Mendioroz: Proyecto ley hidrocarburos vulnera potestades provinciales a medida de empresas
Viedma.- El presidente del bloque del radicalismo, Bautista Mendioroz en concordancia con la posición adoptada a nivel nacional tanto por la UCR como por el FA-UNEN, manifestó su desacuerdo con el proyecto de ley de hidrocarburos que está tratándose en el Senado de la Nación en estos días.
El proyecto de ley nacional es malo dado que, entre otros aspectos, autoriza a las empresas a exportar hasta el 20% de la producción con libre disponibilidad de las reservas; otorga status legal a los beneficios concedidos en virtud del acuerdo YPF-Chevron del que no se conocen sus cláusulas secretas; limita el ingreso provincial por regalías y prohíbe otorgar nuevas áreas a empresas públicas o con participación estatal cualquiera sea su forma jurídica. En síntesis: una ley que quita federalismo, que está hecha a medida de las grandes empresas del sector y que nos retrotrae a la década del 90.
Le otorga virtualmente derechos casi a perpetuidad a las empresas dado que prevé concesiones a 25 años en explotaciones de hidrocarburos convencionales y 35 años en no convencionales con posibilidades de prórrogas por 10 años más, a lo que deben sumarse los plazos y prórrogas previstas inicialmente en exploración.
Por otra parte, enfatizó Mendioroz, la actividad debe visualizarse desde dos ejes: el central tiene que ver con la propia exploración y explotación del recurso; pero existe un segundo eje de enorme importancia para las provincias y municipios involucrados, y que la nueva legislación ni siquiera prevé, son los marcos regulatorios que contemplen previsibilidad a mediano y largo plazo a los proveedores locales de servicios y a la contratación de mano de obra municipal y provincial. ¿Dónde queda el «compre rionegrino» con esta legislación? se preguntó el presidente del Bloque del radicalismo.
La constitución provincial en su artículo 79 establece claramente que es el parlamento provincial el que debe aprobar los contratos petroleros de explotación de gas y petróleo. ¿Cómo pueden el gobierno nacional y el gobernador con su «acuerdo» soslayar la norma provincial ? se preguntó finalmente Bautista Mendioroz. A modo de respuesta dijo que es claramente el contexto político y económico actual y la visión cortoplacista la que les impide respetar la Constitución y la Ley, y los obliga continuar en este plano inclinado en cuanto a la constitucionalidad e institucionalidad de las acciones que emprenden en todo aquello vinculado a los recursos naturales y su explotación, donde lo normal es no debatir, o debatir poco, no transparentar y fomentar acuerdos secretos, resignando paralelamente competencias provinciales, para lo cual se les hace necesario silenciar lo relacionado con la actividad hidrocarburífera en los ámbitos parlamentarios locales.