Ocampos calificó el acuerdo con Petrobras como «un cheque en blanco»

Viedma.- El legislador de la CC-ARI Jorge Ocampos, señaló que el acuerdo de negociación en torno a la concesión de las áreas Jaguel de los Machos 25 de Mayo – Medanitos y río Neuquén- plantea más dudas que certezas.

En realidad hay una sola certeza, que es un bono fijo al estado provincial de 92.800.000 dólares en distintos elementos y equipamientos para salud, educación, seguridad, infraestructura general, acción social, etc; de los cuales, el 80% se deberá integrar en los próximos 18 meses. O sea, dentro del plazo de gestión que le queda al actual gobierno de Alberto Weretilneck y en plena campaña electoral.

En cuanto a las dudas, ellas son más que significativas. Una tiene que ver con la tarea de remediación o saneamiento ambiental, con arreglo a lo que le indique la Secretaría de Medio Ambiente Provincial, con la salvedad que viene incumpliendo en estos planes en la actual concesión. Hecho que determinó oportunamente una acción de amparo.

Para el gobierno, no viene cumpliendo hasta ahora pero en el futuro lo hará. En otra parte del contrato se señala que la concesionaria Petrobras hará sus mejores esfuerzos para entregar el aporte estipulado en el lapso de hasta 18 meses a partir de la aprobación del acuerdo. Habrá que presuponer cuáles serán los mejores esfuerzos de la empresa para entregar el dinero en el momento que el gobernador lo necesite.

Cabe señalar que la falta de pago en término de los compromisos asumidos va a importar una mora automática de la concesionaria con un interés igual a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina. Esa tasa no solo es menor a la inflación sino que es menor a la que paga cualquier vecino de la provincia por la mora en el pago de sus alquileres. Cabe acotar que la tasa del BNA es del 1.39 % mensual que acumulado en 12 meses da 17 % anual. ¿Quién no querría un crédito en esas condiciones?.

Con respecto al compre rionegrino que estipula el contrato, la obligación que se le exige a la concesionaria es más que diluida. Esto porque se dice en el contrato que sólo debe comprar o realizar los gastos dentro de comercios o industrias dentro de la provincia o con mano de obra local, “cuando existan condiciones equivalentes de capacidad, responsabilidad, calidad y precio”, siendo el único parámetro objetivo el precio, ya que los demás van a depender de la subjetividad de Petrobras. O sea que, podría contratar maquinaria de Brasil o empresas de servicio de otras provincias o países si entiende que estas empresas son de mejor calidad o tienen mayor responsabilidad de cobertura o financiera y operativa.

Lo mismo puede ocurrir con los obreros especializados con lo cual la provincia tampoco se asegura tener los beneficios económicos que pareciera traer. Así queda especificado cuando se expresa en el propio contrato que “no obstante, cuando la especificidad y/o con las características de las tareas a realizar no resulte posible la contratación de mano de obra, proveedores y empresas de servicio locales, la concesionaria quedará liberada de esta obligación, previa acreditación fehaciente de tal circunstancia por ante la autoridad de aplicación”.

En lo que respecta al medio ambiente, la provincia pone fin a los litigios por la remediación ambiental que mantiene con Petrobras, y esta se obliga a elaborar planes de remediación por 24.799.602 millones de pesos. Lo claro es que ya hubo litigios por falta de remediación en la concesión anterior y no resulta muy imperativo el contrato en estudio para obligar a la concesionaria a efectuar remediaciones futuras, sino que son más bien una expresión de deseo donde se compromete a cumplir con la legislación vigente en materia ambiental. La misma que antes con igual obligación, incumplió y todavía no remedió.

Hay que recordar que la transgresión de la normativa ambiental y producción de perjuicios al medioambiente, no siempre son pasibles de remediar y Petrobras ya tiene antecedentes de incumplimientos. Y más preocupante aun es que este contrato le permite avanzar en la perforación para exploración de no convencionales, claramente Fracking. Además se aceptan por parte de la provincia y la empresa que existe un pasivo ambiental a remediar, que el mismo corresponde al contrato anterior que hoy se pretende renegociar y que dicho proceso de remediación todavía no fue iniciado.
Cheque en blanco en la cuestión ambiental.

Hay que señalar que Petrobras no ha brindado solvencia suficiente para garantizar la indemnidad del medio ambiente rionegrino –agua, tierra y aire- y mediante este contrato se prorroga el compromiso que tenía asumido en el contrato original de que todo pasivo estuviera saneado en el 2013, y se lo lleva por acuerdo en la renegociación a iniciarse en el 2016. TENEMOS QUE TENER MAS QUE BUENA VOLUNTAD PARA CREER ESTO ¡SE LE VUELVE A DAR UN CHEQUE EN BLANCO COMO CON LA CUESTION AMBIENTAL, EN LA QUE YA DEMOSTRO INCUMPLIMIENTO!

También es preocupante que este contrato permite la exploración de no convencionales en violación a la ley 4.818 que sólo establece las bases y condiciones para renegociar la explotación de convencionales. Con lo cual en este contrato se incorpora ilegalmente a los no convencionales.

Por último y a pesar de que hay otras objeciones, cabe señalar que el contrato prevé que ante la falta de cumplimiento de las obligaciones por parte de Petrobras, se FACULTA A LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN, PREVIA INTIMACION, A LA APLICACIÓN DE MULTAS. ES DECIR PODRA IMPONERLE UNA MULTA O NO. PARECE INCREIBLE QUE LA IMPOSICION DE MULTAS ANTE INCUMPLIMIENTOS, SEA MERAMENTE FACULTATIVA Y NO OBLIGATORIA.

Como reflexión sobre este tema, vale recordar que toda norma de tipo legal debe ser imperativa. El código penal no dispone por ejemplo, que un juez está facultado de poner una pena a quien roba. Por el contrario debe imponer una pena a quien roba.
Consideraciones Generales:

Es pertinente aclarar que la renegociación, se plantea que comience a tener efectos después de mediados del presente año, cuando el vencimiento de las áreas a renegociar operará a partir del 2015.
Por la dinámica misma del negocio petrolero, se podría entender que 3 o 4 años antes del vencimiento de una concesión, tenga lugar una renegociación de los plazos, para fomentar las inversiones, que de otra manera decaerían naturalmente ante la incertidumbre del desarrollo económico del negocio.

Ahora bien dado que vencen las áreas concedidas a partir del próximo año y que una nueva licitación llevará un período menor de tiempo en realizarse, no se observa en este caso la necesidad para realizar esta renegociación.

Como negocio económico, bien podría llamarse una licitación de las áreas a fomentar la participación de nuevos actores –incluida YPF- y obtener mayores beneficios.

PRENSA LEGISLADOR JORGE OCAMPOS
BLOQUE PROVINCIAL CC/ARI