La balsa de piedra ● Javier García Guerrero

La afirmación de que basta con cambiar a los que mandan para corregir el rumbo, es perversa generará falsas expectativas entre los que cultivan la modalidad del pensamiento mágico y con seguridad traerá nuevas frustraciones populares. La necesidad de creer estas simplezas se deben a que asistimos a una crisis en que muere lo viejo sin que pueda nacer lo nuevo.

El régimen K que firma más de 17 millones de cheques mensuales entre sueldos, planes sociales y jubilaciones, verifica que por fuera de esa clientela, los otros sectores que solía disciplinar con la chequera y el látigo muestran signos de independencia o rebeldía. La “caja” está menguada, la presión fiscal, económica y punitiva sobre los sectores “perdedores del modelo” tiene un límite que a tientas trata de explorar en tanto el poder los abandona para reformularse, obligandolos a abandonar hasta “el relato”. Dijo Hannah Arendt que “El poder sólo es realidad donde palabra y acto no se han separado, donde las palabras no están vacías y los hechos no son brutales, donde las palabras no se emplean para velar intenciones sino para descubrir realidades, y los actos no se usan para violar y destruir sino para establecer relaciones y crear nuevas realidades”

Durante la novela Cien años de soledad, los conservadores y los liberales libran una sangrienta guerra, después de muchas batallas, el Coronel Aureliano Buendía, jefe militar de los liberales, recibe a los representantes políticos de su propio partido, que han estado negociando la paz con el Gobierno conservador y que le traen una lista de demandas: “Pedían, en primer término, renunciar a la revisión de los títulos de propiedad de la tierra para recuperar el apoyo de los terratenientes liberales. Pedían, en segundo término, renunciar a la lucha contra la influencia clerical para obtener el respaldo del pueblo católico. Pedían, por último, renunciar a las aspiraciones de igualdad de derechos entre los hijos naturales y los legítimos para preservar la integridad de los hogares”. Cuando terminan de exponer los términos de su acuerdo, el coronel Aureliano Buendía sonríe y les responde: “Quiere decir que sólo estamos luchando por el poder”.

“La única diferencia actual entre liberales y conservadores es que los liberales van a misa de cinco y los conservadores van a misa de ocho”, dice el coronel Aureliano Buendía muchos años después de aquella primera reunión. Ésa es probablemente la sensación que tiene una buena parte de la sociedad argentina después de tres décadas de gobiernos alternativos del PJ y la UCR. No es cierto que uno y otro sean lo mismo, pero sí existen indicadores reales que avalan la idea de que los niveles de desigualdad, exclusión, libertades individuales, ha ido mejorando o empeorando en la Argentina al compás de la situación económica general, no del partido político en el gobierno. Y eso, junto con la corrupción, es lo que ha terminado por desencantar a muchos votantes ilusionados con el desarrollo sustentable y a la mayoría de los jóvenes: la creencia de que la acción política es irrelevante.

La aglutinación de una mayoría social en torno a un proyecto común superador se constituye con personas que no son siempre demasiado ilustrados, que disponen de una información manipulada o parcial, y tienen en muchos casos intereses personales contradictorios: unos ahorros que no quieren perder, una fe religiosa conservadora, unos minúsculos privilegios laborales, un sentimiento de patria xenófobo, etc. ¿Cómo se elabora ese nuevo pacto social mayoritario? ¿Se podrá luchar sólo por el poder, como decía el coronel Aureliano Buendía, o es necesario tener una estrategia racional y pragmática para cambiar las cosas? La protesta social es inherente a una sociedad democrática que aspira a la movilidad social para alcanzar la equidad. Los opositores que se enfrentan a los dirigentes millonarios que dicen defender a los pobres, deben resolver una paradoja: hacer desaparecer las alienaciones de la sociedad, a través de la participación popular y los votos de esos que define como alienados, sometidos o hechizados por los poderes dominantes. ¿Se podrá renovar o generar ese nuevo pacto o contrato sustentable amordazando, reprimiendo o marginando aún más a los “perdedores” de la década ganada, como intenta hacer la Ley Antiterrorista, los nuevos Códigos Civiles y Penales, la Ley de Abastecimientos, etc.? Mientras los derechos de otros no estén garantizados, los propios no serán derechos sino privilegios.

