La pata judicial de la última dictadura

(Por Ailín Bullentini).- Es el primer condenado por delitos de lesa humanidad que fue juez durante la última dictadura. Fue considerado culpable de encubrir el asesinato de cinco jóvenes y participar en el secuestro de una persona, asociación ilícita y abuso de autoridad, entre otros delitos.

El tucumano Manlio Torcuato Martínez se convirtió en el primer argentino en ser condenado por haber cometido crímenes de lesa humanidad en el ejercicio de sus funciones como juez federal durante la última dictadura cívico-militar. El Tribunal Oral Federal de Tucumán lo sentenció ayer a 16 años de prisión por los delitos de asociación ilícita, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, prevaricato, encubrimiento del asesinato de cinco militantes populares y privación ilegítima de la libertad de otra persona en mayo de 1976. Los familiares de las víctimas y querellantes en el juicio, así como quienes en ese debate representaron al Ministerio Público Fiscal, celebraron el veredicto y lo analizaron como “un paso adelante”, tanto para la Justicia local cuanto para la nacional. “Es una vergüenza menos para la sociedad tucumana”, entendió Agustín Chit, fiscal ad hoc.

Si bien las partes acusadoras exigieron penas más altas durante sus alegatos, evaluaron positivamente el fallo de los jueces Hugo Cataldi, José Asis y Mario Garzón, que resolvieron condenar a Martínez. El debate oral y público en el que se evaluó la responsabilidad del ex juez en los homicidios de María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses y Atilio Brandsen, asesinados en lo que en Tucumán se conoce como la Matanza de la Calle Azcuénaga, y en la privación ilegítima de la libertad de Miguel Romano, duró poco más de tres meses y contó con el testimonio de alrededor de 60 personas.

Martínez es el primer ex magistrado que resulta condenado por haber cometido delitos de lesa humanidad en el marco de sus funciones. El ex juez Víctor Brusa fue condenado a 21 años de prisión hace algunos años. La diferencia es que cuando torturó a casi una decena de jóvenes, durante la última dictadura, era secretario, no magistrado. Los mendocinos Luis Miret, Otilio Romano, Guillermo Petra Recabarren y Rolando Carrizo aún están siendo juzgados por su rol durante el terrorismo de Estado. El resto de los casos que mantienen bajo la mirada de la Justicia a ex miembros del Poder Judicial por delitos de lesa humanidad permanecen, aún, en investigación o no llegaron a juicio. “Martínez fue el juez federal más importante de la provincia durante la dictadura, gozó de los privilegios que la magistratura le dio desde entonces, fue profesor universitario y caminó impune por las calles de la ciudad durante 40 años. Que se lo haya condenado es algo con lo que soñábamos y un procedente de peso para avanzar en causas similares en el resto del país. Detrás de él vienen Miret, Romano, los secretarios de Bahía Blanca y los funcionarios de Chaco y Santiago del Estero”, analizó Chit.

El TOF consideró que Martínez cometió abusó de la autoridad que tenía como juez, incumplió los deberes que esa función le dictaba y encubrió el asesinato de los cinco militantes populares que se hallaban en una vivienda de Azcuénaga al 1600, en la ciudad capital de la provincia, perpetrado por una patota el 20 de mayo de 1976. Según consta en registros y tal como él mismo reconoció en la primera audiencia del debate, el ex juez estuvo en el sitio de la matanza, pero no la investigó. El hecho ya cuenta con otros dos condenados: el entonces jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y Roberto “Tuerto” Albornoz, el jefe del centro clandestino de detención tucumano conocido como Jefatura.

Pero la pena de 16 años de cárcel que recibió Martínez no sólo comprende esos hechos: también fue condenado por prevaricato, abuso de autoridad y la privación ilegítima de la libertad de Miguel Romano, el dueño de la casa en la que sucedió la matanza. Días después de los asesinatos, Romano se presentó en el juzgado de Martínez con la intención de desligarse de las víctimas, quienes le alquilaban la vivienda. Martínez lo detuvo y lo dejó a disposición de la policía provincial. Romano, por entonces paciente psiquiátrico, “paseó por diferentes centros clandestinos”, señaló Chit. Su esposa y su hija reclamaron ante Martínez, quien no movió un dedo, tal como testimoniaron ante los jueces.

Por último, el ex magistrado fue condenado por integrar una asociación ilícita en la que su rol era “ejercer la magistratura para permitir y asegurar el plan sistemático de tortura y exterminio”, remarcó el fiscal ad hoc, quien trabajó junto con Diego Velasco: “Formó parte de una organización criminal destinada a cometer delitos en el marco del terrorismo de Estado”, completó.

