Locademia ● Javier García Guerrero

La inseguridad le costó a América Latina, la región “más desigual y más violenta” en el mundo, más de 330 millones de años de vida/año y tener “la percepción más baja de seguridad a nivel mundial” (PNUD).

Fruto de la involución institucional, las tasas de homicidios que se redujeron en otras regiones aumentaron en la nuestra, hasta superar los 100.000 homicidios por año y un total de más de un millón durante la última década, reduciendo la “expectativa de vida” general en ocho meses. Sin esa mortalidad el PBI conjunto de la región hubiera aumentado un 0,5%, unos u$s 24.500 millones anuales, permitiendo sacar de la indigencia a muchos millones de personas.

Globalmente los gobiernos de los países centrales ya gastan 75 veces más en contener la violencia que en la ayuda total combinada exterior para el desarrollo. No es una mera coincidencia que entre los países con mayor gasto relacionado con la violencia expresado como proporción del PIB, figuren algunos de los más pobres del mundo como Corea del Norte, Siria, Liberia, Afganistán, Libia, etc. ¿Podría este dinero destinarse a inversiones con miras a reducir o prevenir el conflicto? Seguramente aunque una política semejante afectaría de lleno al complejo industrial armamentístico de los mismos, que sólo en USA les aporta casi el 10% del PBI.

Denominamos comúnmente inseguridad al efecto de la violencia social sobre los ciudadanos, cotidianamente difundida y dramáticamente definida por los inseguros entendidos como aquellos que estaban o se sentían seguros y ya no lo están. La evolución de la Argentina hasta alcanzar el segundo lugar como consumidor de América y tercer exportador mundial de cocaína, no es ajena al crecimiento de la violencia a través de variados mecanismos de multiplicación que caracterizan la consolidación del Narcoestado. Cálculos independientes muestran que las actividades ilegales mueven actualmente más dinero en la Argentina que el conjunto de las actividades lícitas. Este posicionamiento del crimen organizado no podría haberse alcanzado ni consolidado, sin la activa participación de un sistema político que reemplazó los incentivos a la producción por los retornos de la Obra Pública, el Juego y las lacras conexas a sus enclaves, la exportación de trabajo esclavo de las saladitas, el lavado de dinero, las autopartes de los desarmaderos, el contrabando de combustibles, cereales, etc. Un sistema político que patrocina, garantiza y favorece el desarrollo de actividades iícitas, utilizando a las fuerzas de seguridad como organismo de recaudación y resguardo de sus circuitos operativos y financieros.

Los nuevos actores sociales ofrecidos alternativa y sucesivamente a los marginados son variados pero se articulan con una lógica de poder consistente, los “barras bravas”, “saqueadores”, “okupas de terrenos” “soldaditos” “dealers” “militantes del empleo público” “testaferros y palos blancos” “motochorros” “pirañas, arrebatadores, punguistas” “prostitutos” “alcahuetes y proxenetas” “usureros” “perejiles”, “buches” “quinieleros”“piratas del asfalto””patotas sindicales”, etc. se han consagrado como personajes cotidianos de reparto sometidos a actores principales que permanecen ocultos capitalizando los beneficios excedentes, que perpetúan al sistema y mantienen esa caterva como fuerza de choque y reclutamiento para imponer el miedo de todos que nos conduce al “lado oscuro”. Esto no exculpa a los que delinquen de las responsabilidades propias de su participación, solo explica la dinámica que los/nos afecta.

Esa violencia social es la expresión más visible, más urgente, del fracaso del país organizado durante los últimos 40 años, y que no encontrará solución con variantes como la policía municipal o las “cámaras del gran hermano”. Paliativos gatopardistas que nunca mostraron los lugares donde se venden las drogas o viven los narcos protegidos. Espejismos dentro de un modelo donde millones de habitantes organizan sus estrategias de supervivencia y progreso sobre el ejercicio de la violencia sistemática y generalizada.

