Por decreto, convocan a sesiones extraordinarias de Legislatura el 10 de este mes
Viedma.- El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, dispuso mediante decreto la convocatoria a la Legislatura provincial a Sesiones Extraordinarias para el 10 de diciembre próximo.
En la sesión, convocada para las 9, se prevé el tratamiento de nueve proyectos en total, cuya importancia amerita la realización de una sesión especial.
Entre el temario dispuesto se encuentra el proyecto de Ley mediante el cual se establece, en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial, el pago del adicional por “antigüedad” para los agentes comprendidos en el Régimen Retributivo Transitorio (Ley L Nº 3959) y el Escalafón Sanitario (Ley L Nº 1904).
También se dispuso el tratamiento del proyecto de Declaración de Interés del Plan para una Fruticultura Sustentable; así como el que impulsa la reforma del Código Procesal Penal.
En la oportunidad, también se analizará el proyecto de creación de una Comisión Legislativa Especial que tendrá como objeto revisar y analizar todo lo actuado en la investigación del homicidio del que fue víctima Atahualpa Martínez Vinaya.
Otro de los proyectos incluidos para su análisis en la sesión extraordinaria es la iniciativa mediante la cual se propicia la modificación del Artículo 39 de la Ley D N° 168 de Asociaciones de bomberos Voluntarios de la Provincia.
Lo propio se hará con el que modifica el artículo 4° de la Ley K N° 2312, de Reestructuración y remodelamiento del Registro de la Propiedad Inmueble, en relación a la descentralización del Registro mediante la instalación de cuatro dependencias en distintas localidades.
Será tratada también la iniciativa que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble ubicado en Villa Regina, identificado catastralmente como 06-1B-332-17 y los bienes muebles y equipos muebles de comunicación, operación y transmisión de la Radio LU 16 para ser destinados a la conservación de las fuentes de producción y de trabajo.
También se analizará el proyecto mediante el cual se faculta al Poder Ejecutivo a condonar las deudas por servicios de riego y drenaje a los productores cuyas tierras han sido afectadas por la elevación de las napas freáticas asociadas a la salinización de las aguas del río Colorado, como consecuencia de la construcción y operación del Dique Casa de Piedra. Se constituye un Comité Especial para que evalúe la situación planteada.
Asimismo, se analizará la iniciativa que establece Derechos de Género en el ámbito del Sistema Provincial de Seguridad Pública: Condiciones de Acceso, Permanencia y Progreso de Mujeres y Varones; la que propicia la derogación del inciso n) del Artículo 26 de la Ley L N° 679; y finalmente la que establece el régimen de licencia por paternidad para todos los agentes públicos que se desempeñen en el ámbito del sector público provincial.
El Decreto del Gobernador Weretilneck se fundamenta en lo imperioso de efectuar el tratamiento del proyecto de ley que establece el pago del adicional por “antigüedad” para los agentes de la administración pública, que se encuadran en el Régimen Retributivo Transitorio (Ley L Nº 3959) y el Escalafón Sanitario (Ley L Nº 1904), cuyo objetivo propende a mejorar la situación salarial de los rionegrinos que forman parte del Sector Público Provincial, reivindicando y reconociendo así un derecho del Empleado Público, a partir del pago de la antigüedad transcurrida en su relación laboral.
Lo propio se hace respecto al Plan para una Fruticultura Sustentable, que tiene por objetivo reforzar la importancia de la política frutícola provincial, asegurando que se contribuya a potenciar al sector, fortalecer a los actores y elevar el nivel de empleo, generando el financiamiento necesario para su concreción, por lo cual se requiere el tratamiento de la Declaración de Interés del Plan para una Fruticultura Sustentable.
También, se hace mención a los restantes proyectos, aprobados en primera vuelta por la Honorable Legislatura, los cuales en atención a su importancia y trascendencia, corresponde asimismo y en esta instancia, su tratamiento legislativo.
