SPP: ATE protestará en los penales contra el decreto del Ejecutivo

Viedma.- Los trabajadores penitenciarios afiliados a la Asociación ‎Trabajadores del Estado (ATE) resolvieron, en distintas asambleas, la realización de una Jornada Provincial de Protesta en algunos establecimientos penales de la provincia el día jueves 12 de junio.

El reclamo se centraliza en la ilegalidad del Decreto del Poder Ejecutivo 3/14 de ‎fecha 4 de junio. El referido decreto, que tiene carácter legislativo, persigue por finalidad modificar aspectos organizativos de la Ley Provincial 4.283. Es que desde el Gobierno Provincial se pretende formalizar la baja de una importante cantidad de derechos laborales de los trabajadores civiles penitenciarios y además instrumentar la prohibición ‎de afiliación gremial a cualquier entidad.

Por otro lado, desde el sindicato se hace un llamado a todos los legisladores provinciales para que se abstengan de votar esta propuesta normativa, por ser claramente inconstitucional y afectar notoriamente derechos adquiridos.

«Hemos decidido dar inicio a un plan de lucha a partir de este intento ilegal del Poder Ejecutivo provincial que busca quitar todos sus derechos a los trabajadores penitenciarios. No sabemos para qué se busca prorrogar por un año más el estado de emergencia en las cárceles, si no ha servicio para producir un sólo avance ‎en el sistema penitenciario», reclamó el Secretario General de ATE Río Negro, Rodolfo Aguiar.

«Un Estado provincial no puede legislar en materia del derecho del trabajo. Esta es una competencia reservada al Estado Federal. Además, uno de los principios esenciales del derecho es la progresividad. Un Estado no puede prohibir, en materia laboral, lo que ya autorizó con anterioridad», argumentó Aguiar y manifestó: «Pedimos a todos los diputados provinciales que no avalen en la Legislatura una norma ilegal. Deben responder ante la comunidad, quienes a sabiendas, voten leyes inconstitucionales».

«Vamos a ir profundizando las medidas si no tenemos respuestas. Este decreto implica un retroceso de 20 años en las políticas penitenciarias y de seguridad en la provincia», recalcó el dirigente gremial.