Primera vuelta para el proyecto que condona deudas a productores de Río Colorado
Viedma.- La legislatura rionegrina aprobó en primera vuelta la iniciativa impulsada por los Bautista Mendioroz (UCR) y Jorge Ocampos (ARI) mediante la cual se faculta al Ejecutivo Provincial a condonar las deudas por servicio de riego y drenaje a todos aquellos productores cuyas tierras han sido afectadas por la elevación de las napas freáticas asociada a la salinización de las aguas del Valle Medio del río Colorado, como consecuencia de la construcción y operación del Dique Casa de Piedra.
El proyecto propone constituir, en el marco de la Comisión legislativa de Planificación Asuntos Económicos y Turismo, un Comité Especial integrado por un titular y un suplente de: el Departamento Provincial de Aguas, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Río Negro, el Municipio de Río Colorado y las organizaciones de productores locales legalmente reconocidas, para que evalúen en forma integral la situación planteada y definan el universo de productores alcanzados por la norma.
Explicaron Mendioroz y Ocampos que “una vez aprobada la ley, los productores beneficiados deberán ser declarados en estado de emergencia o desastre agropecuario por un lapso de 5 años en los términos previstos por la ley provincial E nº 1.857 y requerir su homologación nacional”.
Asimismo, el Departamento Provincial de Agua, articulando acciones con otros organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el COIRCO, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Secretaría de Medio Ambiente de Río Negro y las Universidades Nacionales de Río Negro y del Comahue, deberá constituir una comisión técnica asesora que proponga un Plan Estratégico de mediano y largo plazo tendiente a la remediación ambiental y la prospectiva productiva del área afectada por esta problemática.
“La represa Casa de Piedra fue creada para atenuar las crecidas, permitir el regadío en ambas márgenes y generar hidroelectricidad, todo en un marco de integración regional y preservación del recurso hídrico, sin embargo, la primera cuestión controversial de esta obra es que no se realizó un estudio de impacto ambiental que la sustentara . Ello motivó que una serie de consecuencias lógicas de una obra de tal magnitud no fueran tenidas en cuenta hasta que sus efectos fueran visibles”, mencionaron los legisladores.
Agregaron que “una de esas consecuencias, quizás la más grave, ya que afectó directamente a los productores de las diferentes áreas bajo riego aguas abajo de la represa, fue el cambio en la composición del agua. El agua del río antes de la obra traía en suspensión partículas de limo que permitían una autoimpermeabilización natural de los canales de riego. Con la construcción del dique, al embalsar el agua se facilitaba el proceso de sedimentación y aclaramiento del agua que acarreó como principal consecuencia la filtración de agua desde la red de canales de riego con tres consecuencias graves tales como aumento del nivel freático afectando irreversiblemente los cultivos por asfixia radicular, aumento del volumen de agua incorporado a la red de drenaje y el desarrollo de malezas acuáticas”.
«Las consecuencias de estos inconvenientes comenzaron a visualizarse en la década del ’90 en la zona de Río Colorado generándose estudios que confirmaron la situación e iniciándose reclamos por parte de la Cámara de Productores Agrícolas de Río Colorado y del Consorcio Salto Andersen de riego y drenaje. Numerosos estudios posteriores confirmaron el daño ambiental y productivo ocasionado a los productores sin haberse tomado por parte de los Estados nacional y provinciales involucrados medidas de fondo que atendieran la problemática expuesta por lo que se hace necesario definir medidas que atiendan esta cuestión», aseguraron.