Los vagos anuncios de una “tercera vía” requieren superar la frívola convocatoria de conocidos desconocedores de la política para revelar los objetivos, estrategias conforme a los medios y la situación disponible que constituyen su oferta electoral. Las necesidades de la hora reactualizan el sabio consejo de Ortega y Gasset: “El verdadero revolucionario lo que tiene que hacer, es dejar de pronunciar vocablos retóricos y ponerse a estudiar economía”. Sin programas electorales reformistas y regeneradores que puedan suscribir las mayorías ciudadanas y se pueda transformar en un programa de gobierno confiable y previsible, será difícil salir del ensimismamiento de las fracciones y la atomización partidaria previa y posterior a los comicios.

Es difícil templar en el poder a los que por ambición simularon ser honrados. Para que no se pueda abusar del poder es preciso que el poder detenga al poder, que los controles de oposición legislados se cumplan del modo más amplio en todos los ámbitos y que exista condena social en lugar de tolerancia frente al enriquecimiento ilícito.

El aislamiento autoimpuesto impide advertir que los discursos propositivos atrasan y son la causa de nuestro retroceso comparativo en Latinoamérica. El Presidente del Perú Ollanta Humala ex Teniente Coronel con una carrera militar de más de veinte años, donde hizo un culto de la disciplina vertical, ha tenido como preocupación central fortalecer las instituciones. Consciente de la fragilidad de los avances sociales ha insistido en la necesidad de cimentarlos con amplios consensos. Los resultados económicos de su administración lideran el crecimiento en América Latina. Respecto de la seguridad interna ha desechado las soluciones expeditivas, afirmando que no constituye un asunto únicamente de orden público, contrariamente sostiene: “La inseguridad es un problema muy grave. Pero no podemos creer que la seguridad consista en un problema que se resuelve con poner un sheriff. Este es un problema estructural y en buena hora que hay un presidente militar que lo entiende, porque si no fuera militar no lo hubiera entendido, y creería que solamente que se trata de elevar penas, como muchos querían. Pena de muerte. Creen que así se resuelve el problema, creen que es solamente un tema de más policías. Es un problema de valores, de falta de oportunidad de los jóvenes. Lo que pasa es que acá todo lo relacionamos con policía. Entonces, hay un problema de seguridad, que vaya el ministro del Interior. Por eso yo digo en el Consejo de Ministros: Todos ustedes tienen que contribuir a la seguridad porque es injusto que, por un problema que debió haberlo resuelto un sector, el ministro del Interior tenga que ir al Congreso a explicar o a asumir el costo político”. Sobre el control de la corrupción al igual que Evo Morales, Mujica o Bachelet, Humala considera absolutamente imprescindible que los organismos de control estén en manos opositoras y que se sigan sus recomendaciones, juzgando con celeridad e independencia a los implicados. Sus respectivos pueblos se lo han reconocido en las urnas.

Los tiempos electorales que se aproximan, la renovación de los mandatos nacionales, provinciales, municipales, etc. son un aliciente para participar del debate sobre el marco común de convivencia que renovaremos, tomando ejemplo de nuestros hermanos latinoamericanos porque como afirmó acertadamente Hannah Arendt “Nadie puede ser feliz sin participar en la felicidad pública, nadie puede ser libre sin la experiencia de la libertad pública, y nadie, finalmente, puede ser feliz o libre sin implicarse y formar parte del poder político.”

Lic. Javier García Guerrero. Ex Auditor Principal de la Sindicatura General de la Presidencia de la Nación Argentina