Autoconvocados instaron a legisladores a interpelar a Arroyo
Viedma.- El grupo de Vecinos Autoconvocados en el marco de la investigación por corrupción de niñas y adolescentes en Viedma, se reunió con las autoridades de los bloques legislativos del Frente para la Victoria y de la Alianza Concertación para el Desarrollo.
El objetivo de dichas audiencias fue trasladar la demanda de interpelación del Ministro de Desarrollo Social, Ricardo Arroyo, planteada en el Documento elevado oportunamente con la firma de más de 600 personas.
Los bloques mencionados fueron los primeros en responder a los pedidos de audiencia. Así, informaron que existe una solicitud de interpelación del funcionario presentada por los legisladores del FpV el 26 de marzo, pedido que fue girado por Presidencia del Parlamento a la Comisión de Asuntos Constitucionales en lo que, desde ambos bloques y en la palabra de sus autoridades -Alejandro Marinao y Silvia Horne por el FpV y Dario Berardi por la Concertación-, se señaló como una “maniobra dilatoria”.
De esta manera, para destrabar el pedido -al que estos bloques adelantaron su aprobación-, es necesario que la Comisión sea convocada antes de la próxima sesión legislativa, sesión que estaba prevista para esta semana pero fue suspendida, en principio, para la semana venidera, es decir, la última de ejercicio del cargo por parte de Ricardo Arroyo.
Por tal motivo, los vecinos consideran urgente que el Presidente de la Legislatura, Pedro Pesatti, así como las autoridades del Bloque de Legisladores del oficialismo los reciban. En el caso del Vicegobernador, se informó que el lunes se pondrá en contacto con este grupo, mientras que en el caso de la legisladora Roxana Fernández, que volvería a la ciudad el próximo “miércoles o jueves”.
Los vecinos subrayaron que sin importar las campañas electorales o las internas e intereses partidarios, el Ministro debe ser interpelado por los representantes del pueblo, tanto para dar una muestra clara del interés de las instituciones por no favorecer ningún tipo de impunidad como para evidenciar un compromiso real con la niñez y las políticas estatales orientadas a su protección.