La Justicia impuso la reducción de internos en la cárcel de Bariloche

Bariloche.– El juez de Ejecución Penal Juan Martín Arroyo, hizo lugar a un hábeas corpus colectivo y ordenó limitar el cupo de internos que deberá tener la unidad penal. Además, expuso la necesidad de una inmediata puesta en marcha de la obra de construcción de un nuevo pabellón, la incorporación de profesionales, la implementación de pulseras magnéticas y la habilitación de internet para el personal que se desempeña en la cárcel.

Respecto del cupo, el escrito del juez Arroyo establece que la cárcel local «tendrá habilitada la capacidad para albergar en condiciones normales a 66 internos, pudiendo esa capacidad extenderse sólo en situaciones de emergencia y por tiempo limitado a 94 personas; contando entre procesados y condenados», se detalla en un comunicado oficial.

Además, Arroyo intimó al titular del Ministerio de Seguridad y Justicia y al director general del Servicio Penitenciario a que en el término máximo de 45 días dispongan las medidas necesarias para reducir la cantidad de internos alojados en la Unidad Penitenciaria 3, hasta llegar al número máximo de 94 internos.

Según consignó AND, el fallo manifiesta que vencido dicho plazo el tribunal dispondrá que no podrán ser admitidas nuevas personas en el establecimiento, en ningún caso y bajo ningún concepto. Es más, el director del penal deberá notificar fehacientemente a la Dirección General del Servicio Penitenciario cuando el número de internos alcance las 90 personas para resolver la situación y cerrar las admisiones del penal, establece el fallo.

Además, la sentencia de Arroyo encomienda al gobernador de la provincia de Río Negro, el titular del Ministerio de Seguridad y Justicia y el titular del Ministerio de Gobierno que realicen «las gestiones necesarias y pertinentes a fin de poner a disposición del Servicio Penitenciario Provincial, en un plazo no mayor a seis meses, tierras donde pueda darse inmediato inicio a la construcción de un pabellón con capacidad para alojar 48 internos en Bariloche».

También se ordena a los titulares de los Ministerios de Obras y Servicios Públicos y de Seguridad y Justicia que arbitren los medios necesarios para que, a más tardar el día 1º de julio de 2015, se reanuden las demoradas y postergadas tareas correspondientes a la refuncionalización y mejora de todas las áreas de alojamiento, servicios y seguridad del penal. Dichas obras deberán estar terminadas antes del 31 de enero de 2016.

En la misma sentencia, se ordena al titular del Ministerio de Seguridad y Justicia, al Secretario de Seguridad y Justicia y al director general del Servicio Penitenciario, a que en un plazo no mayor a 30 días, pongan a disposición de los internos que estén en condiciones de ser incorporados al período de prueba, un inmueble que -en forma separada del Penal III- funcione como espacio de alojamiento «abierto» o «basado en el principio de autodisciplina». El objetivo es que puedan alojarse aquellas personas incorporadas en el beneficio de semilibertad y, eventualmente, salidas transitorias por estudio, siempre que a juicio de la autoridad penitenciaria se encuentren en condiciones de cumplir allí su condena .

Además, se dispuso informar al ministro de Seguridad y Justicia, al secretario de Seguridad y Justicia y al director de Logística e Infraestructura del Ministerio de Seguridad y Justicia, que a partir del 1 de agosto el Juzgado de Ejecución Penal dispondrá que sólo podrán ingresar al Penal 3 internos con condena y procesados con prisión preventiva, quedando desde esa fecha absolutamente prohibido el ingreso de «detenidos» -personas respecto a las cuales no se hubiere dictado auto de procesamiento-, a menos que expresamente manifiesten por escrito su voluntad en sentido contrario, quienes deberán ser alojados en otros lugares de detención que el Poder Ejecutivo deberá acondicionar a tal fin.

En la sentencia también se intima a que se concreten las gestiones necesarias para poner a disposición del Juzgado de Ejecución Penal, pulseras y/o tobilleras magnéticas; que se disponga las medidas para dotar dos aulas nuevas apropiadas para el dictado de clases, tanto de nivel primario como secundario; que se incremente el personal docente que presta servicios en el lugar; que se incorporen profesionales especializados de distintas áreas; que se instale servicio de internet en el penal y se incorporen seis computadoras y una impresora multifunción, y que en un plazo máximo de 45 días los internos que tengan problemas de adicciones y expresen su voluntad cuenten con el tratamiento adecuado.