Redeterminación de precios de obras: hay dos vistas de la Fiscalía de Estado
Viedma (ADN).- La Fiscalía de Estado redactó dos vistas en el marco del trámite del proyecto del decreto para determinar el mecanismo de redeterminación de precios de las obras públicas, diseñado por Obras Públicas en acuerdo con las constructoras y con el gremio Uocra. La primera vista está firmada por Milton Dumrauf, secretario general y plantea observaciones que se pueden corregir con una nueva redacción. A los pocos días fue el propio fiscal, Pablo Bergonzi, quien firmó una segunda vista, mucho más crítica y donde plantea la necesidad de la intervención legislativa.
Bergonzi firmó su desaprobación técnica y plantea que debe ser la Legislatura la que deba aprobar una norma para implementar la actualización de costos en forma retroactiva, para eso habría apelado al artículo Nº 499 del Código Civil que dice que “No hay obligación sin causa, es decir, sin que sea derivada de uno de los hechos, o de uno de los actos lícitos o ilícitos, de las relaciones de familia, o de las relaciones civiles”.
Habrá que analizar los cambios se están planteando en este proyecto de decreto de redeterminación de precios, porque el anterior Nº 791 modificado por el Nº 1251, fue avalado en el 2013, por la Fiscalía de Estado, cuyo titular era también en ese entonces Bergonzi.
Además, en medio de estas idas y vueltas del proyecto de decreto, están llegando noticias desde Chubut que pueden haber influido en Río Negro y que informan que se concretó una denuncia penal por presunta administración infiel y administración fraudulenta contra el gobernador y fiscal de Estado de esa provincia.
Con la firma de todos los diputados del bloque Chubut Somos Todos (Das Neves), se concretó en la Fiscalía de Rawson una denuncia penal contra el gobernador Martín Buzzi, su ex ministro coordinador Miguel Castro, y el fiscal de Estado Miguel Montoya.
El diario “El Chubut” publicó que también la demanda recae contra el fiscal de Estado por supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público. La demanda surge por el decreto del Ejecutivo del 25 de abril de este año, que modificó aquel del 2002 relacionado con el régimen de redeterminación de precios para la obra pública, con el que se buscó tener en cuenta la variación en el valor de los insumos (materiales, equipos intervinientes y hasta mano de obra).
Este nuevo decreto chubutense modificó la fórmula polinómica de actualización de precios haciéndolo retroactivo a dos años. Fueron empresarios de la construcción quienes alertaron de esta situación a Mario Das Neves y «esto fue puesto a estudio de nuestros asesores y comprobaron que era una transferencia de recursos muy importante al sector privado, y por eso derivó en esta denuncia», afirmó el diputado nacional massista (ADN).