La hija de Niklison, que se llama igual que su mamá, integró una de las querellas junto a Emilio Guagnini. “Recibimos esta sentencia como mucha alegría, si bien habíamos solicitado una pena de 25 años estamos conforme con la resolución”, evaluó. “La sentencia era un momento muy esperado por toda la familia, llevamos muchos años de lucha esperando un juicio justo para Manlio Martínez y muchos otros que hicieron tanto daño a toda la sociedad”, sostuvo.

Bernardo Lobo Bougeu, quien junto con Pablo Gargiulo querelló a Martínez en nombre de la Secretaría de Derechos Humanos y parte de la familia de Romano, sopesó la importancia del fallo a nivel general. “Es una sentencia de máxima importancia, sobre todo por el rol que cumplieron las instituciones civiles durante la última dictadura militar”, indicó. De la misma manera lo analizó Chit, quien además de indicar que “es un precedente muy importante en Tucumán, que implica una vergüenza menos para la sociedad tucumana”, lo postuló como “un hecho histórico que ojalá siente precedentes en todo el país”.

El juzgado platense
Las Abuelas de Plaza de Mayo solicitaron al Consejo de la Magistratura que analice la actuación de la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal María José Sarmiento (foto), quien suspendió el proceso de designación de un juez titular para el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 de La Plata.

“Sarmiento tomó la insólita y arbitraria decisión de hacer lugar a una medida precautelar solicitada por el abogado Ignacio Rodríguez Varela, y, de esta forma, frenó el trámite para la designación en el juzgado mencionado, donde cursa una gran cantidad de causas referidas a la investigación de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura y decenas de expedientes referidos a posibles hijos de desaparecidos y a responsabilidades penales en casos ya probados”, informó el organismo de derechos humanos que presentó la denuncia en el Consejo de la Magistratura para que se evalúe la posible existencia de responsabilidad funcional de la jueza. “Repudiamos la decisión arbitraria de la jueza Sarmiento, que dilata la designación de un magistrado en el juzgado”, señalaron desde Abuelas. La institución recordó que entre las causas más relevantes que se tramitan en el juzgado en cuestión están las referidas al llamado Circuito Camps y al Pozo de Banfield.

“Dado que la Constitución Nacional es suficientemente clara en cuanto a que corresponde al Poder Ejecutivo Nacional nombrar a los jueces federales –eligiendo a uno entre los ternados por el Consejo de la Magistratura y requiriendo, además, acuerdo del Senado de la Nación–, y que planteos similares de Rodríguez Varela ya fueron rechazados por la Cámara de Apelaciones –es decir, por los superiores de la jueza Sarmiento–, queda claro que esta medida no busca más que entorpecer la normal administración de justicia y, con ello, el curso de las investigaciones por crímenes de lesa humanidad que tramitan en ese juzgado”, señalaron las Abuelas. Rodríguez Varela presentó una denuncia porque no fue elegido por el Poder Ejecutivo para ser designado juez a pesar de haber obtenido buenos resultados en el concurso.

Listas y niños
Claudio Ronchi es bioquímico, ingresó en el Ejército en 1976 como enfermero y pidió el retiro en 1984. Fue taquidactilógrafo del general Guillermo Suárez Mason. Entrevistado en el programa La Voz de los Colimbas contó que. “Suárez Mason miraba DNI y decía ‘este sí’, ‘este sí’, ‘este no’. Dos veces me tocó transcribir esas listas.” Después fue destinado a Campo de Mayo. “Ahí vi muchas embarazadas, 16 o 17. Mi trabajo era atender a las embarazadas en el sector de Epidemiología. Les tenía que hacer todos los análisis clínicos”, describió. “Pude hablar con una embarazada, no estaba permitido hablar con ellas. Yo hacía mi trabajo. Trataba bien a los pacientes. Me preguntó qué iba a pasar con el bebé, le contesté que no sabía. ‘Ojalá lo supiera, no sé qué está pasando’, le dije. Ella testimonió en el juicio a las Juntas y me mencionó, diciendo que fui la única persona que la trató bien. Había registros de cada embarazada y se trataba que el parto fuese por la noche. Los bebés eran llevados por personal de las Fuerzas Armadas y por civiles”, siguió Ronchi. “He visto a personas que iban al hospital y decían: ‘Sé que ayer hubo un parto y quisiera quedarme con el chico’.”