Historia sin fin ● ADN

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Julieta Vinaya siente dolor e impotencia porque luego de un largo proceso judicial de seis años, no sabe quién o quienes mataron a su hijo Atahualpa Martínez, en la madrugada del 15 de junio del 2008. Carlos Morales Toledo, Felipe Carrasco y Belén Fernández Barrientos estuvieron más de dos años presos acusados sin que pudiera comprobarse autoría o participación en el crimen y resultaron absueltos por la Sala A de la Cámara Penal de Viedma, integrada por los jueces Juan Bernardi, Eduardo Roumec y Rolando Gaitán.

Una historia sin final y una madre, una familia y la sociedad viedmense sin respuesta por parte de la Justicia, donde el propio camarista Juan Bernardi reconoce que este código de procedimientos está agotado. Leer la sentencia implica comenzar a reconocer que hubo marcados errores en las actuaciones procesales y sobre esta documental –colmada de irregularidades-le tocó juzgar al tribunal.

¿Qué pasó con la investigación? La respuesta está en los dichos de los jueces que cuestionaron las debilidades, contradicciones y ambigüedades de muchas de las pruebas, también se valoró negativamente la actuación fiscal y el Tribunal puso de relieve que no se absolvió por la duda sino por la certeza de la inexistencia de pruebas en contra de los imputados. Se violaron principios constitucionales y penales como el de legalidad, de defensa en juicio, el debido proceso, presunción de inocencia e inviolabilidad de domicilio, entre otros. Entonces sobre qué argumentos el fiscal de Cámara Fabricio Brogna pidió condenas de entre 15 y 17 años a los acusados.

Mucho se ha criticado a los jueces del fuero penal y a la policía por la deficiente investigación en casos resonantes y de trascendencia pública y en esto no salva su responsabilidad la tarea del Ministerio Público Fiscal en tiempos de la actual miembro del Superior Tribunal de Justicia, Liliana Piccinini y los fiscales Marcelo Alvarez, hoy Fiscal General y la doctora Daniela Zágari, premiada como camarista Penal, entre otros. El fallo del caso “Atahualpa” ha mostrado la ineficaz tarea del Ministerio Público para investigar los casos en su ámbito natural donde los fiscales son dueños de la acción y de la investigación penal, fruto de la sanción de la Ley Nª 41999.

El Ministerio Público Fiscal no debe poner sólo énfasis en causas políticas y de impacto mediático contra delitos en la administración por parte de funcionarios públicos, en desmedro de causas por robos, crímenes y abusos de personas con resultados gravosos en materia de garantías, institucionalidad y justicia. No se debe perder el rumbo ni asignarse un rol de actor político a un espacio de la Justicia pensado y diseñado para hacer justicia en todos los casos donde hay conductas graves contra la sociedad.

Como resultado de este fenómeno los fiscales penales se fueron erigiendo sólo como los fiscalizadores de los procesos y decisiones de la administración pública, tomando distancia del papel esencial que la sociedad le ha asignado para proteger los bienes más preciados para las personas, a la vez que se fracasa en la investigación de casos de crímenes atroces y aberrantes.

Causas policiales de honda repercusión pública quedaron sin resolver. En Viedma el caso Atahualpa viene a sumarse al crimen de Marcelina Volpe de 76 años, Irma Casadei, de 79 años y el robo a la casa del Juez Carlos Reussi, entre otros, que se pierden en la burocracia de los cajones fiscales, junto a aquellos donde no hubo interés en investigar y se archivaron con una mera providencia de forma. Sería importante que se conocieran las estadísticas de las causas que hasta este momento nunca fueron mostradas públicamente.

Seguramente comienza una etapa de doloroso peregrinar de los familiares del joven asesinado buscando justicia reparadora por un nuevo crimen impune por errores gravísimos de los fiscales que debieron investigar estos hechos. Se abrirán nuevas instancias en otros ámbitos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el fuero civil en orden a una reparación económica por parte del Estado, situación que también le cabria a los ahora declarados absueltos y que fueran privados de su libertad por un crimen que no se probó que cometieron y con la absoluta certeza de parte de los jueces de la inexistencia de pruebas de alguna relación de los procesados con el hecho.

