Fuego y contrafuego. ADN

collage

La comisión que investiga el atentado contra el edificio de Tribunales de Viedma había cerrado el círculo. La fiscal Itziar Soly tenía las conclusiones en su poder, no sin un dejo de satisfacción y alegría. Asumió hace un año, en julio del 2014, y se encaminaba a aportar al juez los datos que podrían resolver un hecho de honda connotación política, aunque las máximas autoridades judiciales lo soslayen.

No es poca cosa llevar a buen puerto una investigación de este tipo en poco tiempo, cuando la Justicia tiene acostumbrada a la sociedad a resolver las causas en plazos prolongados y cuando además existen múltiples muchas sin resolución.

Viedma se despertó el 26 de julio con la noticia de un incendio en el edificio de 25 de Mayo y Laprida, en el corazón administrativo de la capital provincial, a metros de la Casa de Gobierno, de la Jefatura de Policía y en las narices de las alfombrados despachos de los cinco jueces del máximo tribunal. El propósito: quemar expedientes de los juzgados penales, especialmente del Juzgado de Instrucción N° a cargo de Carlos Mussi. Solamente una buena dosis de suerte hizo que no ardiera todo el edificio.

A dos meses y medio del incendio, parecía que el tema estaba casi resuelto, tanto el motivo del hecho como la identificación de cómplices y presuntos ejecutores. Las pericias, escuchas telefónicas y demás tareas de sabuesos policiales y judiciales habían determinado quien podría ser el autor intelectual e instigador, quien sería el encargado de contratar la mano de obra “especializada” y quienes serían los autores del atentado que ingresaron por una ventana al edificio.

Soly avanzó con mucha reserva y precaución, y el miércoles y jueves pasado pidió al Juez de Instrucción Favio Igoldi diversas medidas, allanamientos, imputaciones y detenciones de quienes a decir del resultado de la investigación estarían comprometidos con el atentado.

Con reserva se hacen los allanamientos y las detenciones hasta que el jueves toda esta parafernalia de información se conoce, fundamentalmente por el allanamiento del domicilio y estudio de Ignacio Galiano, conocido abogado de esta capital y luego desde Patagones la policía local hace conocer otros allanamientos y demora de Iván Colman y la búsqueda de su hermano Fabricio, que estaba prófugo. Luego se conoce que también habían sido detenidos dos policías rionegrinos y éste es un punto no menor en la investigación.

Todo indicaba que se transitaba el camino correcto hasta que se conoció que el juez Igoldi no hizo lugar a las medidas solicitadas ni a las detenciones pedidas por la fiscal. Terremoto interno en la Procuración y sorpresa por la respuesta del Juzgado de Instrucción 2, incluso cuando la propia fiscal Soly confirma que el abogado Galiano está imputado en la causa del incendio, no hubo correlato.

Imposible que pase inadvertida la actitud del juez Igoldi, conocido en la Justicia y entre los abogados locales por su rapidez en imputar, procesar y detener, aún en causas menores, de manera tal que Itziar Soly no pudo disimular su contrariedad con el magistrado en su contacto del viernes con la prensa. Comenzaba a profundizarse una brecha entre ambos.

Qué pasó, una pregunta sin respuesta, en tanto que el juez no informó los motivos de su posición ante el requerimiento fiscal, donde no sólo no produce imputaciones ni detenciones sino que deja en libertad a los sospechosos y no hace lugar a otros pedidos de la fiscalía.

Ayer fue evidente la preocupación de allegados a la fiscal, que siente que Igoldi la dejó sin protección y que además, todos los sospechados, que ahora saben que la Justicia los busca, tendrán tiempo de irse de la Comarca o preparar sus estrategias defensivas. Lo más inquietante es que de acuerdo a los trascendidos se trata de personas con frondosos prontuarios y “peligrosos”.

Hay quienes recuerdan las denuncias de la fiscal sobre filtraciones en la investigación por parte de personal del Juzgado de Igoldi y otros que afirman que también queda claro que el atentado tenía como destino las oficinas del juez Mussi.

Pero si algún condimento especial le faltaba a esta zaga la puso el gobierno ayer a la tarde en un comunicado informando, con buen criterio, que dispuso custodia policial a la fiscal Itziar Soly y que había preocupación en el Poder Ejecutivo por la seguridad de la funcionaria judicial.

El gobernador quiso curarse en salud e hizo prevención. Fue informado por su propia policía sobre la peligrosidad y la calaña de los sospechados que están en libertad y además sabe que en esta investigación hubo una activa y decidida actuación de hombres de la fuerza de seguridad provincial y conoce detalles del hecho.

La preocupación demostrada por el gobierno provincial es inversamente proporcional al interés demostrado por el juez. Un contraste evidente que pone a la fiscal a merced de cualquier represalia de los presuntos imputados, quienes a su vez están alertados que al menos una fiscal y el equipo de investigación del incendio del edificio de Tribunales los tiene en la mira.

Sin duda que esta situación que se ha planteado tendrá sus derivaciones y pronunciamientos en la semana, tanto desde la Procuración como del mismo Superior Tribunal de Justicia.