Contratos petroleros ● Roberto J. Vargas

Cómo he manifestado claramente ante varias requisitorias periodísticas, mi ánimo no es el de entorpecer el proceso de renovación de contratos con Petrobras iniciado por el gobierno, pero sí defender intereses de los rionegrinos, fundamentalmente de las generaciones más jóvenes a las que los mayores les debemos dejarle el mejor lugar posible para vivir.

Con mis compañeros del bloque de legisladores Eva Perón le hemos hecho notar a la Audiencia tres falencias que vemos en el proceso contractual.

Alejandro Marinao expresó sus dudas respecto del cumplimiento de las inversiones a las que se obliga la empresa brasileña hacia el futuro, fundamentalmente teniendo en cuenta que en el pasado esas inversiones no han sido satisfactorias.

Luis Esquivel expresó su preocupación por la deuda de 76 Millones de pesos que actualmente la empresa Petrobras tiene con el estado rionegrino y que se encuentra en litigio judicial.

Por mi parte consideré que la cuestión de remediación medioambiental no es menor a los intereses económicos detallados por mis compañeros.

Mis cuestionamientos al contrato se deben a que no existen informes de auditoría técnica emanados de la Secretaría de Medios Ambiente ni del DPA que, con los correspondientes relevamientos, muestreos y análisis actualizados, que determinen la real entidad y cuantificación de los pasivos ambientales existentes en las áreas y la pertinencia del programa de remediación convenido por las partes.

Esto ha motivado un proceso judicial de Amparo Medioambiental iniciado por la Fiscalía de Estado de Río Negro a fin que la empresa Petrobrás cumpla la normativa ambiental (Cámara de Apelaciones de Cipolletti, secretaria N º1 , expediente Nº 2336-SC-13).

Tampoco hay información sobre acuíferos, como establece el punto 4.1.6.1 del pliego de la ley 4818, ni se sabe nada del informe preliminar de auditoría que encargó EDHIPSA a la consultora ambiental EJM y que anticipa severas falencias.

De acuerdo la vista de Fiscalía Nº 01879-14, no se realizó el informe medio ambiental necesario (con los correspondientes relevos-muestreos- y análisis actualizados-) para conocer acabadamente el pasivo medio ambiental existente en las áreas concesionadas, y no alcanza con una simple declaración de conformidad prestada por la funcionaria responsable del área (Secretaria de Medio Ambiente).- Los actos administrativos deben estar FUNDADOS, y esta fundamentación exigida por la ley 2938, no se cumplimenta con una simple declaración de voluntad otorgada por una funcionaria.

En este contexto, donde existe una causa judicial iniciada por nuestra provincia, resulta fundamental que le aseguremos a nuestros representados, a todos los rionegrino, en base a los informes técnicos correspondientes que este acuerdo asegura el resguardo del medio ambiente.

Se pretende prorrogar una concesión hacia el futuro sin conocer cuáles han sido las consecuencias ambientales de la explotación que ha desarrollado la concesionaria en los años pasados, aceptando como pasivo ambiental lo que ELLOS declaran como pasivo ambiental, y aceptando un plan de remediación ambiental, que por supuesto, no sabemos si es o no el adecuado.

Conocer detalladamente el pasivo ambiental, es determinante para poder aprobar un auténtico y verdadero plan de saneamiento y como sabemos esta no es una cuestión menor, muy por el contrario, el cuidado del MEDIO AMBIENTE ES LA PRIMERA CONDICIÓN MARCO EXIGIDA POR LA LEY 4818.- (Artículo 2 de la ley mencionada) y a la cual, además, nos obliga la Constitución de la provincia de Río Negro en su artículo 84 y 85.

Título original: En el acuerdo de Río Negro con Petrobras, los beneficios del presente no pueden aceptarse a costa de perjuicios en el futuro.