Buscan corregir la implementación de comisiones de funcionarios judiciales

Viedma (ADN).- La procuradora general del Poder Judicial de Río Negro, Silvia Baquero Lazcano, dispuso que toda comisión de servicios ordenada por los Tribunales de cualquier fuero e instancia de la provincia que afecte a funcionarios del Ministerio Público, sea viabilizada de manera directa por el administrador general del Poder Judicial.

Al mismo tiempo, ese funcionario deberá comunicar la circunstancia a la Procuración General cuando afecte partidas presupuestarias del propio organismo.

La medida oficial, que rige a partir de hoy, imparte además que los funcionarios del Ministerio Público que sean afectados en las comisiones deben comunicar esa circunstancia a la defensora general o al fiscal general, en su caso, con una antelación no menor a tres días, a los fines de “garantizar la efectiva prestación del servicio de justicia”.

En la resolución 266/15/PG, emitida el 6 de este mes, se aludió a una anterior disposición que solicitó a los magistrados con competencia penal de la Primera Circunscripción Judicial que hagan saber a la Procuración General, con una antelación no menor a cinco días hábiles, el cronograma de audiencias a realizar fuera de la sede natural.

Se reconoció que “en la práctica, se observa que la referida resolución ha generado inconvenientes en la autorización de las comisiones en las que se encuentran afectados funcionarios del Ministerio Público, además de referirse a un único fuero y circunscripción”.

Por otra parte, el administrador general informó que “en ciertas comisiones de servicios que han involucrado a funcionarios de este Ministerio Público no ha existido intervención de la Procuración General, necesaria en cuanto a la afectación presupuestaria pertinente, ni de la defensora general ni del fiscal general, destinadas a evitar la afectación y/o resentimiento del servicio que se presta desde el Ministerio Público”.