Por tal motivo, “en virtud de encontrarse la Legislatura de la Provincia, fuera de su periodo de sesiones ordinarias, y teniendo en consideración la relevancia y trascendencia que detentan los proyectos de Ley, corresponde la convocatoria extraordinaria a fin del tratamiento de los mismos”, indica el decreto firmado por el gobernador Alberto Weretilneck.
Se elevó a Legislatura el proyecto de ley para implementar el Plan para una Fruticultura Sustentable
por otra parte el Poder Ejecutivo Provincial envió a la Legislatura el Proyecto de Ley con Acuerdo General de Ministros para implementar el «Plan para una Fruticultura Sustentable».
El mismo apunta a lograr una mayor competitividad de esta actividad económica en la Provincia, al tiempo que crea un fondo específico de financiamiento.
El objetivo es la implementación de una política de Estado que asegure su continuidad en el tiempo, instrumentando políticas activas para que los actores del sector, especialmente los pequeños y medianos, puedan continuar en la actividad realizando las transformaciones necesarias para alcanzar la sustentabilidad económica, social y ambiental.
En el proyecto rubricado por el gobernador Alberto Weretilneck, se destaca que la ley propuesta incorpora como política permanente del estado rionegrino el plan frutícola “Propuestas para una Fruticultura Sustentable”, surgido del intercambio de ideas y el debate que a lo largo de los años se han venido sucediendo entre los diversos sectores económicos, académicos, gremiales y de las entidades representativas del sector.
“El plan marca una política estructural, que fija objetivos de corto, mediano y largo plazo. Esto cambiará de raíz las acciones de política económica que se enfocaron tradicionalmente en resolver situaciones apremiantes sin una mirada en los problemas estructurales que determinaban tales coyunturas”, se remarca en los fundamentos de la iniciativa.
Entre los objetivos de este proyecto se destaca la necesidad de fortalecer las capacidades regionales en busca de una fruticultura competitiva con equidad social. Se busca además abastecer el mercado nacional e internacional en condiciones de competitividad; así como asegurar la calidad de la producción y sostener los programas sanitarios.
Asimismo, se proyecta además un creciente ingreso para la región, el que deberá atender en su distribución a la necesidad de preservar al pequeño y mediano productor, complementado esto con avances en el plano productivo y comercial que permitan su inserción en la economía regional como actor protagónico de la actividad.
La ley propuesta busca generar un ambiente de competitividad sistémica mediante la interacción de los diversos actores, que asegure el avance tecnológico, productivo y comercial, con crecimiento de inversiones y actualización de prácticas comerciales que permitan incrementar los volúmenes comercializados y mejorar los retornos obtenidos .
Uno de los objetivos principales es sostener una amplia base de productores, con claro y definido avance hacia una mayor transparencia en su relación con las empresas líderes, preservando la tradicional estructura social que acompaño la historia de los pequeños productores. Las prácticas asociativas, en sus diversas modalidades, contribuirán a alcanzar este objetivo y a lograr una producción sustentable en términos económicos, sociales y ambientales.
Se apunta asimismo a asociar la capacidad del complejo frutícola como generador de empleos con el trabajo calificado y salarios dignos; así como a la incorporación de un creciente valor agregado nacional y regional mediante la integración de las cadenas de valor en insumos y derivados, la mejora de la infraestructura y un sistema institucional de transferencia de conocimiento y experiencias productivas.
Fondo especial de financiamiento
El proyecto de ley elevado hoy a la Legislatura prevé la creación del “Fondo para el Financiamiento del Plan para una Fruticultura Sustentable”.
El mismo estará compuesto por el 100% del Impuesto sobre los Ingresos Brutos recaudado asignado a la actividad frutícola, deducida la coparticipación municipal respectiva.
Otro componente serán los bienes y recursos que le asigne el Estado Provincial que resulten de la coparticipación nacional, deducida la coparticipación municipal respectiva.
