No es menor en esta causa señalar que la Justicia absolvió a Carlos Morales, Felipe Carrasco y Belén Fernández Barrientos, en un fallo de la Cámara integrada por Juan Bernardi, Eduardo Roumec y Rolando Gaitán, que declaró nulo el allanamiento donde se recogieron pruebas valoradas por la Fiscalía y desestimó distintos testimonios en contra de los imputados, que quedaron en libertad.

El fiscal Fabricio Brogna había acusado a los procesados como coautores del hecho y requirió 17 años Morales Toledo y Carrasco, y 15 años de Barrientos y ante el fallo de la Cámara, el fiscal fue en casación ante el Superior Tribunal, que aún no resolvió sobre el tema.

¿Qué pasó? El tribunal explicó que no hubo una «unidad» para demostrar la participación de los acusados en los hechos y los camaristas hablaron que se armó una «hipótesis» que no fue suficiente para llegar a una condena, e incluso se mencionó la falta de pruebas que relacionen a la víctima con los acusados.
Todos argumentos rebatidos por Brogna. Hasta acá el debate en la Justicia.

Los reclamos de Julieta Vinaya, amigos y familiares se fueron derivando del ámbito judicial hacia la política que no tardó en buscar un camino alternativo en la creación de una comisión parlamentaria de investigación. La legislatura rionegrina tiene antecedentes en tipo de trabajo, como fueron las comisiones del doble crimen de Río Colorado y del triple crimen de Cipolletti, por nombrar quizás los casos de mayor trascendencia.

La comisión tiene plazo para presentar su informe hasta el 30 de este mes y en una sesión de la Legislatura dará a conocer sus conclusiones que tendrán que ver con el desarrollo de la investigación y un análisis político del caso, donde trabajaron representantes de las bancadas parlamentarias.

No es mucho lo que se sabe. Hay un cerrojo informativo para evitar que se filtren datos del trabajo de la comisión legislativa y además todos sus integrantes, colaboradores y peritos firmaron un Acuerdo de Confidencialidad.

De todos modos algunas cuestiones trascendieron y el trabajo parlamentario pondría en evidencia que habría fallas en la investigación, errores, pruebas que no resistieron en el tiempo, declaraciones de testigos y trabajos de peritos y otros elementos, que determinan responsabilidades de quienes tuvieron a su cargo la tarea de esclarecer la muerte de Atahualpa Martínez.

De acuerdo a apreciaciones recogidas en ámbitos judiciales y otras fuentes dignas de créditos, no se descarta que las conclusiones de la comisión legislativa sobre la muerte de Atahualpa Martínez sean elevadas al Consejo de la Magistratura para analizar el desempeño en el caso de la fiscal (ahora camarista) Daniela Zágari, un tema que la propia funcionaria también evalúa e incluso se ha interesado de la situación y habría tomado contacto con integrantes de la propia comisión, un hecho que habría molestado a la familia Vinaya Martínez, que comparte este criterio de errores en la investigación fiscal.

En este tema también jugará un rol importante la posición que adoptará cada bloque legislativo al tomar conocimiento del informe final de la comisión parlamentaria.(ADN)