La salud de los trabajadores

Buenos Aires (Graciela Pérez. Miradas al Sur).- La desregulación en sanidad abrió la brecha entre prepagas y obras sociales. El concepto de solidaridad, que había regido hasta principios de siglo, se vio trastocado por la mercantilización de un servicio básico. Los avances tecnológicos ampliarían las diferencias.

Las obras sociales le dan salud a 17 millones de personas por $ 500 per cápita sobre las prepagas que cobran $ 1.500”, indicó el secretario general de la CGT, Antonio Caló, en la apertura del Congreso de Salud de los Trabajadores el pasado 9 de abril. El gremialista se quejó del 10% que retiene la Superintendencia de Servicios de la Salud a las obras sociales, al afirmar que “la plata es de los trabajadores, no del Estado”.

Con una exposición breve, Caló reivindicó la figura del polémico dirigente sindical de los metalúrgicos Augusto Vandor, e instaló el debate sobre el financiamiento de la salud de los trabajadores.

A principios del milenio, las reformas en el sistema de salud inevitablemente introdujeron mayores desigualdades, porque el paradigma pasó a girar en torno de la competencia de mercado con la ruptura de los mecanismos solidarios. Se instaló un sistema donde la responsabilidad recayó en el individuo y, en consecuencia, disminuyó el gasto social y el compromiso del Estado.

Si bien la mejora de los índices de empleo y el incremento de los salarios mejoraron la situación financiera de las obras sociales, su desregulación, a partir de 2001, posibilitó que muchos afiliados optaran por el sistema de salud privado. Esta migración, importante sobre todo de jóvenes con mejores ingresos, produjo dificultades económicas, dado que el sistema sanitario de las obras sociales se basa en el principio de solidaridad, donde los empleados jóvenes sostienen a los de edad más avanzada, con menores recursos económicos y más necesitados de una atención sanitaria.

Al respecto, el contador Jorge Pellegrini, asesor de la Uocra, explicó que “con el 1,6% del PBI, el sistema de obras sociales brinda salud al 40% de la población. Son 17 millones de afiliados, pero alrededor de cuatro millones migraron a las prepagas y generaron una distorsión, porque son los que más ganan”.

Ante la posibilidad de elección, muchos afiliados vieron las ventajas que el sector privado les ofrecía: instalaciones y sanatorios más cómodos, bien equipados, consultorios privados, trato más cordial, mayor cantidad de profesionales, entre otras cosas; por lo que no dudaron en invertir más en su salud.

La corrupción de muchas obras sociales, sumado al desfinanciamiento, fueron determinantes para la migración masiva.
De esta manera, el sistema de solidaridad que había regido hasta principios de siglo, quedó sin el sostén principal que posibilitaba a las obras sociales cumplir con las prestaciones.

Con un promedio de $ 393 per cápita, casi un 74% menos de lo que exige una prepaga, las obras sociales atraviesan serias dificultades para incorporar tecnología de punta y mejorar sus infraestructuras.

A través del impulso gubernamental para legalizar el empleo en negro, muchos monotributistas y domésticas comenzaron a efectuar aportes a la seguridad social. Esa masa de trabajadores rápidamente fue incorporada a las obras sociales, pero sus contribuciones promedio fueron menores que las de sus compañeros en relación de dependencia.

“Los monotributistas entraron hace 18 años por la ventana, aportan $ 233 per cápita y un 10% va al Fondo Solidario”, comentó, fastidiado con la situación, Pellegrini. Según el contador, esos tres millones de nuevos afiliados poseen familias numerosas a las cuales el sistema de salud les debe dar cobertura, y esto aumenta el gasto que las obras sociales pueden soportar.

De acuerdo a los cálculos que manejan las obras sociales, los trabajadores en relación de dependencia aportan un promedio de $ 415 frente a los $ 210 de monotributistas y empleadas domésticas. La ganancia es de $ 26 por cada trabajador.

