Reclaman urgente intervención nacional por contaminación de chicos en SAO
Viedma.- La Defensoría General de Río Negro, en representación de los intereses y el derecho a la salud y al medio ambiente sano de niños, niñas y adolescentes de San Antonio Oeste, interpuso un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para solicitar “su urgente intervención a los fines de ordenar la efectiva remediación de las zonas contaminadas”.
La acción judicial fue anunciada hoy por el organismo judicial que encabeza Rita Custet Llambí.
Si bien el juez de amparo Enrique Mansilla –vocal del Superior tribunal- había hecho lugar parcialmente a la demanda, la cual posteriormente fue confirmada por el Superior Tribunal en pleno, la Defensoría considera que las medidas ordenadas “no son suficientes para atender los intereses de los niños afectados”.
Por eso, interpuso recurso federal ante el Superior Tribunal provincial, el cual fue rechazado y es esta decisión la que se pretende sea revisada por el máximo Tribunal nacional.
Los antecedentes de la causa se remontan al 20 de septiembre de 2012, cuando la defensora general de la Provincia de Río Negro promovió ante el Superior Tribunal de Justicia provincial la acción de amparo contra la Provincia de Río Negro y el Municipio de San Antonio Oeste, con el fin de resguardar el derecho a la salud y a gozar de un medio ambiente sano de los niños, niñas y adolescentes que habitan en la ciudad de San Antonio Oeste y que se ven seriamente afectados por la presencia de zonas contaminadas con plomo y otros metales pesados.
Luego de dos años de iniciadas las actuaciones judiciales y de realizadas diferentes medidas procesales, el 25 de julio de 2014, el juez del amparo resolvió hacer lugar parcialmente a la acción, aunque se omitió ordenar a las demandadas la realización de una efectiva remediación de la zona contaminada, en un plazo cierto y perentorio.
A criterio de la defensa pública y “a la luz del interés superior del niño, lo resuelto no resultó suficiente a los fines de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes afectados por la contaminación y pretende que se expida en el caso la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.