Procesamiento de Boudou: la opinión de los funcionarios rionegrinos
Bariloche.- La justicia federal procesó al vicepresidente de la Nación por cometer presuntos hechos de corrupción. Boudou está acusado de comprar, a través de testaferros, la empresa Ciccone Calcográfica, encargada de imprimir los billetes de Argentina. Los funcionarios del oficialismo y de la oposición de Río Negro fueron consultados por B2000 y opinan sobre la decisión que el vicepresidente debería tomar tras el pronunciamiento judicial.
Tras dos años de sospechas y de acusaciones, el vicepresidente de la Nación Amado Boudou fue procesado en la causa Ciccone, en la que se lo acusa de haber comprado la empresa Compañía de Valores Sudamericana (ex Ciccone) a través de su testaferro, el abogado Alejandro Vandenbroele, en colaboración con otro de sus socios, José María Núñez Carmona.
La empresa calcográfica, que fue expropiada en agosto de 2012 por el Gobierno Nacional, es la única empresa de Argentina encargada de imprimir billetes y documentos de gran importancia para el país.
Al momento de -supuestamente- comprar la empresa, Amado Boudou era ministro de Economía de la Nación del primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y fue procesado este viernes por el juez federal Ariel Lijo como autor de los delitos de cohecho pasivo en concurso ideal con negociaciones incompatibles.
El fallo judicial desató una gran polémica en relación a la decisión que debiera tomar el Gobierno Nacional respecto a la función pública actual de Amado Boudou. Algunos sectores políticos opositores sugirieron al vicepresidente que presente su renuncia, y el oficialismo optó por el hermetismo en la información. Los medios nacionales señalan que la presidente Cristina Fernández de Kirchner no pediría la renuncia de su compañero de fórmula.
Pero, ¿qué opinan los políticos rionegrinos sobre el fallo y sobre la decisión que debiera tomar el vicepresidente?
B2000 realizó un informe sobre las opiniones de dos senadoras nacionales, dos legisladores de la provincia, y el presidente de la Liga de Intendentes del FpV de Río Negro. Este medio intentó comunicarse con la intendente María Eugenia Martini, para conocer su postura al respecto pero no fue posible.
La senadora nacional Silvina García Larraburu (FpV) decidió reservar su opinión al respecto, e informó que este martes el bloque de senadores tendrá una reunión para decidir cuál es la postura del partido. «Prefiero dejar que la justicia haga su trabajo y no emitir ninguna opinión prematura al respecto. yo en esto confío en la Justicia, hay que respetar el procedimiento que se está dando en la causa y esperar los resultados» dijo.
La senadora además dijo que la renuncia o no de Amado Boudou, «es una decisión que tiene que tomar la presidente».
Similar fue la respuesta de su compañera, la legisladora provincial Arabela Carreras (FpV) que de igual manera optó por mantenerse al margen de la situación del vicepresidente. «En primer lugar, los temas que están en la Justicia deben estar en la Justicia y no es opinable, y en segundo lugar, los renunciamientos son una evaluación bastante personal, y el mero procesamiento no alcanza como causal de renuncia porque como toda la Legislación está construida sobre la base de la inocencia hasta que se demuestre lo contrario, no alcanza» sostuvo.
La funcionaria barilochense además remarcó que la decisión de la renuncia por parte del vicepresidente, «depende del criterio personal de quien toma esa decisión, él no está obligado legalmente a renunciar pero después están los criterios políticos, que hacen que una persona decida dar un paso al costado o no por una evaluación más global, como la opinión pública, la presión en la Cámara o la presión sobre el Gobierno» dijo.
Por su parte, el legislador Bautista Mendióroz, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical en la Legislatura provincial, manifestó que su postura es la misma que la del senador nacional Ernesto Sanz, presidente del partido a nivel nacional. «Me parece que sin dudas la gran responsablidad en esta cuestión es de la presidente de la Nación porque es la que lo nombró ministro, la que lo hizo vicepresidente y la que lo ha sostenido hasta ahora a pesar de la opinión de importantes referentes del mismo oficialismo que callan en el Gabinete y que le plantean a la presidente que (Boudou) debería dar un paso al costado».
La senadora nacional Magdalena Odarda (Alianza Frente Progresista) brindó una respuesta más contundente en nombre del partido y dijo que «la opinión nuestra es que debería tomar licencia o renunciar al cargo, sobre todo después del procesamiento que ya se ha dictado en la causa, por una cuestión de defensa de las instituciones» dijo, y agregó que «a nuestro criterio, quien debe dar explicaciones y hacerse responsable en el marco político, es la presidente de la Nación».
Al igual que el FpV, los miembros del interbloque FAP-ARI también mantendrán una reunión este martes o miércoles para pronunciar su postura respecto a la decisión judicial que involucra al vicepresidente.
Por último, B2000 conoció la opinión del presidente de la Liga de Intendentes del FpV de Río Negro, y actual intendente de General Roca, Martín Soria, que consignó que «desde el punto de vista jurídico-penal, un procesamiento es un estadio procesal en una investigación penal. Seguramente vendrán las etapas de las apelaciones, el juez tendrá que seguir instruyendo en la causa, la Cámara deberá resolver esas apelaciones. Me parece que falta muchísimo para llegar a una condena firme de un Tribunal Oral» expresó.
El hijo del ex gobernador Carlos Soria comparó la situación judicial del vicepresidente Amado Boudou con los siete ex funcionarios radicales procesados en la causa que inestiga los sobresueldos de la gestión provincial anterior. «La única manera en que un funcionario público puede ver afectado su cargo o permanencia es a través de una condena firme, por eso, por ejemplo, lamentablemente en Río Negro, los ministros de Miguel Saiz (ex gobernador), que cobraban además de su sueldo, cien mil pesos extras, todos esos personajes están procesados, sin embargo la gran mayoría de ellos siguen siendo legisladores» dijo, y concluyó que «no es que porque un funcionario púbico esté procesado, aunque sea vicepresidente, quiere decir que sea técnicamente culpable» manifestó. Por último, el intendente destacó que «esta situación judicial es inédita en la historia política reciente de nuestro país».