Por su parte, el doctor Gabriel Lebersztein, a cargo de la Secretaría Científica del Instituto de Investigación Sanitaria de la Seguridad Social, opinó que las afecciones crónicas y las discapacidades aumentaron exponencialmente con la incorporación de los trabajadores de menores recursos. “Han crecido las enfermedades oncológicas en un 350%; los enfermos de VIH, un 400%; los discapacitados, un 484%. Un ciclo de tratamiento oncológico cuesta 250 veces más que hace siete años”, manifestó el secretario científico.

Para Lebersztein, el avance tecnológico va a plantear en el corto plazo importantes diferencias en los sistemas de salud, y las obras sociales se las van a ver negras cuando tengan que destinar recursos para cubrir prótesis en 3D, diagnósticos virtuales, telepresencia e interconsultas con especialistas, cirugía robótica, inteligencia artificial, exoesqueletos, etcétera.

Son conocidas las limitaciones y requerimientos que establece el sistema privado de salud a la hora de incorporar personas mayores o individuos con alguna discapacidad. Sin mencionar, claro está, a los trabajadores de menores ingresos que se ven excluidos de entrada. A sabiendas de que ese socio va a representar un gasto para la compañía, prevalece el concepto de rentabilidad.

Dado que las prepagas requieren cuotas más elevadas (alrededor de $ 1.500 mensuales) y cuentan con gran cantidad de gente joven, y por ende, con menos enfermedades, pueden acceder a tecnología más avanzadas y amortizar más rápido los gastos o inversiones en equipamiento y fármacos más sofisticados.

Evaluación de las ciencias aplicadas. En 2002, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) obligó a sus países miembro a regular el ingreso de las tecnologías. Solamente Colombia cumplió plenamente.

Con el plan Federal de Salud 2004/2007, se creó la Unidad de Coordinación de Tecnología de la Salud, cuya función es definir criterios de uso apropiados de las tecnologías y formular políticas que posibiliten su utilización, garantizando que las mismas se realicen de acuerdo a criterios de eficacia y seguridad.

El Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) afiliado a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, evalúa la experiencia científica en la aplicación de las tecnologías. Con proyectos en más de 25 países, en Venezuela estudian una vacuna contra el VIH, costos y efectividad.

Andrés Pichón Rivière, representante de IECS, manifestó que no alcanza con aumentar el porcentaje del PBI en salud, sino que se hace indispensable contar con gente capacitada que pueda determinar qué avances tecnológicos pueden servir en el área, como también qué fármacos mejorarían los síntomas de ciertas enfermedades locales y cuáles son puro marketing.

Profesor de Economía de la Salud de la Universidad de York y miembro consultor permanente del Nice (NationalInstituteforHealth and ClinicalExcellence) del Reino Unido, Michael Drummond se interesó en las Metodologías de Evaluación Económica de Tecnologías Sanitarias (HTA).

Las funciones de la HTA son evaluar el uso adecuado de fármacos y sistemas operativos, conocer si el precio de una droga tiene relación con su valor y la cobertura de acuerdo al paciente.

“Hay innovación continua en fármacos y sistemas operativos. Pueden dar beneficios en la salud, pero suben los costos. Hay que analizar cuáles son los pacientes que deben recibir los tratamientos”, sostuvo Drummond.
En este sentido, la dimensión ética sobre qué paciente puede responder de manera positiva a un tratamiento y a quién sólo se le prolongaría el sufrimiento, se enfrenta de diferentes maneras. En el Reino Unido existe el consejo de ciudadanos. Siempre que surge una cuestión ética la decisión recae en el consejo.

La gran diferencia que existe entre la Argentina e Inglaterra en cuanto a la aplicación de HTA radica en que en el país anglosajón existe una única cobertura sanitaria para toda la población, frente a la gran variedad de nuestro país.

“La Argentina cuenta con un rango importante de habilidades, pero hacen falta datos locales. De aplicar HTA, la organización debe ser percibida como justa e independiente”, concluyó Drummond.

En un país donde quien gana más puede gozar de un mejor sistema de salud con los últimos equipos y tratamientos, y quien no gana tanto debe esperar por un turno en un hospital, escuchar hablar de HTA para obras sociales y hospitales públicos parece surrealista. Sin embargo, los desafíos llegaron y las obras sociales recogieron el guante.