Que la Justicia se equivoque es un dato grave para el conjunto de los ciudadanos, que siente una preocupante desprotección que suma al clima de inseguridad que viven a diario.

Río Negro cuenta en su historia negra una serie de hechos que quedaron sin resolver, prescriptos e inconclusos con actuaciones policiales sospechosas y cuestionados procedimientos judiciales.
Imposible no hacer referencia al triple crimen de Cipolletti, que tuvo como víctimas a María Emilia González, Paula Micaela González y Verónica Villar, asesinadas el 9 de noviembre de 1977. Único acusado, Claudio Kielmasz y una sentencia que no dejó satisfechos a los familiares de las cipoleñas que aún guardan dudas y sospechas sobre el hecho.

El 12 de marzo de 1989, asesinaron en Río Colorado a Sergio Sorbellini y Raquel Laguna. La causa prescribió y las críticas de la sociedad riocoloradense recaen en la Justicia y la policía.

La lista sigue con el triple asesinato en el laboratorio de análisis clínicos “Lacyb”, ubicado en el centro de Cipolletti, donde mataron a la bioquímica Mónica García, a la psicóloga Carmen Marcovecchio y a la paciente Alejandra Carabajades, mientras que Ketty Karabatic de Bilbao, salvó su vida luego de recibir múltiples heridas. Durante la investigación fue detenido David Sandoval, que fue dejado libre por beneficio de la duda.

El 23 de octubre del 2006 se denunció en Fernández Oro la desaparición de Otoño Uriarte, que se investigó bajo la carátula de “averiguación de antecedentes” durante cinco meses hasta que apareció muerta en abril del 2007 en Cipolletti. Nada se supo y en la oportunidad la familia Uriarte pidió al STJ la remoción de la jueza María García García.

También cabe mencionar el caso de Daniel Solano, un jornalero norteño que llegó a trabajar al Valle Medio y desapareció en Choele Choel el 5 de noviembre del 2011. Fueron imputados 22 policías rionegrinos.

Muchos casos donde la Justicia de Río Negro está en deuda y en todos hubo compromisos de las autoridades provinciales de colaborar para resolverlos e incluso se formaron comisiones legislativas de investigación. Todo fue en vano y en todos los hechos hay fallas recurrentes en la recolección de pruebas, sobre todo en las primeras horas, falta de elementos periciales, errores en las líneas investigativas de los fiscales, complicidades y procedimientos que sólo aportan dudas.

Incluso siempre hubo inocentes detenidos que luego alcanzaron la libertad sin que nadie repare daños morales ni materiales. Y la memoria también nos remite a los policías Héctor Zorio y Antonio Mandagaray, presos por la muerte de su camarada policía Juan Carlos Moreira Pedrozo, que murió ahogado en el espigón de Playa Bonita, el 28 de noviembre de 1993. Resultaron inocentes y la acusación fiscal fue de Juan Ramón Peralta. Los dos acusados liberados luego iniciaron una causa por daño y perjuicio a la Provincia de Río Negro. Pedrozo había investigado la muerte de Fredy Pazos ocurrida el 13 de agosto de 1993, en Viedma, donde resultaron culpables los policías Richard Galván y Pablo Morales.

Ahora la Legislatura debate la reforma del Código de Procedimiento Penal, en el seno de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Tania Lastra. Una legisladora osada e irreverente, idónea y neófita en la materia, que desafió a abogados y juristas de contar con la sabiduría necesaria como para comandar desde el parlamento la reforma penal.

Donde coloca la sociedad la responsabilidad de quienes tuvieron a su cargo la investigación de estos hechos. Leer el fallo de la Sala A de la Cámara Penal de Viedma, pone luz a tanta oscuridad y en consecuencia tienen que actuar los ámbitos judiciales y parlamentarios para corregir y sancionar estas falencias en los procedimientos penales, e incluso el Consejo de la Magistratura podría actuar de oficio a instancia del presidente del Superior Tribunal de Justicia.

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