Bariloche aprobó un nuevo régimen para la pauta oficial
Bariloche.– La pauta publicitaria del municipio y de sus organismos descentralizados estará regida en adelante por parámetros de «distribución equitativa» fundados en mediciones de audiencia y en criterios de «veracidad, accesibilidad e igualdad».
La ordenanza aprobada por el Concejo establece que la publicidad oficial deberá estar canalizada en medios y programas de «exclusiva realización y producción local», que privilegien el contenido «cultural, social y político» y que cuenten con la mayor «audiencia o tiraje». A las producciones independientes se les requerirá una antigüedad mínima de un año.
Esas variables aparecen enumeradas «sin tener un orden de prevalencia» y quedarán sujetas a una posterior reglamentación.
Hasta ahora la pauta municipal estuvo regulada por una resolución dictada en 2009, durante el gobierno de Marcelo Cascón, pero que nunca se cumplió totalmente. No existen por ejemplo los sondeos de opinión para definir en forma objetiva cuáles son los medios y programas preferidos por el público, informó DeBariloche.com.
La nueva normativa será de aplicación sobre toda la inversión en publicidad y propaganda del Ejecutivo municipal, que en la actualidad ronda los 920 mil pesos anuales. También para los avisos de los otros poderes, como el Concejo y el Tribunal de Contralor y de los «organismos del Estado municipal», entre los que figuran por ejemplo el Emprotur y el Instituto de Tierras y Viviendas. El articulado no hace ninguna excepción.
El proyecto fue impulsado por el concejal Leandro Lescano (Pueblo), pero también firmaron como autores la intendenta María Eugenia Martini y los concejales del oficialismo.
Entre las cláusulas nuevas (que no estaban en la resolución) aparece la que obliga a cada uno de los poderes de gobierno a elaborar y difundir un informe anual que describa «el importe utilizado en pauta oficial, la finalidad de cada una de las acciones realizadas y los medios de comunicación contratados» a lo largo del ejercicio.
La ordenanza establece que quedarán excluidos de la publicidad municipal aquellos medios o programas «que atenten contra los valores de la democracia, el buen nombre y honor de las personas o contengan mensajes discriminatorios y racistas». También a los que incurran en faltas a la ley 26.522 de medios audiovisuales.
Pero el texto definitivo no recogió una propuesta del sindicato de Prensa para que el municipio sólo contrate publicidad con medios que tengan a su personal «en blanco» y debidamente encuadrado en la legislación que ampara al periodista profesional.