Con un tejido social perforado, Río Negro también se acomoda en su involución. Los indicadores de marginalidad social, sanitaria, educativa son concluyentes e incompatibles con las periódicas convocatorias gubernamentales a apartarnos de la ley sobre la base de falsas opciones de enfrentamientos entre pobres. A los peores porcentajes patagónicos de mortalidad infantil, materna, sida, etc. el escenario laboral agrega un desempleo juvenil que dobla al promedio general superando el 30%. El panorama educativo rionegrino es desolador, sólo el 31% de los alumnos que empiezan el primer grado terminan la secundaria. En las escuelas rurales, los que se gradúan sin haber repetido son apenas el 11% mientras el 70% abandona por completo. El abandono escolar promedio durante el Ciclo Básico de la Secundaria en Río Negro se ubica en el 4º lugar de la Argentina, con una tasa que representaba 3,5 veces el porcentaje de Chubut. En este contexto la represión salvaje y el aumento de control social solo facilita el reclutamiento de los marginales y su alineamiento con las alas corruptas del sistema.

El esquema general no ha logrado evitar la dinámica de la guerra interna entre fracciones policiales con la participación de las fuerzas exoneradas que proveen de impunidad y «contactos» a las distintas organizaciones delictivas que se encuentran enlazadas en una cadena de fusiones y traiciones, permanentemente redefinida de acuerdo a los intereses creados, el dominio territorial y a la recaudación encomendada.

En esta provincia inmersa en la placidez de la patología, recicladora de la “mano de obra desocupada” de la dictadura, cuanta más policía crea, mas inseguridad padece. La tasa de Feminicidio supera en el 50% la desbocada media nacional que crece a una tasa del 15% anual. Las fuerzas de seguridad triplican la media provincial de agresiones a mujeres que sigue aumentando mientras los responsables manifiestan su solidaridad y preocupación sin hacer nada efectivo para remediarlo. La tasa de Abuso Infantil, que ha mostrado en San Antonio Oeste su máxima expresión de la historia penal argentina, protagonizada por un grupo de depravados liderado por el notorio dirigente de la Corriente Cívica-ARI y periodista Marcelo Morelli. El citado partido político con representación nacional a cargo de la Senadora Magdalena Odarda ha brindado una renovada muestra del vigor de los vínculos del sistema con sus efectores que alimenta su corporación declarando su más amplia solidaridad con el procesado con prisión preventiva desestimando los testimonios de las más de 35 víctimas menores de edad que forman parte según su comunicado de una denunciada “persecución política”. Estos hechos vinculados con el turismo sexual y la prostitución infantil se desarrollaron durante veinte años y constituían un “secreto a voces” en la localidad sin que se interviniera para no afectar los poderosos intereses en juego. El denso manto de silencio sobre el tema, con la destacable excepción de la Defensora del Pueblo, abarca a toda la dirigencia, a la mayoría del periodismo local y las organizaciones intermedias, conocedoras de los intrincados espacios de poder y dinero donde se anuda la protección y cobertura de estas actividades delictivas tan lucrativas como repugnantes.

Ni el Feminicidio ni el abuso, ni el abigeato, ni el avance de las adicciones son problemas de inseguridad. Los máximos responsables de la seguridad declaman que mejorarán la vigilancia de los comercios de la Calle Buenos Aires, prometen que “pronto iremos caminando por la calle 10 del Barrio Lavalle” o que nunca más se llevarán un plasma entre los 4 boulevares, para tapar el sol con el pulgar.

En Viedma se encuentran más de la mitad de los efectivos policiales provinciales, en su mayoría designados en cargos “administrativos”, con “adicionales” y asignaciones funcionales cuestionables, con mecanismos de evaluación y promoción opacos, con “castigos” disciplinarios que tienen como máxima expresión el “traslado” para consolidar el “código de silencio” imperante. Los que desempeñan tareas operativas se ven limitados en sus funciones a defenderse con “hondas gomeras” y “palos de escoba” como ocurrió durante las revueltas de Bariloche. Mientras se destinan fondos e ingentes recursos para tareas de inteligencia sobre los sectores dirigentes y periodísticos, la ciudadanía verifica la inacción sobre los lugares donde impunemente se comercializan las drogas, los barrios liberados donde “no se aventuran” los efectivos policiales, los taxis, ni las ambulancias, los prostíbulos, los desarmaderos, la ostentación de dinero mal habido de los delincuentes y sus cómplices, etc. debiendo asumir que forman parte del paisaje y que son afortunados por no haber sido víctimas de los atracos violentos o los “avisos mafiosos” cada vez más frecuentes.