Se les sumarán otros aportes que realice el Estado Provincial; los aportes que a los fines del presente realicen los organismos nacionales o internacionales de créditos; aportes de fondos fiduciarios; los flujos de Fondos resultantes de las cobranzas y de su eventual “revolving”; y los aportes con destino especial realizados por el Gobierno Nacional para el sector frutícola.
Otra fuente de financiamiento serán los aportes provenientes del cobro de un canon por tonelada de fruta egresada por la barrera fito-zoo-sanitaria, cuya tarifa se fijará anualmente por la autoridad de aplicación, el que tendrá por exclusivo destino únicamente programas fitosanitarios.
La norma incluye a las personas de existencia visible o ideal que realicen efectivas inversiones, contribuciones, mejoras y toda otra actividad relacionada con la producción, conservación, empaque, acondicionamiento industrialización y comercialización en la actividad frutícola de la Provincia.
Cabe remarcar que la autoridad de aplicación del régimen establecido por la presente ley, será el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca a través de la Secretaría de Fruticultura.
Asimismo, los fondos que se integren al “Fondo para el Financiamiento del Plan para una Fruticultura Sustentable” serán transferidos al “Fondo Fiduciario para el Fortalecimiento de la Productividad Rionegrina”, administrado por Río Negro Fiduciaria S.A.
Una política de Estado
La ley propuesta por el gobernador Alberto Weretilneck se fundamenta en la necesidad de otorgar al Plan Frutícola una mayor fortaleza, brindándole el lugar que debe ocupar en el ámbito público rionegrino, transformándolo en una política de estado que asegure su continuidad, dado que toda transformación productiva implica contar con una política estable y permanente, que brinde certeza clara a los actores de la persistencia del esfuerzo público – privado en alcanzar los objetivos propuestos.
En este contexto, la norma propuesta brindará un marco legal que reforzará la importancia de la política frutícola provincial, asegurando que las políticas que contribuyan a potenciar al sector, fortalecer a los actores y elevar el nivel de empleo cuenten con el financiamiento necesario, de modo tal que objetivos y políticas no se transformen en meras expresiones de deseos.
La misma es una respuesta ante la necesidad de instrumentar acciones que permitan la actualización constante y permanente de la actividad, al mismo tiempo que se alcancen objetivos de equidad social, en especial el sostenimiento de los pequeños y medianos productores que en un ambiente cada vez más competitivo no suelen contar con los medios que le permitan una adaptación eficaz al nuevo entorno en el cual deben operar.
Los cambios que se han producido en el sector frutícola, tanto a nivel internacional como nacional y provincial, exigen que las políticas públicas atiendan tanto a la reconversión y adaptación de la economía frutícola provincial a este nuevo escenario, como también que se instrumenten políticas activas que permitan contar con las herramientas necesarias para que los actores del sector, especialmente los pequeños y medianos, puedan continuar en la actividad realizando las transformaciones necesarias para alcanzar la sustentabilidad económica, social y ambiental.
La norma propuesta incorpora como política permanente del estado rionegrino el plan frutícola “Propuestas para una Fruticultura Sustentable”, el cual surge del intercambio de ideas y el debate que a lo largo de los años se han venido sucediendo entre los diversos sectores económicos, académicos, gremiales y de las entidades representativas del sector.
El plan marca una política estructural, que fija objetivos de corto, mediano y largo plazo. Esto cambiará de raíz las acciones de política económica que se enfocaron tradicionalmente en resolver situaciones apremiantes sin una mirada en los problemas estructurales que determinaban tales coyunturas. A partir de poder contar con una acciones permanente enfocada en una visión sistémica de la problemática frutícola, se podrán atender coyunturas y situaciones particulares que frecuentemente vemos sucederse en el marco, y al mismo tiempo, que se ataquen los verdaderos problemas y desafíos que se deben enfrentar si se pretende que se produzca un cambio estructural que potencie la inversión, la producción, las exportaciones y el empleo, apuntando al objetivo de una estructura de productores que rescate la tradicional inserción del pequeño y mediano productor como actor relevante de la actividad.