La creciente gravedad de la situación profundiza el ombligismo del “Don Pirulero” al que juega la dirigencia para no involucrarse en las soluciones, ignorando las reiteradas denuncias de los familiares de las víctimas, de los dirigentes gremiales, los representantes de organizaciones intermedias, de derechos humanos, de los obispos, de los funcionarios judiciales, periodistas, etc. etc. que demandan que se evolucione desde el octavo lugar que ostenta Río Negro en el ranking nacional de torturas, los 11 suicidios de jóvenes en comisarías los pasados 6 años, gatillo fácil y todo tipo de abusos policiales, bajo sucesivas administraciones. Si la solución fuera aumentar el número de efectivos armados por metro cuadrado, Irán o Afganistán serían los países más seguros del mundo. En Río Negro se verifica que el aumento del número de efectivos y de móviles policiales no logra disminuir la tasa de crecimiento del número de delitos violentos y de la “sensación” de inseguridad.

El Ejecutivo persiste en burlar las leyes laborales y los derechos humanos generando un régimen especial bajo dirección policial de las penitenciarías designando en la dirección de Unidades personajes apartados por sus responsabilidades en apremios ilegales y venta de la comida de los presos. El sistema carcelario provincial cuantitativa y cualitativamente bate records de fugas “pactadas” en taxi, con muletas, silla de ruedas, grupales, individuales, etc. etc. mientras la Defensora del Pueblo afirma que el consumo de drogas en el interior de los penales “se ha descontrolado” y las docentes de los presos hacen huelga para reclamar atención médica a los internos afectados por epidemias de tuberculosis y de sarna. La diaria rutina de las cárceles sigue en manos de mafias internas y guardias cómplices. La comisión contra la tortura denuncia tardíamente la persistencia de prácticas “aberrantes” en comisarías y penales sin poder revertirlas. El 60% de los detenidos lo está sin proceso y sin condena triplicando los similares guarismos chilenos. El 70% de los reclusos son personas que están privadas de su libertad preventivamente, hacinados con el 30% restante, que sí cuentan con una sentencia condenatoria firme, el 80% son reincidentes. ¿Qué pretendemos como sociedad? ¿Llevar personas al infierno y que del infierno salgan ángeles?”. La existencia nominal del Instituto de Asistencia a Presos y Liberados tiene nula efectividad.

Los sucesivos encargados de la seguridad de nuestra provincia bajo distintos formatos organizativos, han reiterado los anuncios sobre la confección de un mapa de seguridad basado en la frecuencia y localización de los hechos delictivos que permanece inacabado o en secreto aún para las autoridades municipales o legislativas. Mayor relevancia tiene confeccionar “mapas de riesgo” institucionales estableciendo las entidades y dependencias con mayor grado de vulnerabilidad para incurrir en fraude, abuso de facultades por acción u omisión y suministro de información privilegiada o posibilidades de apropiación de “rentas ilícitas” mafiosas.

La propuesta de “meter bala a la delincuencia” ya se había manifestado como inútil cuando hace 20 años lo enunció Ruckauf para fundamentar sus frustradas ambiciones presidenciales. Los linchamientos, la policía brava pueden resultar necesarias para los «negocios» asociados a la política, pero implican cabalgar un tigre del que alguna vez habrá que bajarse para enfrentar su propia ambición de poder, como nos enseña la historia. La pretensión de reinstalar la ley del Talión previa al Código de Hammurabi, nos conducirá al “Ojo por ojo, hasta que todos terminemos ciegos”.

Lic. Javier García Guerrero. Ex Presidente de la Comisión de Presupuesto y Administración del Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Martín.